Personas entre 11 y 35 años han desaparecido en manos de las fuerzas del orden, según denuncias colocadas en Fiscalía. Esto sale a la luz en medio del caso de los cuatro menores que desaparecieron en Guayaquil.
¿Dónde están?, es la pregunta de los padres de los cuatro niños de Las Malvinas (Guayaquil) y de, al menos, otras cinco familias. Todos coinciden en que – en medio del conflicto armado interno– sus seres queridos desaparecieron en manos de miembros de las fuerzas del orden.
Las denuncias están en la Fiscalía. Fernando Bastidas, abogado del caso de los cuatro menores desaparecidos el 8 de diciembre de 2024, indica que hay nueve denuncias por desapariciones involuntarias y forzadas en manos de militares.
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El abogado y defensor de Derechos Humanos dijo –ante la Asamblea Nacional– que la desaparición forzada de los cuatro menores no es la única y dio una lista de nombres de quienes habrían sido interceptados en operativos militares y cuyo paradero es desconocido:
- Oswaldo Mauricio Morales Santana (23 años), del cantón El Empalme.
- Justin Elian Álvarez Chávez (17 años), Babahoyo
- Dave Robin Loor Roca (20 años), Ventanas. Inicialmente, su desaparición tenía carácter de involuntaria. Sin embargo, por un habeas corpus presentado por su madre, la figura pasó a desaparición forzada.
- Dalton Oswaldo Ruiz Tapia (35 años) el habeas corpus para cambiar a desaparición forzada se encuentra en proceso.
- Jairo Damián Tapia Álvarez (16 años), Babahoyo.
“Estos no son hechos aislados, son resultado de una política de seguridad que ha sido criticada por todas las instancias. Por la Corte Constitucional, que en todos sus dictámenes ha criticado la figura del conflicto armado interno”, dijo el jurista.
En julio de 2024, el Comité Contra la Tortura, de Naciones Unidas, mostró preocupación por el “incremento de graves violaciones a los derechos humanos” y las “políticas ineficientes para el combate a la inseguridad”.
Extralimitaciones y torturas en las cárceles por parte de los militares
‘Insight Crime’ un organismo internacional especializado en crimen organizado y población carcelaria recogió el testimonio de Nicolás, quien salió de la cárcel de Cotopaxi en mayo de 2024, pero quien recuerda cómo la militarización de cárceles llegó acompañada de abusos.
“Nos cogieron a todos y nos pusieron boca abajo, de rodillas. Nos pisaban los dedos con las botas, nos pisaban las espaldas, nos pisaban la cabeza, la nuca, mientras revisaban toda la celda y botaban todo lo que estaba ahí”, recuerda Nicolás, sobre el ingreso de las Fuerzas Armadas.
Los militares llegaron tras declararse el conflicto armado interno y descubrieron lo que otros Gobiernos ocultaban: celdas de lujo y extorsiones de cabecillas de bandas a otros presos.
Sin embargo, Ana María Salcedo, esposa de un preso dice que pasaron de “un tipo de abusos a otros”, pues si bien los cabecillas salieron de Cotopaxi “ahora son los militares quienes tienen malos tratos con los presos”. De hecho, desde enero – dice Salcedo– se cancelaron las actividades de recreación así como los talleres que son parte del procesos de rehabilitación de los reos”.
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Durante una visita a la cárcel de Cotopaxi, LA HORA constató que los presos tienen una hora de ejercicio guiado por los militares, en los patios. Sin embargo, los talleres y clases estaban suspendidos. Únicamente en el pabellón de mujeres había actividades como elaboración de batas y fundas de regalo.
Nicolás dijo a ‘Insight Crime’ que en una ocasión los militares hundieron su cabeza en un tanque de agua helada. “Los soldados les exigían información sobre depósitos de armas y drogas. Pero no se limitaron a interrogar a los miembros de las pandillas”, indica el organismo.
Bastidas destaca que hay 15 denuncias por ejecuciones extrajudiciales (muertes al margen de la ley) y 80 denuncias por tortura en cárceles, colocadas por el Comité de Derechos Humanos del Ecuador.
Uno de los casos más sonados sobre muertes extrajudiciales, en el marco del conflicto armado interno, es el de Javier Vega, un joven de 19 años, quien el 3 de febrero de 2024, salió a vender un cachorro y que – en medio de un operativo– fue confundido con un terrorista y murió tras recibir cuatro disparos por parte de militares.
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El hecho está en investigación, pues Vega no tiene antecedentes penales y su familia niega que pertenezca a alguna banda criminal. Entre los testigos está el primo de Vega, quien lo acompañaba ese día y fue herido.
La familia del joven universitario denunció por asesinato a dos cabos y un marino de la Infantería de Marina.
Este no es el primer hecho en el que se señala a las Fuerzas Armadas. El caso de la subteniente Aidita Ati también sacudió al país pues, si bien se descartó que se haya cometido un femicidio dentro de un fuerte militar, hay críticas sobre el procedimiento que tuvieron los miembros del Ejército al encontrar el cuerpo sin vida de la subteniente dentro de un cuartel en la Amazonía. (DLH)
“Cuando queremos investigar a las Fuerzas Armadas, nos dan un recibido y nos indican que esa información es reservada por el conflicto armado interno”, Fernando Bastidas, abogado y defensor de Derechos Humanos.