Desde el lunes 25 de julio empezó a correr el plazo de 30 días que tiene el Ejecutivo para pronunciarse sobre la Ley de Comunicación.
Uno de los temas que mayor preocupación genera entre los gremios periodísticos tras la aprobación en la Asamblea Nacional del proyecto de minoría de la Ley de Comunicación es el manejo de las frecuencias del espectro radioeléctrico.
En el proyecto defendido por el bloque Unión por la Esperanza (UNES) en la Asamblea y sus aliados de Pachakutik, Izquierda Democrática y varios independientes, se mantiene el 33% para las frecuencias privadas, el 33% para las frecuencias públicas, y el 34% para los medios comunitarios.
Roberto Manciatti, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión (AER) en Pichincha, y presidente de los Canales Comunitarios y Regionales del Ecuador Asociados (CCREA), dijo que el debate debe ir más allá del porcentaje que se plantea en el número de frecuencias que están vigentes en el país o que en este momento están al aire tanto en radio como en televisión.
Reveló que en la actualidad hay concesionarios que al momento no concluyen con el concurso de frecuencias para el caso de la televisión.
Calculó que de las 50 frecuencias en el dial de Frecuencia Modulada (FM), 16 son privadas, 16 públicas y entre 17 y 18 comunitarias. “Es correcto que existan frecuencias comunitarias”, dijo. Sin embargo, abrió la interrogante de ¿qué va a ocurrir con las frecuencias públicas que al momento están al aire?.
Detalló que, en Quito existen 9 frecuencias matrices en el espectro de FM, y 9 públicas, pero en Guayaquil hay cero frecuencias. También citó los casos de Tungurahua (donde hay 2 frecuencias), El Oro (2), Manabí (4) y en Azuay (4). “¿Entonces, cómo se va a plantear o manejar el porcentaje de frecuencias en el espectro radioeléctrico para radio y televisión?”, cuestionó.
Defensa de libertades
Los concesionarios y los gremios consideraron que un proyecto de Ley de Comunicación debe apuntar hacia una visión de futuro que establezca un proceso comunicacional que defienda al máximo la libertad de expresión, la libertad de trabajo, la libertad de inversión, y dejar de lado “todas las pasiones politiqueras que no han beneficiado a los medios de comunicación”, expresó.
La libertad de expresión no es un discurso -dijo Manciatti- de los medios de comunicación, sino de la ciudadanía donde están los medios, los periodistas, los concesionarios, los comunicadores, que ven y escuchan todos los días en sus casas, vehículos, negocios. “En este aspecto debería enfocarse el debate del proyecto”, mencionó.
Nuevas condiciones
Dijo que en la actualidad los medios de comunicación han pasado a una condición económica de microempresa y de economías de subsistencia. ¿Qué medio de comunicación, sea radio, periódico o televisión tendría en este momento las cantidades económicas como hace 20 o 30 años? “Ahora es distinto; la tecnología nos está atacando a los medios” ¿Qué ocurrirá de aquí en ocho o diez años? “En este tema deben enfocarse los asambleístas y así justificar su salario”. argumentó Manciatti. La AER está a la expectativa del veto presidencial.
Transparencia
Ismael Quintana, abogado y constitucionalista, opinó que el problema que conlleva el que se haya incluido el tema de frecuencias es que pocos grupos o personas allegadas a quienes los regulan serán los beneficiarios, o que se limite de modo irregular el uso del espectro radioeléctrico.
En este caso -sugirió.- se deberían definir los mecanismo más adecuados para que se garantice con transparencia el acceso equitativo a las frecuencias y respetando los principios constitucionales del espectro para evitar opacidades que han llevado a que la Contraloría tenga que realizar, incluso, exámenes especiales a los concursos de frecuencias.
A través del control de las frecuencias también se controla la información que va a circular. Según Quintana, esta es una forma irregular porque se limita el acceso a la información, que es parte de la libertad de expresión.
Advirtió que la mayoría en la Asamblea compuesta por el correísmo y otros partidos ya han dado muestras de que “lo que les gusta es controlar lo que los medios de comunicación dicen, y qué información circula para decir qué debemos ver, escuchar y leer”.
Eso es limitar la libertad de expresión y dejar por fuera a los medios que pudiesen resultar críticos a los líderes políticos que han aprobado la ley.
Rubén Andrade, politólogo y docente universitario, opinó que difícilmente la ley entrará en vigencia porque si se produce un veto, la Constitución impide que en al menos, durante un año la Asamblea insista en la propuesta. (SC)
“Retorno a una época oscura”
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), mostró su satisfacción por el compromiso de Guillermo Lasso, de vetar las reformas a la Ley de Comunicación, ya que «serían un retorno a una época oscura para las libertades de expresión y prensa, como la que existió durante la presidencia de Rafael Correa», dijo en un comunicado oficial.
En el proyecto de reformas que vuelven a contemplar medidas represivas, administrativas y penales contra periodistas y medios, tal como originalmente contenía la llamada «ley mordaza» promovida y promulgada por Correa.
A criterio de Jorge Canahuati, presidente de la SIP, la “ley mordaza” le permitió perseguir al periodismo. Entre las reformas, se crean además las defensorías de audiencias capaces de ejercer censura previa sobre los medios y criminalizar las opiniones editoriales.