Ministro de Energía aseguró que la auditoría internacional de balances se frustró por la mala fama de Petroecuador

El funcionario lamentó que la petrolera estatal se haya convertido en sinónimo de corrupción desde tiempos de Correa; pero dijo que para corregir esta realidad se ha establecido que todo proceso se haga por licitación, es decir, nada adjudicado a dedo.

Ante la pregunta de por qué se declaró desierto el concurso para que una de las 4 grandes auditoras internacionales revisara los balances de Petroecuador, el ministro de Energía, Fernando Santos Alvite, aseguró que la razón de fondo es la mala fama de corrupta que tiene la petrolera estatal

«Hay que reconocer que Petroecuador no tiene una buena reputación a nivel internacional. Para el Departamento de Justicia Americano es una compañía corrupta. Puede haber un acto de corrupción, pero no cien. Eso significa que hay complicidad  de la empresa con estos malos elementos. Entonces estas compañías internacionales, las 4 más grandes que se invitó, dijeron que mejor no nos metemos con Petroecuador», dijo el funcionario durante una entrevista en Ecuavisa.

Santos Alvite recalcó que lamentablemente hay que reconocer que desde el tiempo del expresidente Correa no hay semana donde no exista un acto de corrupción en Petroecuador.

«Lamentablemente no puedo garantizar que esos actos de corrupción no continúen actualmente. Yo estoy cinco semanas en el cargo y estas malas prácticas se vienen arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Pero si hemos puesto una regla: todo por licitación. Nada a dedo», puntualizó el ministro.

Esa regla es la que se está aplicando,  de acuerdo con Santos Alvite, en el caso de la controversia por la decisión del Gobierno ecuatoriano de no extender el contrato con la empresa Petrolia para la operación de los campos petroleros 16 y 67.

«En cumplimiento de esta regla le hemos dicho a la compañía Petrolia que no le vamos a extender el contrato, sino que se presente a una licitación internacional que vamos a lanzar «, afirmó.

El contrato termina el próximo 31 de diciembre de 2022, y luego de esa fecha, todos los activos por $2.000 millones pasarán a manos estatales durante tres o cuatro meses hasta que se lance el proceso internacional para tener un nuevo operador.

» No se puede dar a dedo activos por más de $2.000 millones a un grupo por más respetable que sea. Eso sería ilegal y antiético. Esos activos pasarán en tres semanas a manos del Estado y luego se realizará una licitación internacional para buscar la mejor oferta», añadió el funcionario.

Esos dos pozos actualmente tienen una producción de alrededor de 15.000 barriles y una utilidad de entre $250 millones y $300 millones al año.

La pretensión de Petrolia, amparada –según han dicho sus ejecutivos– en una cláusula del contrato, era de que se les amplíe y migre el contrato, pues aseguraban que una solicitud de este tipo se podía hacer en cualquier momento antes de que se revirtiera el contrato.

Ante la negativa del Gobierno nacional, esta empresa privada ha anunciado un proceso de arbitraje internacional para reclamar al Ecuador una indemnización de $260 millones

Al respecto, Santos Alvite dijo que esa medida «no tiene ni pies ni cabeza. Por ejemplo, si usted es el arrendatario de una vivienda, cuando se acaba el contrato no tiene obligación de renovarlo. Es una prerrogativa soberna del Estado extender un contrato. Si no se lo hace está dentro de la Ley».

Respecto a la auditoría de los balances de Petroecuador, que es parte de los compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro recalcó que el proceso no se ha descartado, sino que se buscará que una auditora nacional, o la filial de una de esas empresas en Ecuador, asuman ese trabajo lo más pronto posible.  (JS)

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