Entre esos contratos están involucrados algunos de los campos petroleros más grandes y rentables del país como Auca y Shushufindi.
En 2010, Rafael Correa vendió el cambio de la modalidad de contratos petroleros (de participación a prestación de servicios) como una forma para que el país se quedara con el 99% de los excedentes de cada barril extraído.
Sin embargo, lo que se impuso en realidad fueron tarifas fijas a las empresas, sin importar lo que invirtieran ni cuánto produjeran. Se eliminaron los incentivos y la producción de las empresas privadas cayó unos 20.000 barriles diarios, en promedio, durante los años del segundo boom petrolero.
Así, se perdieron más de $4.000 millones de ingresos, a lo que se sumaron demandas al Estado por los cambios forzados. A Occidental se tuvo que pagar $1,000 millones, a Perenco, $435 millones, a Petrobras, $217 millones, entre otros.
En este contexto, el ministro de Energía y Minas, Xavier Vera Grunauer, solicitó a la Contraloría General del Estado inicie un examen especial al contrato 02158 PAM EP 2015 relacionado con el Bloque 61 (Auca) suscrito el 1 de enero del 2016 y a todos los contratos de Servicios Específicos con Financiamiento, dentro del periodo del 1 de enero del 2010 hasta la presente fecha.
Adicionalmente, ha solicitado a la Procuraduría General del Estado efectúe el control de legalidad tanto al contrato de Auca y a cada uno de los contratos antes mencionados efectuados en los últimos doce años.
Estos pedidos del ministro se dan en medio de las últimas revelaciones que hacen visibles las disputas, los cálculos políticos y los negociados durante el Gobierno de Correa con respecto a los contratados firmados para la explotación del campo Shushufindi.
El pasado 25 de julio de 2022, el portal Primicias publicó un video, que data del 15 de julio del 2014, donde aparecen el exministro correista Rafael Poveda, junto con el ex gerente de Petroecuador, Pedro Merizalde, en una conversación con el ex director de la agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH), José Luis Cortázar.
A pesar de las alertas que ya se despertaban sobre la viabilidad y los reales beneficios de los acuerdo firmados; la decisión política del Gobierno de Correa fue continuar con todo e incluso esconder las evidencias de los malos negocios para el Estado.
Sobre el tema, el asambleísta Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y quien ha pedido a Fiscalía analizar el tema de los contratos, dijo que la decisión del ministro Vera sobre pedir auditorías es la correcta.
Asimismo, puntualizó que la modalidad contractual establecida por Correa no existe en la ley para operaciones de exploración y explotación. Y, finalmente, señaló que se establecieron tarifas descomunales y una curva base falsa para beneficiar a las compañías privadas.