La jueza Celma Espinosa concedió la acción constitucional de acceso a la información pública presentada por la organización Acción Jurídica Popular.
La mañana de hoy (1 de marzo), la jueza Celma Espinosa concedió la acción constitucional de acceso a la información pública presentada por la organización Acción Jurídica Popular.
Fueron tres los pedidos de la organización, entre los cuales consta hacer pública la lista de personas que han sido vacunadas desde el 21 de enero, a nivel nacional.
El Ministerio de Salud tendrá 15 días, desde la notificación física de la medida, para revelar los listados. La notificación todavía no se ha enviado, desde ahí correrán los días.
El viernes 26 de febrero, Acción Jurídica Popular también solicitó a la Fiscalía General del Estado que impida la salida del país del exministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, del país. Pero no se concedió, más tarde se conoció que Zevallos dejó el país y viajó a Estados Unidos.
Sin embargo, el organismo también ha solicitado abrir una investigación por presunto tráfico de influencias, pues sostienen que Zevallos benefició a familiares y amigos, de la vacunación. (AVV)
‘Proceso de vacunación debe ser público para evitar noticias falsas’
“El proceso de vacunación debe ser público para evitar que personas mal intencionadas circulen información falsa para crear incertidumbre. Lo ratifico: ni yo ni mi círculo familiar hemos recibido la vacuna”, escribió en su cuenta de Twitter, la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Esto, tras la circulación de una supuesta lista de beneficiarios de la vacunas contra la Covid-19, en la que constaría el nombre de Salazar y miembros de su familia.
El Gobierno desmintió la veracidad de la lista, pero tampoco ha entrado una real.
Ayer, durante su último día como ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos señaló que la lista es reservada. (AVV)