El diálogo sigue siendo una deuda pendiente del presidente Lasso. Organizaciones sociales anuncian radicalizar la protesta, si es que el Gobierno no se abre al diálogo.
El presidente Guillermo Lasso anunció que prevé reunirse con diversos sectores sociales la próxima semana; pero enfatizó que no cederá ante la amenaza.
Maestros y trabajadores se movilizaron a escala nacional este 11 de agosto de 2021. El objetivo fue exigir al Gobierno y a las entidades de justicia respuestas y celeridad en sus demandas sociales.
También, productores arroceros cerraron vías en Guayas en reclamo de un mayor precio oficial de la saca de su producto. Mientras que agricultores de Los Ríos bloquearon carreteras en demanda de la intervención estatal para fijar y controlar precios oficiales.
Para enfrentar estas jornadas de movilización nacional y anuncios de radicalización de medidas de hecho, dirigentes gremiales y organizaciones de derechos sostienen que el presidente Lasso debe abrir el diálogo para escuchar a los maestros y trabajadores.
Milton Luna, representante de la organización Contrato Social, señala que es necesario un Pacto Fiscal por la Educación, que permita garantizar el derecho a la educación y levantar una propuesta de financiamiento para la implementación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOIE).
Este Pacto conformado por el Ejecutivo, Legislativo y sociedad civil sería una respuesta concreta de diálogo para el sector educativo, enfatiza Luna.
Con él coincide José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que plantea que el Gobierno debe dar respuestas a las demandas sociales.
Señala que el presidente no ha cumplido con ser el ‘Gobierno del encuentro’, pues el 1 de julio, los sindicales solicitaron por escrito una reunión con el Primer Mandatario y este pedido no obtuvo respuesta y fue enviado al Ministerio de Trabajo, enfatiza Villavicencio.
Para el dirigente sindical, el Gobierno necesita escuchar y dialogar con todos los sectores laborales para crear un solo Código de Trabajo, debido a que la creación de otra ley paralela sobre derechos laborales permitirá que se sigan vulnerando los derechos de los trabajadores.
Su argumento se basa en la promulgación de varias leyes, aprobadas en la última década.
2011, Decreto 283: permitió la compra de renuncias voluntarias (obligatorias).
2015, Ley de Justicia Laboral: eliminó el 40% de las pensiones jubilares.
2015, Ley de Empleo Juvenil: quitó el 1% de cesantías a los trabajadores y eliminó el salario básico para las personas que realizan prácticas pre profesionales.
2020, Ley Humanitaria: generó que más de 1.200 millones de personas perdieran el empleo bajo el argumento de cierre por fuerza mayor. Hasta el momento, 11 de agosto de 2021, los despedidos no han podido cobrar los beneficios de ley.
2021, Ley de Oportunidades: permite la flexibilización laboral y se la está construyendo sin la participación de todos los sectores sociales. (MC)
Propuestas de los sindicatos
Frente a la promulgación de la normativa en materia laboral, las organizaciones sindicales plantean abrir el diálogo para la construcción de un código orgánico de trabajo que garantice los derechos laborales, tanto para los trabajadores como de las personas que se encuentran buscando trabajo.
El presidente Lasso ha dicho que las organizaciones sindicaleslas organizaciones sindicales del país representan a las minorías y no a todos los trabajadores. Villavicencio responde que el Gobierno debe dialogar con todos los sectores sociales.
La norma que regule al sector laboral debe garantizar el empleo para todas las personas con salario digno, con derecho a la contratación colectiva y con derecho a la seguridad social donde se establezcan horario y jornadas de trabajo con los beneficios de ley, dice el vicepresidente del FUT.
“Planteamos para la juventud, que pueda trabajar cuatro horas diarias y 80 horas al mes con la proporcionalidad de los beneficios que establecen la ley como el décimo tercero y cuarto”. Además, agrega que levantar el discurso de que “no hay peor precarización que no tener trabajo” puede violentar los derechos históricamente ganados, como la jornada de ocho horas.
Otras de las demandas sindicales son:
– Derogación de los tres decretos que liberan el precio del combustible. La organización plantea el congelamiento y mesas de trabajo que analicen si es viable o no la focalización.
– Seguridad social: Pago de la deuda del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Para ello, plantea que el Gobierno se pronuncie y cree un plan de pago a corto y largo plazo.
Pacto fiscal para la educación
La Corte Constitucional es el organismo encargado de resolver la demanda de inconstitucionalidad presentada a la LOIE.
En la reforma a esta norma vigente desde abril de 2021 se establece la remuneración de $1.000 para los docentes. Esta disposición ha generado preocupación y la demanda de inconstitucionalidad porque no se preveyó de dónde saldrán los recursos económicos.
Milton Luna, de Contrato Social, explica que fue responsabilidad de la Asamblea Nacional y del expresidente Lenin Moreno garantizar que la ley tenga un informe de financiamiento. Sin embargo, al no hacerlo plantea dos salidas para dar respuesta a este problema.
Primero, la Corte Constitucional debe devolver la reforma a la Asamblea Nacional para que se haga el estudio del financiamiento.
Segundo, impulsar un Pacto por la Educación que permita sostener lo aprobado en la reforma a la LOIE. Este Pacto será integrado por el Ejecutivo, Legislativo y sociedad civil para dar una respuesta concreta a los docentes. Esto mediante una mesa técnica de trabajo.
Para Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, el gremio de profesores ha buscado el diálogo y se formaron estas mesas de concertación, pero el Gobierno no acudió. Hace unos días el viceministro de Gobierno, Homero Casatanier, informó que no entablarán ningún plan de trabajo hasta tener la resolución de la Corte Constitucional.
La propuesta de la UNE para mantener lo aprobado en la norma es que el Estado ecuatoriano restituya el monto que redujo del presupuesto a la educación en 2020 y que se ponga ‘mano dura’ para el cobro de impuestos a los sectores empresariales.
Pero el salario no es lo único reformado en la LOIE. Luna asegura que la normativa garantiza el derecho a la educación; por ejemplo, la apertura de cerca de 6 mil escuelas comunitarias cerradas. En ese sentido señala que la decisión de la Corte Constitucional no debe afectar a otros articulados aprobados en la reforma.
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