Los problemas impiden acelerar los procesos que permitirían definir la situación de los internos y aliviar el hacinamiento que existe en las cárceles.
El defensor Público, Angel Torres Machuca, dijo este 30 de julio de 2021 que el sistema de rehabilitación social se encuentra afectado por 10 nudos críticos que no permiten procesos acelerados e inmediatos para las personas privadas de la libertad.
Los 10 nudos críticos fueron presentados ante la Comisión de Soberanía de la Asamblea Nacional que, desde julio, ha iniciado un proceso de recolección de información sobre las cárceles del país.
Los nudos críticos:
- El uso excesivo de la prisión preventiva ha causado que 11.583 personas sin sentencia estén actualmente en la cárcel.
- Existe demora en señalar fecha de audiencias para solicitud de beneficios penitenciarios.
- Hay subjetividad al momento de aplicar el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social.
- Demora en el procesamiento de copias de expedientes; a veces estos se encuentran en otras ciudades
- Déficit de defensores públicos y partidas de financiamiento. Al momento existen un déficit de 200 defensores a nivel nacional.
- Centralización del análisis del expediente, que es revisado solo en la ciudad de Quito.
- No existe herramientas tecnológicas de registro transparente y confiable de la información en el SNAI.
- Amnistía e indultos; la lista de requisitos para estos dos recursos son innecesarios, pues se los podría reducir y general un documento expedito.
- Competencia de otorgamiento de libertad; los jueces se resisten a conocer el caso cuando la sentencia de origen está en una provincia distinta.
- No existe presencia del Ministerio de Salud al interior de las cárceles, pese a que esta entidad es parte del Directorio Técnico encargado del sistema penitenciario.
Para dar respuesta a esta situación, el Defensor Público planteó la necesidad de descentralizar los procesos de análisis de los expedientes de las personas sentenciadas que buscan acceder a beneficios penitenciarios; permitir que todos los jueces de garantías penales del país conozcan estos casos y solicitar presencia permanente de médicos en las cárceles, entre otras.
Sobre la demora de los jueces para señalar audiencia, la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, dijo que el problema está en el retardo injustificado, que ya no es sancionado por el organismo.
Asegura que fue la Asamblea Nacional la que quitó al Consejo de la Judicatura la facultad de sancionar por retardo injustificado. Esto con las reformas realizadas en 2020 al Código de la Función Judicial. “Nos quitó (la opción de) sancionar las demoras en el proceso, la dilatación, las demoras en la sentencia – dijo Maldonado-. No tenemos ahora las herramientas para hacerlo”.
Actualmente con las reformas al Código de la Función Judicial, el retardo de los jueces se lo puede sancionar al final del proceso, no en el transcurso, como ocurría antes.
Maldonado también señaló que ahora existen 128 jueces de garantías constitucionales que pueden conocer estos casos. (MC)
Sin financiamiento para aplicar plan
Otro de los puntos críticos planteados en la Comisión fue la falta de financiamiento. El director del Consejo de la Judicatura, Mauricio Riofrío, señaló que esta entidad ya cuenta con un plan para la creación de unidades especializadas de garantías penitenciarias, pero que hasta el momento no tienen financiamiento.
Este plan responde al cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional emitida en marzo, tras la muerte de 81 personas privadas de la libertad, ocurrida en febrero por el enfrentamiento entre bandas delincuenciales.
TE PUEDE INTERESAR:
Conoce cuándo competirá la pesista Deisi Dajomes. Haz clic en ‘Salto alto a Tokio‘