Expresidente Moreno se defiende tras dictamen de la Corte Constitucional

El expresidente del Ecuador durante una de sus visitas a la Asamblea Nacional.

El expresidente Lenín Moreno dijo que pensó que los legisladores habían planificado la disponibilidad de recursos.

“Yo en mi cuenta de Twitter expliqué que había recibido esa propuesta de la Asamblea y la había tramitado favorablemente, porque tenía entendido que la Asamblea había hecho los estudios económicos necesarios, porque la ley dice que la Asamblea tiene la obligación de generar los recursos para poder cumplir”. Así lo dijo para un medio impreso este 14 de agosto de 2021.

Esto luego de que la Corte Constitucional (CC) declarara la constitucionalidad de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOIE) el pasado 12 de agosto, excepto las disposiciones que hacen referencia al régimen de jubilación especial de los docentes y el  aumento generalizado de remuneraciones de los maestros.

Estas dos disposiciones requieren un gasto público, por lo cual la Asamblea Nacional debía contar con los informes económicos que garanticen su implementación; y el expresidente Moreno debía vetar o aprobar la norma considerando estos elementos. Sin embargo, ninguno de los poderes habría considerado el monto económico que requería esta Ley.

Y así el expresidente Moreno lo reconoció el 10 de abril de 2021. Ese día, Moreno escribió un tuit informando que envío la LOIE al Registro Oficial para su publicación y señaló que los futuros candidatos presidenciales presupuestarán los recursos para implementar la Ley.  “Entiendo que las bancadas de los 2 candidatos presupuestaron los recursos para implementarla como manda la Constitución».

 

La Corte Constitucional en su resolución deploró que la Asamblea Nacional y el expresidente de la República, en el trámite de aprobación de la ley, hayan incumplido su deber de garantizar la sostenibilidad de la seguridad social.

“Señaló que dicha práctica política carece de seriedad, ya que promueve el desarrollo de los derechos sociales de la población solo de manera ilusoria, defraudando las aspiraciones legítimas de los docentes asegurado”, precisa la resolución.

Además, agregó que “la falta de seriedad institucional mostrada termina por mermar el progreso del Sistema Nacional Educativo y por frustrar aspiraciones legítimas de los docentes”.

La Corte Constitucional dio un plazo de 30 días  para que la actual Asamblea Nacional subsane las dos omisiones, con base en informes técnicos y estudios actuariales. Este plazo corre a partir de que el ente legislativo cuente con los informes. “Lo que deberá ocurrir dentro de los siguientes seis meses a la notificación de esta sentencia”.

La implementación del incremento del salario requiere $3.000 millones de ingresos permanentes, así lo había anunciado Mauricio Pozo, en ese entonces ministro de Economía y Finanzas. (MC)