Trabajadores energéticos, colegios profesionales y académicos piden la derogatoria del decreto 95, que establece la nueva política petrolera.
Este 12 de agosto de 2021 se conformó la Llamada ‘Coordinadora por la defensa de los bienes públicos’. En ella participan trabajadores energéticos, colegios profesionales y representantes de la Academia.
La primera acción del grupo es pedir que el Gobierno derogue el decreto 95, el cual establece la nueva política petrolera. Además, pide que las autoridades abran un verdadero diálogo y que se transparenten las cifras del sector
David Almeida, Secretario General de la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep), aseguró que la política de privatización no es la solución de los problemas de ineficiencia y reducción de ingresos petroleros.
Según Almeida, esa política se ha venido desarrollando desde 2011, pero ha demostrado ser perjudicial para los intereses del Estado.
«Desde 2011 ya se comenzó a delegar la operación de campos petroleros a la iniciativa privada. La idea del presidente Lasso no es nueva», aseguró.
El perjuicio al Estado se demuestra, de acuerdo con las organizaciones participantes, en que en los últimos 10 años se ha reducido constantemente la renta petrolera; es decir, los ingresos que efectivamente llegan al Estado y al presupuesto.
Esa reducción sería consecuencia -a su juicio- de la ineficiencia de las compañías privadas más que de las operaciones de la petrolera estatal
«El campo Sacha, que es de operación 100% estatal, tiene una renta de $56,47 por barril. Eso es utilidad menos costos de producción. Al contrario, el campo Auca, entregado a privados desde 2015, tiene una renta de $26,63 por barril; es decir, 47% menos», acotó Almeida.
Fernando Reyes, vicepresidente del colegio de Ingenieros Petroleros, puntualizó que se ha venido privatizando la renta petrolera a través de contratos con privados que no son convenientes para el país.
Esos contratos, según Reyes, deben renegociarse, y transparentarse todas las cifras del sector antes de pensar en entregar más campos.
«El gobierno dice que se necesitan $16.000 millones en inversiones. Pero no es suficiente hablar de inversiones, sino también de rendimiento; es decir, del verdadero beneficio para el país», aseveró.
Asimismo, Reyes cuestionó que el Gobierno establezca una meta de subir la producción a 1 millón de barriles diarios, sin tener sustentos ni cifras claras sobre cómo se lo puede lograr.
Modelo de Ecopetrol no es la mejor opción
Almeida reconoció que la producción nacional ha caído más del 12%, pero recalcó que la reducción de las empresas privadas llega al 17%.
En este contexto, cuestionó que el Gobierno quiera posicionar que el modelo para mejorar Petroecuador sea emular a Ecopetrol de Colombia.
La empresa del vecino país se abrió a emitir acciones en bolsa; y gran parte de su propiedad ya es privada. Ese modelo se comenzó a delinear para Petroecuador desde finales de la administración de Lenín Moreno.
De acuerdo con los integrantes de la Coordinadora, Ecopetrol no es más eficiente y su producción ha caído más de 23%. Además, Almeida dijo que la renta petrolera acumulada, desde 2015 a 2021, es de $16.262 millones en Colombia; mientras en Ecuador se sumó $26,239 millones.
«No todo lo que se hace en el sector público está mal y no se debe ir de manera dogmática a la privatización; sino cumplir con la ley y la Constitución y darle todo el presupuesto necesario a Petroecuador», aseguró Almeida.
Andrés Romero, ingeniero en petróleos, advirtió que esa caída de producción es un promedio de los últimos 7 años; pero en 2021, por ejemplo, la producción estatal se redujo más de 6%; mientras las privadas 4%.
Desde la Antep se lamenta que desde mayo 2021 no hayan obtenido respuesta del presidente Lasso para dialogar sobre la política petrolera.
«Se envió una misiva al presidente Lasso para que se inicie un diálogo, pero hasta la fecha ni siquiera la han revisado; pero a las petroleras privadas ya estuvieron en Carondelet y se les pidió asesoría para elaborar los nuevos contratos», añadió Almeida.
Trabajadores eléctricos también cuestionan las privatizaciones
Gabriel García, Secretario de Comunicación del Comité de Empresa de la Eléctrica Quito, advirtió el riesgo que corre el sector eléctrico con el modelo privatizador planteado por el Gobierno Nacional.
“Con la monetización, concesión, delegación de la administración o cualquier otra figura que se pretenda utilizar para privatizar centrales hidroeléctricas, de transmisión e incluso empresas distribuidoras, el principal afectado será el consumidor final, que verá reflejada un alza en los valores de sus facturas eléctricas” agregó.
Según el dirigente, esas alzas ya se vivieron en países como Argentina y Chile; y no beneficiaron más que a las concesionarias privadas.
Los trabajadores del sector cuestionaron que hidroeléctricas como Sopladora, que a su criterio son rentables, se entreguen a cambio de liquidez de corto plazo para el Gobierno de turno. (JS)
DATO.- El presupuesto de Petroecuador se ha reducido 26% desde 2015
DATO.- Actualmente, solo el 15% de los ingresos petroleros llegan al Presupuesto General del Estado.
DATO.- La producción petrolera es de 482.710 barriles diarios, lo que representa 5% menos que en 2020
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