La compañía contratada para realizar trabajos en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote) cobró a Petroecuador un 290 % más por los insumos.
La Contraloría emitió dos resoluciones confirmando responsabilidades civiles por $4’754.386, para personal de Petroecuador que trabajó en la petrolera desde 2016 hasta 2021 y para la compañía contratada para cambiar el recubrimiento de la tubería del Sote.
Durante el examen especial, auditoría identificó una diferencia no justificada del 290 % entre los precios que constan en la declaración aduanera de importación de cintas de recubrimiento y pegamento adhesivo, y los costos de los suministros que la contratista ofertó a Petroecuador.
Esto ocasionó un perjuicio al Estado por $4’606.492, monto por el cual se emitió la responsabilidad civil.
Sin concurso ni especificaciones técnicas de los insumos
Las anomalías ocurrieron debido a que, durante la ejecución del contrato, Petroecuador aprobó que la contratista utilice insumos más baratos, de marca y procedencia distintas a las establecidas en las especificaciones técnicas.
Además, al elaborar el presupuesto referencial del proceso de régimen especial, no se respaldó documentalmente la metodología empleada para el cálculo de los precios de los materiales y en los términos de referencia no se precisaron las características técnicas de los insumos.
La segunda glosa, por $147.893, se confirmó por pagos injustificados.
Laresponsabilidad civil corresponde a la diferencia entre los desembolsos realizados por Petroecuador y los precios que el contratista pagó a sus proveedores por los rubros limpieza de tubería y cama de arena.
Esto ocurrió porque, previo a la aprobación de planillas, los fiscalizadores y administradores del contrato no verificaron las cantidades efectivamente ejecutadas de esos trabajos.
Las responsabilidades civiles solidarias se determinaron en contra de los administradores del contrato, fiscalizadores, miembros de la comisión técnica que recomendó la adjudicación y la empresa contratista.
La Contraloría recordó que «las personas naturales y jurídicas responsabilizadas tienen el derecho de interponer un recurso de revisión en sede administrativa, ante la Contraloría General del Estado, o en los tribunales de lo Contencioso Administrativo». (JS)