La pandemia profundizó los problemas y volvió más vulnerables a las mujeres: menos trabajo, menos seguridad social, menos vivienda, menos inclusión financiera.
Antes de la pandemia, el 44,3% de las ecuatorianas eran completamente dependientes en temas económicos, es decir, no tenían ingresos propios para construir una vida de manera autónoma.
La crisis hizo que ese porcentaje subiera al 50%, es decir, cinco de cada diez mujeres ahora son completamente vulnerables y, en la mayoría de los casos, no rompen vínculos violentos de pareja porque no tienen medios para independizarse.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), de un total de 3’573.210 ecuatorianas en la Población Económicamente Activa (PEA), solo 912.238 tienen un empleo adecuado con un sueldo de al menos $400 al mes.
En otras palabras, casi el 75% subsiste con actividades informales y precarias, con ingresos promedio de menos de $260 mensuales.
Yolanda Ramírez, economista, explicó que ese porcentaje de mujeres, aunque tienen algún tipo de actividad, en la mayoría de los casos no ganan lo suficiente para sostener de manera adecuada un hogar de forma independiente.
“Esa realidad profundiza la brecha económica de género y provoca que más del 60% de las familias con una mujer como jefe de hogar estén en la pobreza”, acotó.
Esa brecha, según el Global Gender Gap Report, tomará al menos 260 años en cerrarse en un país tan desigual como el Ecuador.
Tres aristas de un mismo problema
De la mano de los bajos niveles de acceso al empleo de calidad, las mujeres enfrentan también bajos porcentajes de afiliación y cotización a la seguridad social. Concretamente el 35% en el comercio, el 45% en el sector de las manufacturas, el 26% en el turismo y el 24% en el sector del servicio doméstico.
Esta realidad provoca efectos nocivos en el presente y el futuro. Por un lado, tienen menos protección actual de salud, y deben destinar más del 70% de sus ingresos en caso de emergencias y compra de medicamentos por enfermedad.
Por otro lado, su vulnerabilidad se potencia al momento de la jubilación porque no han podido acumular ahorros ni tienen acceso a una pensión. Así, dos de cada cuatro se ven obligadas a seguir trabajando hasta sus últimos años de vida para asegurarse un medio de sobrevivencia.
Otra arista es que apenas el 16% de las mujeres jefas de hogar pueden tener una casa propia. El 75% de las mujeres que buscan un crédito para vivienda tienen ingresos de $600 al mes o menos. Sin embargo, el sistema les pone hasta 11 barreras y una pesada tramitología que les deja sin opciones formales de financiamiento.
El resultado es que las ecuatorianas son más propensas a caer en el chulco o las estafas financieras que ofrecen acceso fácil a recursos para financiar necesidades básicas o incluso para darle un empujón a pequeños emprendimientos.
Finalmente, la poca o nula autonomía económica de la mayoría de las mujeres, también se visualiza en el hecho de que solo el 43% de ellas acceden al sistema bancario, aunque sea para tener una cuenta de ahorros. En el caso de los hombres, ese porcentaje llega al 60%. (JS)
La situación es peor en el campo
En las zonas rurales apenas una de cada diez mujeres tiene ingresos suficientes para ser económicamente independientes. Además, los niveles de educación son más bajos: alrededor del 79% no tienen ningún tipo de instrucción o llegan hasta la primaria
Según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el 61.3% de mujeres rurales en el Ecuador se dedican a actividades agrícolas; seguido de un 15,2%, que están ocupadas en el comercio y un 8,1 % que realiza actividades manufactureras.
Sin embargo, solo una de cada cuatro tiene algún tipo de propiedad o patrimonio como un terreno o una casa.
Durante el primer golpe de la pandemia, el 48% de las mujeres perdieron el empleo que tenían. Solo el 14% tenía ahorros para paliar la crisis