En Ecuador, la obligación es temporal (máximo dos años). En Colombia, Argentina, Uruguay y Bolivia, el impuesto es permanente.
En marzo 2022, empresas con patrimonio de $5 millones o más, y personas con patrimonio de $1 millón o más ($ 2 millones en sociedad conyugal) tendrán que pagar un impuesto temporal en Ecuador.
Según datos del Ministerio de Economía, 5.227 personas realizarán el pago por una sola vez durante el próximo año; mientras 1.931 compañías harán dos desembolsos tanto en 2022 como 2023.
Los principales gremios empresariales del país han denunciado que estos aportes temporales, sumadas a las obligaciones ya establecidas con el fisco, representarán el equivalente a pagar dos impuestos a la renta durante los próximos dos años
Los tributos sobre el patrimonio han sido seriamente cuestionados por su impacto sobre la reducción del inversión y el empleo a mediano y largo plazo. De acuerdo con un último estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), ese impacto es real cuando el impuesto es permanente, y no temporal.
Incluso, el organismo multilateral considera que puede ser un buen mecanismo para cubrir los costos adicionales en la lucha contra la pandemia. Siempre y cuando sean un cobro excepcional.
¿Qué otros países latinoamericanos cobran impuesto al patrimonio?
Además de Ecuador, el impuesto al patrimonio se cobra en Argentina, Colombia y Uruguay. La gran diferencia es que, en esas tres economías, el tributo es permanente, es decir, se cobra cada año.
Por ejemplo, en Argentina, el Estado obliga a que las personas con más de $33.394 de patrimonio bruto, es decir sin descontar deudas, paguen entre el 0,5% y 2,25% anual. En otras palabras, se grava directamente los activos, a excepción de fondos de pensiones, inmuebles rurales, depósitos de ahorro.
Por su parte, en Colombia, se debe pagar el 1% al año sobre el patrimonio neto (activos menos deudas) que exceda 1’520.002. Las únicas excepciones son viviendas familiares hasta un cierto límite, y el 50% de los valores sacados legalmente del país.
Asimismo, en Uruguay, se cobra entre 0,3% y el 1,5% anual sobre el patrimonio neto (activos menos deudas) que exceda $120.369. En este país, se excluyen los bienes en terrenos forestales, inmuebles agropecuarios, depósitos bancarios.
En Bolivia, se aprobó recientemente la Ley número 1357, que crea un
impuesto permanente a las llamadas «grandes fortunas». Se gravará a las personas naturales residentes respecto de su patrimonio mundial y a las no residentes respecto de su patrimonio en el país.
Se considera un tramo exento de 30 millones de bolivianos (unos $4,4 millones de dólares) y tres tasas marginales, del 1,4%, el 1,9% y el 2,4%. La más alta se aplica a los patrimonios superiores a 50 millones de bolivianos (unos $7,3 millones de dólares).
Un intento fallido de implementar un impuesto al patrimonio se dio en Chile. Un grupo de parlamentarios presentó un proyecto de reforma constitucional para ese tributo; pero el actual Gobierno de ese país logró un fallo favorable del Tribunal Constitucional para impedir esa iniciativa.
Gobierno ecuatoriano busca minimizar impacto del impuesto al patrimonio
Felipe Ribadeneira, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), ha recalcado en varias ocasiones que los Gobiernos de turno, desde 2016, ha echado mano de impuestos temporales para conseguir más recursos para gasto público.
En este contexto, el dirigente gremial aseguró que los tributos temporales se ha convertido en algo permanente, por lo que si desincentivan la inversión y la generación de empleo.
Desde el sector empresarial se propuso, durante el trámite de la reforma tributaria en la Asamblea, que los pagos que se hagan en 2022 y 2023 se puedan convertir en crédito tributario en 2025. En otras palabras, que se puedan descontar de impuestos futuros cuando la situación económica y fiscal se mejor.
Esa propuesta no estaría en el radar el Gobierno. Sin embargo, Francisco Briones, subsecretario general del gabinete de la presidencia de la República, afirmó que se está trabajando para minimizar el impacto de las contribuciones temporales.
Así, en el reglamento a la Ley de Desarrollo Económico (reforma tributaria), se está evaluando que se elimine a las tierras agrícolas productivas del cálculo del patrimonio neto. Actualmente, las únicas exclusiones son los inmuebles en bosques primarios y zonas de diversidad ecológica; y el valor de la primera vivienda y las tierras agrícolas improductivas, por un valor máximo de $200.000.
Por otra parte, también se busca evitar que haya doble pago de impuesto en el acaso los grupos empresariales. Es decir, que si se cobra a cada grupo, ya no se obligue a la contribución a las compañías que los conforman.
El impuesto temporal sobre las personas serán de entre 1% y 1,5% sobre el patrimonio durante 2022. En el caso de las empresas, se cobrará 0,8% sobre el patrimonio durante 2022 y 2023. (JS)
DATO.- Con el impuesto temporal al patrimonio, y los cambios en el pago del impuesto a la renta, se espera recaudar $1.900 millones de impuestos adicionales entre 2022 y 2023.
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