Solo 14% de los 1,4 millones de beneficiarios de bonos sociales pertenece al sector indígena.
Sin medidas estructurales que impacten directamente en las condiciones de vida de los sectores más pobres, las protestas violentas y la inestabilidad serán recurrentes cada dos o tres años.
Angela Tipan Llasag, economista y especialista en política social e integral, explicó que la afectación económica y social ha sido fuerte en todos los niveles durante los últimos años. Sobre todo en las familias que están por debajo de la línea de pobreza.
En este sentido, con mayor importancia desde la pandemia, el destino del gasto público debió ajustarse para evitar más empobrecimiento y descontento.
Así, según la experta, la apuesta debe ser mucho mayor en la lucha contra la desnutrición crónica infantil. A escala nacional, el porcentaje de ese tipo de desnutrición llega al 23,01%, pero la realidad es peor en los pueblos y nacionalidades: 40% en la población indígena, 21% en los montubios y 16% en los afroecuatorianos.
A inicios de 2022, el Gobierno aseguró que en toda la estrategia de desnutrición crónica infantil tendría un presupuesto de $330 millones para todo el año. Esto incluye los $12,5 millones para el bono de los 1.000 días.
Sin embargo, el gasto de $3.340 millones en subsidios a los combustibles, luego de la última rebaja de 15 centavos en la gasolina extra y diésel, es 10 veces mayor a dicha estrategia.
Esto, según Raúl Ordóñez, economista, es un real despropósito, porque está comprobado que de todo ese gasto en subsidios llega en menos del 10% a los sectores más pobres. Por el contrario, una mejor nutrición incrementa en más del 60% las posibilidades de un mejor desarrollo e ingresos a futuro de esos sectores.
De acuerdo con Tipan Llasag, $5 más invertidos en los niños menores de 5 años son más efectivos que cualquier otra medida.
“Si invierto esos mismos $5 cuando los guaguas tengan 10 años; así les dé desayuno escolar, el uniforme gratuito. No es lo mismo. Los guaguas ya perdieron esa capacidad cognitiva para poder aprender. Aunque exista el libre acceso a la universidad, no van a tener la capacidad de responder”, puntualizó.
La meta debe ser emular casos exitosos como el de Perú, donde se redujo en más del 10% la desnutrición crónica infantil. El Gobierno de Lasso se ha puesto como meta una caída del 6% hasta 2025.
La realidad de los bonos
Actualmente, 1,4 millones de ecuatorianos pobres reciben bonos sociales desde el Estado. Sin embargo, solo el 14% de esos beneficiarios son indígenas. Esto ocurre a pesar de que el porcentaje de pobreza en este sector llega al 52%; mientras la cifra a escala nacional no es mayor al 31,1%.
En este punto, si existe un gran trabajo por hacer para que las ayudas directas lleguen a los que más lo necesitan. Esto, en épocas de crisis y más luego de una pandemia, es una acción indispensable para evitar que escale el descontento a corto plazo.
Yohanna Carrillo, especialista en desarrollo económico, recalcó que incluso el mismo Fondo Monetario Internacional (FMI), y otros multilaterales, han alertado desde 2017 que la cobertura social en Ecuador es insuficiente; además ha estado abierto a que se aumente el gasto para mejorar esa situación.
“Los bonos deben estar atados a compromisos en salud y educación. Asimismo, también deben pensarse esquemas para que sirvan de aval para créditos populares a través de la banca pública. No solo basta con aumentar el monto que se entrega, sino sobre todo que llegue a los más pobres”, aseveró.
En la última etapa del Gobierno de Lenín Moreno, y en el primer año de Lasso, sí se mejoró la cobertura de las ayudas sociales, pero todavía hay mucho trabajo por hacer. (JS)
Cambios de ministros no resuelven los problemas
Ante los cuestionamientos de si la salida de Simón Cueva, ministro de Economía, solucionará los problemas del país, Angela Tipan Llasag, economista y especialista en política social e integral, explicó que no porque se necesita estabilidad.
“Necesitamos instituciones fuertes. Por ejemplo, en el Ministerio de Agricultura hemos tenido tres cambios. El sector público es muy complejo, no es la misma lógica del sector privado. El Gobierno en eso ha fallado. Antes que cambiar las cabezas, se debe fortalecer los equipos técnicos de los ministerios porque esos son los que perduran”, dijo.
Según José Xavier Orellana, asesor empresarial y exviceministro de Comercio exterior, uno de los principales problemas del sector público es que se dedica la mayor parte del tiempo a apagar incendios
“Tú te sientas en la silla y tienes 20.000 cosas que no se han hecho. Y tienes que tomar prioridades”, puntualizó.
Esto impide tomar decisiones de mediano y largo plazo. En este sentido, por ejemplo, será muy difícil solucionar los temas estructurales del país en los 90 días que se establecieron para cerrar las mesas de diálogo entre el Gobierno y el movimiento indígena.
El gasto en la lucha contra la desnutrición infantil es 10 veces menor al subsidio para los combustibles.