Existen 130 formas de reducir el pago de impuestos. Eso provoca una pérdida de más del 5% en los ingresos fiscales.
Cada año, el Estado deja de recaudar alrededor de $5.581 millones como consecuencia de 130 deducciones y exenciones al pago del Impuesto del Valor Agregado (IVA) y el impuesto a la renta.
Esta realidad reduce en 42,3% lo que recibe la caja fiscal por las dos principales fuentes tributarias que tiene el país. En total, los dos impuestos representan las tres cuartas partes, o $75 de cada $100 dólares que se recaudan.
El Gobierno espera enviar la reforma tributaria hasta mediados de septiembre de 2021. Uno de los principales objetivos es reducir el nivel de deducciones y exenciones, sobre todo para que los que más ingresos tienen, aporten más.
El ministro de Economía, Simón Cueva, reconoció que para 2022 se proyecta que los ingresos por impuestos aumenten alrededor de $2.088 millones.
Una parte de ese aumento sería resultado de la reactivación económica y un mayor nivel de ventas en la economía. Sin embargo, otra parte se debe conseguir mediante medidas para que la sociedad ecuatoriana pague más al fisco.
IVA diferenciado
Una subida generalizada del IVA, como la establecida del 12% al 15% en el acuerdo original con el Fondo Monetario Internacional (FMI), no es -ni política ni socialmente- viable.
Por eso, Santiago García, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, explicó que el Gobierno podría optar por un esquema de IVA diferenciado.
En otras palabras, se podría subir la tasa para ciertos sectores y actividades; pero mantener la tarifa 0% para productos de primera necesidad (canasta básica), servicios educativos y otros fines de carácter social.
Según las estadísticas del Servicio de Rentas Internas (SRI), el 80% de la recaudación se concentra en siete actividades económicas: comercio al por mayor, industria, actividades financieras y de seguros, administración pública, información y comunicación, actividades profesionales, y explotación de minas y canteras.
En concreto, la propuesta sería que esas siete actividades paguen el 14%, a cambio que otras, como turismo y agricultura, tengan una tarifa reducida del 10%.
Así, se podría recaudar más de $720 millones adicionales cada año y por el pago menor en ciertos sectores el costo no superaría los $89 millones.
Reducción de exenciones de impuesto a la renta
Los 130 beneficios que establecen las normativas (como la Ley para Fomento Productivo, Atracción Inversiones Generación Empleo y el Régimen Tributario) permiten que, para los sectores de más altos ingresos sea sencillo aplicar exenciones y deducciones para pagar menos impuesto a la renta.
El resultado es que, en promedio, terminan pagando solo el 45% de lo que deberían. En total, el Estado deja de recaudar alrededor de $2.671 millones.
En teoría, los ecuatorianos que ganan más de $11.212 al año ($934 mensuales) deben pagar renta. Sin embargo, por la gran cantidad de vías para deducir gastos, la verdadera base imponible es de más de $15.000 anuales. La mayoría de los ecuatorianos que tiene un empleo adecuado no pagan este impuesto.
Además, esas deducciones favorecen más a los que tienen ingresos mayores a $3.000 mensuales.
Mayor actividad económica
En medio de este panorama, el Gobierno no podría reducir todas las exenciones, pero al menos una parte, con lo que se recaudaría $950 millones adicionales.
Así, entre modificaciones en el IVA y la renta, los ingresos tributarios subirían $1.500 millones en 2022. Los $507 millones restantes para llegar a la meta se generarían por una mayor actividad económica y mayor gestión de cobro.
Los incrementos en la recaudación podrían ser mayores cada año, si de la mano la economía crece y el nivel de ventas sube en toda la economía. (JS)
Más de $1.700 millones en deudas por cobrar
A pesar de los 473 millones recuperados en el último año, el Servicio de Rentas Internas todavía tiene que enfrentarse a contribuyentes morosos que acumulan una deuda de $1.700 millones.
Esas deudas representan impuestos no pagados al fisco. Alrededor de $780 millones son de difícil recaudo porque tienen antigüedad de 6, 8 y 10 años. Esa cifra incluye procesos con casinos y bancos cerrados.
El Gobierno busca mejorar la gestión de cobro y reducir la evasión que supera los $6.000 millones al año, pero esas metas son a mediano plazo ,y necesitan inversión en tecnología y más personal en el SRI.