El Juez del TCE que sustancia la causa contra los vocales del Cpccs cercanos al correísmo, delibera su decisión. Un fuego cruzado de argumentos, presentación de escritos, videos y audios, fue la tónica durante la jornada.
Hubo fuego cruzado. Previo a que el juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz, emita una resolución sobre una denuncia por presunta infracción electoral que se tramita en contra de cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) cercanos al correísmo, demandantes y demandados protagonizaron un encendido debate en medio de la audiencia de alegatos y pruebas.
La diligencia, desarrollada el 7 de agosto de 2024, se instaló cerca de las 10:30 y concluyó pasadas las 18:00.
Argumentos y descalificaciones, presentación de escritos, videos y audios, fue la tónica durante la jornada.
Los activistas Pamela Troya y Santiago Becdach, quienes el 26 de junio de 2024 ingresaron al TCE la querella, pidieron al juez la destitución de los consejeros Augusto Verduga, Yadira Saltos (principales); Eduardo Franco Loor y Vielka Párraga (suplentes), y se les retire los derechos políticos por cuatro años.
La consecuencia de una eventual destitución, en caso de que el TCE acepte la denuncia, evitaría la participación de los consejeros en las elecciones de 2025.
Candidatos promovidos por la Revolución Ciudadana
Becdach expuso ante el juez del TCE que, desde la promoción electoral (para la elección de los consejeros en febrero de 2023), se advirtió que los candidatos encasillados en la denominada “Liga Azul”, eran promovidos por el movimiento Revolución Ciudadana, y que incluso compartieron espacios con el expresidente Rafael Correa.
Señalaron, además, que los ahora vocales del Cpccs incurrieron en una infracción electoral muy grave por no cumplir con la normativa vigente.
Pamela Troya y Santiago Becdach se refirieron a que la Ley Orgánica del Cpccs y el Reglamento para la Promoción de Candidatos a Consejeros dispone que los candidatos a ocupar una vocalía en el Consejo de Participación no pueden pertenecer, ni ser auspiciados o promovidos por organizaciones políticas.
“Se supone que los candidatos al Cpccs deben partir de procesos ciudadanos sin ninguna vinculación política”, dijo Troya. Sin embargo, comentó, el movimiento Revolución Ciudadana, de manera “vil y descarada”, promovió a sus aspirantes al Cpccs, utilizando, incluso los colores del movimiento y usando frases como “Antes estábamos mejor”.
Los denunciantes agregaron que por estas mismas consideraciones, el TCE ya sentenció al expresidente del Cpccs, Alembert Vera, por infracción electoral grave, quien el 8 de mayo de 2024 fue sancionado con la pérdida de los derechos políticos por cuatro años.
Consideraron que esta denuncia se sustenta en dicha jurisprudencia, por lo que esperan que el TCE actúe en derecho destituyendo a estos funcionarios “tramposos” que entraron con argucias al Cpccs, valiéndose de un segmento electoral de la Revolución Ciudadana y poniendo en peligro los derechos de participación del resto de candidatos al Consejo, agregó Becdach.
Este activista espera que una sentencia favorable siente un precedente para las elecciones de nuevos vocales en 2027.
A su turno, los abogados de los imputados pidieron al juez archivar la denuncia por «maliciosa y temeraria».
Yadira Saltos, consejera del Cpccs, dijo estar «totalmente tranquila y convencida que los jueces del Contencioso Electoral actuarán en derecho”.
Asimismo, desestimó la acusación de que en campaña usaron los colores de la Revolución Ciudadana. «Esa no es una infracción electoral. Los colores son universales. Además, en el Reglamento del Cpccs no se prohíbe la utilización de un color determinado».
El Juez del TCE que sustancia la causa contra vocales, y que delibera su decisión, tras escuchar las pruebas de cargo y de descargo, es el mismo al que el asambleísta del correísmo Roberto Cuero le quiere enjuiciar por presunta vulneración de la independencia judicial, por haber intervenido en una causa, por vulnerar el principio de celeridad procesal, y por supuesta arrogación de funciones. (SC)