A pesar de los mayores ingresos, la administración de Lasso cerró abril de 2022 con más de $1.200 millones en atrasos.
Durante la última marcha del 1 mayo de 2022, dirigentes políticos y sociales, ciudadanía en general y sindicalistas cuestionaron al Gobierno de Guillermo Lasso por aplicar los lineamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y preferir pagar la deuda con el organismo, antes que abastecer a los hospitales públicos.
Esa percepción de que las cuentas fiscales son más importantes que la economía real se refuerza al revisar la ejecución de obras y la inversión pública, que en abril de 2022 cerró en su nivel más bajo desde 2008. Apenas $135 millones frente a los $546 millones de igual periodo de 2021; o a los $175 millones de hace 15 años.
En este contexto, la pregunta ineludible es si la administración de Lasso privilegia un déficit más bajo y una mejor revisión del programa con el FMI, a costa de todo lo demás.
El exministro de Economía, Fausto Ortiz, consideró que esas dudas se refuerzan por varias contradicciones. Por un lado, el Servicio de Rentas Internas (SRI) cerró abril con $2.041 millones de recaudación de impuestos, lo que representa el mayor nivel desde 2013. Además, se generaron $700 millones de ingresos extra por los altos precios internacionales del crudo.
Sin embargo, por el otro lado, durante los primeros cuatro meses de este año, en el Gobierno Central se han acumulado retrasos por $1.187 millones.
Entre los más afectados por esta política están los gobiernos locales (con $300 millones), dentro de un total de $780 millones por transferencias pendientes con varios sectores. Otros $383 millones no se han ejecutado en inversión pública. El régimen también tiene pendientes en sueldos ($1 millón), y pagos de deuda pública ($23 millones).
A las contradicciones se añade que el saldo de la caja fiscal ( dinero disponible para gasto) llegó a $1.265 millones hasta finales de abril. En otras palabras, en teoría el Gobierno tiene dinero para cubrir los pagos pendientes, pero no lo hizo.
“La economía puede y debe reactivarse desde lo local y esos recursos adicionales ayudarían a generar obras y mejores expectativas en la comunidad”, dijo Ortiz.
Cambio de enfoque
Según cálculos del Observatorio de la Política Fiscal, desde marzo de 2021, en promedio la caja fiscal ha tenido un saldo de entre $750 y $800 millones. Eso quiere decir que los más de $1.200 millones actuales, representan un nivel mayor de la tendencia, pero tampoco se puede gastar todo hasta dejarlo en cero.
Tomás Cervantes, economista y docente universitario, puntualizó que siempre hay que contar con un stock mínimo de, al menos, $300 millones, porque hay nuevos pagos que hacer constantemente.
“Actualmente, sí hay espacio para gastar un poco más y el reto del Gobierno es hacerlo con eficiencia y donde más se necesita. Los niveles muy altos de atrasos ya le están pasando factura en la economía real y con los ciudadanos”, aseveró.
El mismo Presidente reconoció, durante su última entrevista radial de cada semana, que en el primer año de administración se privilegió bajar el déficit fiscal.
“En el primer año de Gobierno tuvimos un enfoque muy claro en estabilizar la economía fiscal. Recibimos un país con un déficit de 7 puntos del PIB y lo logramos bajar en 2021 a más o menos 4 puntos del PIB y la proyección para 2022 es de 2 puntos del PIB. Estabilizadas las finanzas públicas, y asegurado que ya nadie duda de la permanencia de la dolarización, en este segundo año voy a dedicar mucho de mi esfuerzo a trabajar por los sectores productivos, por el sector arrocero, el sector bananero”, puntualizó Lasso.
Así, de acuerdo con Cervantes, si bien el actual Gobierno ha hecho un esfuerzo consciente por bajar el déficit porque los niveles anteriores eran insostenibles, su fracaso está en no desmontar las ineficiencias. (JS)
Calidad del gasto y optimización de procesos
Cada mes, entre gastos corrientes y pagos de la deuda pública, se deben desembolsar alrededor de $3.000 millones. Eso solo toma en cuenta lo presupuestado para 2022, pero en el camino se han sumado carreteras dañadas, crisis en el sector exportador e infraestructuras sanitaria, educativa y de justicia que requieren mantenimiento.
Lorena Argudo, economista e investigadora en temas de optimización de procesos, puntualizó que, más que prisionero del FMI, el Gobierno se ve atado de manos por la incapacidad de mejorar la calidad del gasto.
“Hay estudios del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que calculaba, hace ya tres o cuatro años, que al menos el 15% a 20% se malgastaba en el sector público. Lasso y su ministro Cueva prometieron que ahí enfilarían todos sus esfuerzos, pero no se ve ningún avance. Incluso temas como el del Registro Civil, más que un supuesto recorte neoliberal, se debe a mala gestión y hasta negligencia”, apuntó.
Gracias a información del Registro Civil se sabe que ya en marzo de 2021 había un serio problema de miles de procesos represados. Lo mismo ha ocurrido con la compra de medicinas en el sistema público.
Argudo recalcó que esa mala gestión, que involucra un sector estatal poco profesionalizado y un esquema de compras públicas engorroso, también están en el centro de la lenta capacidad del Gobierno para utilizar los recursos disponibles.