El Consejo de Administración Legislativa tiene tres denuncias en su contra. Dos para los siete miembros que la conforman y una contra su presidenta, Guadalupe Llori.
A Guadalupe Llori se le abren nuevos frentes. Luego de protegerse con las medidas cautelares impuestas contra la Asamblea Nacional, para evitar que se proponga desde el Pleno la conformación de una comisión ad hoc que evalúe su trabajo, recibe otro golpe, ahora desde su propio partido.
Son 13 asambleístas de Pachakutik los que se adhirieron a una demanda contra el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que incluye a Llori, por incumplimiento de funciones.
El mismo CAL debe atender la acusación. En una atropellada sesión, el 6 de marzo de 2022, el presidente alterno del Consejo, Virgilio Saquicela, decidió aplazar el debate para este lunes 11 de abril.
Parecería que Llori se va quedando sola al ser su propia bancada la que pide que sea evaluada y, posiblemente, destituida. Esto implicaría un cambio en las fuerzas políticas en el interior de la Asamblea, cuyo desenlace sería el cambio de las máximas autoridades.
Tres denuncias en dos horas
La nueva crisis para Llori se origina de las denuncias en contra del CAL. El 5 de marzo de 2022, en menos de dos horas, la Secretaría de la Asamblea Nacional recibió tres acusaciones contra el CAL.
Estas se presentaron a las 17:53, 19:07 y 19:09. Dos son en contra de los siete asambleístas que conforman el Consejo, por no hacer bien su trabajo, mientras una es exclusiva contra Guadalupe Llori en su calidad de presidenta del CAL.
El asambleísta Gruber Zambrano, independiente, fue el primero en entregar la solicitud de evaluación. En el documento se dice que la motivación fáctica fue la calificación tardía de proyectos de ley, irregularidades en la calificación de solicitudes de juicios políticos y no resolver las fechas del receso parlamentario.
Entre los asambleístas que apoyan esta denuncia están 13 legisladores de Pachakutik, incluido el presidente de la bancada, Rafael Lucero.
LA HORA habló con Lucero, quien sostuvo que su partido político nunca negó la opción de evaluar a ningún asambleísta. Lo que pedían, aseguró el jefe del bloque, es que se cumpla con el debido proceso, ingresando la denuncia a través de la Secretaría y que sea conocida por el CAL.
Como la denuncia es contra el propio CAL, Lucero afirmó que deben excusarse de tratar el tema y pasar la solicitud de evaluación directamente al Pleno que, con 70 votos, puede pedir la conformación de una comisión ad hoc, la cual tendrá entre 30 y 45 días para dar su veredicto y, posiblemente, pedir la destitución de los miembros del CAL.
Esta moción pasaría al Pleno que con 92 votos podría aprobar la destitución.
“Si falló el CAL, fallaron los siete integrantes, no solo la Presidenta”, aseguró Lucero.
A la pregunta de si este movimiento de denuncias sería peligroso para su partido por existir la posibilidad de perder la Presidencia de la Asamblea, Lucero no titubeó. Y respondió que “están dispuestos a hacer el sacrificio en nombre de la tranquilidad de la institución, que últimamente se ha desarrollado en el caos”.
En rueda de prensa, el día miércoles 6 de abril de 2022, luego de conocerse las denuncias, el asambleísta Ricardo Vanegas, de Pachakutik dijo que “está cantada la suerte de Llori”.
Salvador Quishpe también se pronunció. Dijo que esto no es traicionar a una compañera, pero que, si se encuentran errores, hay que pedir a los organismos de control que investiguen.
Lucero dijo que puede existir la posibilidad que este lunes 11 de abril no se instale la sesión del CAL y queden archivadas las demandas por haber superado el plazo establecido.
“En este caso, volveremos a ingresar la demanda” insistió el jefe de bancada.
Por otro lado, Mario Ruiz, del ala rebelde de Pachakutik, en conversación con LA HORA, calificó como “una medida desesperada” este nuevo giro de la otra parte del partido liderado por Lucero.
“A nosotros nos mandan al Comité de Ética porque supuestamente estamos contraviniendo con lo resuelto por el Consejo Político. Ahora vamos a ver qué les dicen a estos asambleístas que presentan la denuncia contra Guadalupe Llori”, enfatizó Ruiz
Las otras dos denuncias
Esteban Torres Cobo entregó una denuncia contra Guadalupe Llori, acusándola de haber incumplido la apelación a la presidencia hecha por Ronny Aleaga en la sesión 766 del 24 de febrero de 2022, en la que ella decidió suspender la sesión.
Además, la acusa de no reinstalar dicha sesión en el plazo de 30 días. Este documento fue firmado por toda la bancada del Partido Social Cristiano (PSC).
La tercera denuncia fue contra los siete miembros del CAL, presentada por cuatro asambleístas correístas de UNES: Fausto Jarrín, Luisa González, Blasco Remigio y Viviana Veloz.
Las motivaciones fueron la demora en la calificación de un proyecto de ley y por remitir un proyecto de ley a la Corte Constitucional sin antes haberlo debatido en el Pleno. (GVL)
Los asambleístas del ala rebelde de Pachakutik no firmaron ninguna de las tres denuncias.
¿Nuevas autoridades para la Asamblea?
El presidente de la bancada de Pachakutik, Rafael Lucero, explicó a LA HORA que si los miembros del CAL tienen una evaluación negativa y son destituidos, el Pleno tiene que volver a designar una nueva persona que presida la Asamblea, así como dos vicepresidentes y los cuatro vocales, que según el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa “serán elegidos de entre asambleístas pertenecientes a diferentes bancadas”.
Lucero asegura que, en caso de que se revoque a los integrantes del CAL, hasta que se elija un nuevo presidente de la Asamblea, sería el presidente de la Comisión de Justicia quien reemplazaría temporalmente a Llori.
Alejandro Jaramillo (Izquierda Democrática) es el actual presidente de la Comisión de Justicia.
Consejo de Administración Legislativo (CAL)
Funciones y errores
Dentro de las funciones del CAL está la de calificar los proyectos de ley presentados y establecer, de manera motivada, la prioridad de su tratamiento.
Según el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función Pública, para esto tiene un plazo de 60 días.
El CAL, en un proyecto de ley, se demoró en calificar 107 días. Y en otro, 100 días.