Nueva orden de prisión preventiva contra Pablo Celi

Juez de la Corte Nacional de Justicia, Adrián Rojas acogió los elementos presentados por fiscalía
El juez Adrián Rojas acogió la petición de la Fiscalía y dictó orden de prisión.

La instrucción fiscal durará 90 días. Este es un nuevo proceso en contra del excontralor, cuyo juicio en el caso Las Torres se ha dilatado.

El excontralor general del Estado, Pablo Celi, tiene formalmente desde ayer (28 de marzo de 2022) una nueva orden de prisión preventiva.

Wilson Toainga, fiscal subrogante, le formuló a él, a su hermano Esteban, a Pedro Saona, y a la persona jurídica empresa China Camc Engineering (CAMC) cargos por su presunta participación en el delito de cohecho.

En la audiencia de este lunes en la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Toainga expuso 18 elementos de convicción que harían presumir la participación de los procesados en el delito investigado.

Según la autoridad, entre 2018 y 2021, Celi, en su calidad de Contralor habría desvanecido la glosa de $2’645.008,32 a favor de la empresa CAMC mediante la resolución 17.121, de 26 de abril de 2019.

Esto se habría realizado a cambio del pago de $1’335.985, efectuado por la empresa. Este proceso habría sido facilitado por Esteban Celi  y Pedro Saona, quienes –una vez ejecutado el desvanecimiento de la glosa- a través de Legalcom LLC habrían cristalizado la entrega de la coima.

Beneficios económicos

“China CAMC Engineering habría entregado un beneficio económico indebido, a cambio de desvanecer la glosa en la Contraloría, valiéndose de personas cercanas a Pablo Celi quien tenía el poder para hacerlo”, expuso Wilson Toainga.

Asimismo, según la Fiscalía, para dar apariencia de legalidad a este beneficio económico “indebido”, el 22 de febrero de 2019 suscribieron un contrato entre Pedro Saona, gerente de la empresa Legalcom, y el representante de CAMC.

Sin embargo, Legalcom fue constituida en Estados Unidos el 28 de febrero de 2019, es decir, seis días después de la firma del contrato. (SC)

DATO En base a estos elementos presentados por Fiscalía, el juez Adrián Rojas prohibió además a CAMC enajenar bienes inmuebles por un monto de hasta 780 salarios básicos unificados.