Las exigencias de la Conaie y otros movimientos sociales a la candidata Luisa González incluyen reducción de impuestos, condonación de deudas y freno a la inversión minera y petrolera. Sin embargo, el Estado ecuatoriano ya está desfinanciado y con déficit.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y otros movimientos sociales han presentado a la candidata presidencial Luisa González un pliego de peticiones a cambio de su apoyo electoral.
Estas exigencias incluyen desde la suspensión de proyectos mineros hasta la reducción del IVA y la condonación de deudas.
Si bien cada una de estas medidas responde a demandas sociales y económicas de ciertos sectores, tendrían un impacto significativo en las finanzas públicas y en la capacidad del Estado para atraer inversiones.
A continuación, se analiza el costo económico potencial de acoger todas estas propuestas.
1.Rechazo a la minería a gran escala: La suspensión de proyectos mineros de gran envergadura representaría una pérdida sustancial para la economía ecuatoriana. En 2022, la minería generó exportaciones por más de $2.700 millones y en los últimos dos años ha llegado hasta los $3.000 millones, con un aporte de más de $1.100 millones en impuestos y regalías.
La paralización del sector no solo reduciría estos ingresos, sino que también pondría en riesgo miles de empleos y limitaría el desarrollo de infraestructura en las zonas de explotación minera.
Según la Cámara de Minería del Ecuador (CME), las exportaciones mineras podrían superar los $4.000 millones en 2025, impulsadas por la mayor producción de Mirador y Fruta del Norte, junto con la posible activación de nuevos proyectos.
En Ecuador hay atrasados al menos 5 proyectos mineros de mediana y gran escala, que, si se desarrollan, podrían generar más de $2.500 millones adicionales en exportaciones anuales. Algunos de estos proyectos incluyen Cascabel (cobre y oro), Loma Larga (oro y plata), Curipamba (cobre y oro), La Plata (oro) y Ruta del Cobre (cobre).
Si se reactivan estos proyectos, la minería podría superar los $6.000 millones en exportaciones en los próximos años, convirtiéndose en la segunda fuente de ingresos no petroleros del país, después del banano.
Entonces, acoger la propuesta de la Conaie y los movimientos sociales costaría entre $2.000 y $3.000 millones al año en exportaciones; además de $1.340 millones adicionales en impuestos y regalías al año.
- No concesionar el campo petrolero Sacha: El campo Sacha es uno de los principales yacimientos petroleros del país, con una producción promedio de 75.000 barriles diarios. La concesión a privados podría generar ingresos de más de $10.600 millones en 20 años, sin incluir lo que podría generar el aprovechamiento del gas asociado.
Lo más de $10.600 millones incluyen $1.500 millones de ingresos inmediatos vía anticipo o prima, que el Estado hubiera recibido este 2025 y que incluso están registrados como el en presupuesto prorrogado que está ejecutando el Gobierno de Daniel Noboa. Sin embargo, la concesión al consorcio Sinopetrol no se concretó.
Si el Estado mantiene el control sin inversión privada, podría enfrentarse a menores ingresos y mayor dificultad para mantener los niveles de producción. Solo en 2025, como analizó LA HORA, la no concesión de Sacha permitiría una caída del 27% en la producción petrolera y que no se puedan reemplazar los 15.000 barriles que se dejarán de producir en el ITT. Solo esto último representaría dejar de percibir ingresos por más de $350 millones al año.
- Reducción del IVA al 12%: El aumento del IVA del 12% al 15%, que comenzó a regir desde abril de 2024, buscaba generar ingresos adicionales para el fisco. Cada punto porcentual del IVA representa aproximadamente $500 millones en recaudación anual. Reducir el IVA al 12% significaría una pérdida de al menos $1.500 millones al año, agravando el déficit público y limitando la capacidad del gobierno para financiar servicios esenciales como salud, educación y seguridad.
La candidata González ya ha dicho públicamente que bajaría el IVA al 12%. Este tipo de declaraciones han contribuido a la subida del riesgo país por encima de los 1.500 puntos.
- Condonación de deudas hasta $10.000: La condonación de deudas de hasta $10.000 podría aliviar la carga financiera de miles de ciudadanos, pero también generaría un impacto negativo en el sistema financiero. Se estima que esta medida podría costar al menos $2.000 millones si se incluyen deudas en instituciones públicas y privadas. Además, podría desincentivar el pago de obligaciones y generar inestabilidad en el sector bancario y cooperativo.
- Defensa de las empresas públicas: La exigencia de mantener bajo control estatal las empresas públicas y evitar su privatización puede garantizar que las ganancias permanezcan en el país, pero también implica asumir el costo de empresas que en muchos casos son deficitarias como por ejemplo CNT. La empresa estatal de telecomunicaciones ha registrado pérdidas acumulas, solo durante 2022 y 2023, de más de $119 millones. A eso se suman las ineficiencias y pérdidas de las empresas del sector eléctrico. Como publicó LA HORA, solo las 10 empresas de distribución eléctrica más ineficientes generan pérdidas anuales de entre el 11,6% y el 27,6%. La mala situación del sistema eléctrico ecuatoriano, manejado desde el Estado, provocó apagones en 2024 y costó alrededor del 4% del PIB en pérdidas.
Como mínimo, entre ingresos e impuestos perdidos, además pérdidas de empresas públicas politizadas e ineficientes, el impacto del populismo económico de los pedidos a González le costaría entre $2.900 y $3.000 millones al año. Esto no toma en cuenta el impacto de una condonación generalizada de deudas de hasta $10.000.
Menos ingresos, pero más presiones de gasto
No solo que el pliego de la Conaie y los movimientos sociales incluyen medidas que merman los ingresos estatales; además se pide más gasto.
– Inversión en barrios pobres: Las demandas incluyen políticas de inversión en las zonas urbanas más desfavorecidas, lo que podría implicar programas de vivienda, infraestructura básica (agua potable, alcantarillado, electricidad), educación y salud.
Programas de vivienda social: $50 millones anuales; infraestructura básica: $ 100 millones anuales; Expansión de servicios educativos y de salud: $ 80 millones anuales.
Así, se tendría que hacer una inversión anual de al menos $230 millones, de acuerdo con las estimaciones del economista Andrés Rodríguez.
–Defensa del Seguro Social y fortalecimiento del IESS: El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) enfrenta un déficit creciente debido a la insostenibilidad del actual modelo de pensiones y salud.
Por eso, se tendría que transferir al menos $1.000 millones adicionales al año para cubrir el déficit y otros $2.400 millones anuales hasta 2035 para pagar la deuda histórica con el IESS.
Esto sin contar con una reforma estructural de la seguridad social porque va en contra de lo que defienden sectores como la Conaie y los movimientos sociales.
–Fortalecimiento de la salud pública: El sistema de salud público requiere mejoras en infraestructura, equipamiento y personal. Como mínimo, de acuerdo con Rodríguez, esas mejoras y la ampliación de servicios podría costar una inversión inicial de $1.800 millones y un gasto permanente adicional de entre $250 y $300 millones.
La gran pregunta es de dónde saldría todo ese dinero si no se quiere minería ni inversión privada en el sector petrolero, y además se busca bajar impuestos.
Según Jaime Carrera, miembro del Observatorio de la Política Fiscal, el déficit público hasta final de 2025 será superior a los $5.000 millones, más amortizaciones de la deuda púbica y cuentas por pagar, las necesidades de financiamiento (nueva deuda) superarán los $14.000 millones, sin contar con los Cetes y convenios de liquidez. (JS)