El objetivo es bloquear las iniciativas del Gobierno de Guillermo Lasso, señala un analista.
La mayoría de oposición en la Asamblea Nacional avanza apresurada en lograr sus objetivos de control político. El primero, y más contundente, quedó en evidencia el 31 de mayo de 2022 cuando el movimiento Unión por la Esperanza (UNES), el Partido Social Cristiano (PSC), disidentes de la Izquierda Democrática (ID) y los rebeldes de Pachakutik (PK), aglutinaron 81 votos y destituyeron a Guadalupe Llori, quien hasta entonces presidía esa función del Estado.
Un nuevo escenario en esa misma línea se podría repetir en la sesión convocada para este jueves.
Esta vez, el forcejeo será por captar la segunda vicepresidencia que todavía ostenta Yeseña Guamaní (ID). Su cargo está en riesgo después de que la comisión pluripartidista, controlada por la oposición, recomendó al Pleno su destitución por un supuesto incumplimiento de funciones.
Jahaira Urresta (UNES) denunció a Guamaní por haber mocionado una consulta a la Corte Constitucional sobre la capacidad de la Asamblea de tramitar proyectos de ley para derogar la reforma tributaria, antes de su calificación en el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL).
Guamaní se defendió de estas acusaciones, aclarando que el CAL es un cuerpo colegiado y no le compete a la segunda vicepresidenta establecer los temas de convocatoria, ni fijar sus prioridades. «No se le puede imputar estas faltas a la segunda vicepresidenta, por cuanto no se encuentran taxativa o expresamente tipificadas», aclaró.
Los votos del PSC
Los votos del PSC fueron claves para evitar la destitución de Guillermo Lasso, presidente de la República, en la sesión del 28 de junio de 2022 en la que la bancada de UNES buscaba el derrocamiento del mandatario por una presunta «grave crisis política» en medio de la movilización convocada por la Conaie.
En la actual coyuntura, la posición socialcristiana no sería distinta a la que dejaron ver cuando con sus votos apoyaron la caída de Llori.
Intereses políticos
A intereses políticos atribuyó Guamaní la decisión de removerla del cargo. «Esta es la crónica de una muerte anunciada, solo maquillaron un proceso, no actuaron de forma objetiva e imparcial», expresó la vicepresidenta de la Asamblea.
Tampoco eludió comentar que la intención de la nueva mayoría es controlar la Asamblea. «Tienen los votos, pero no tienen la razón (…) ya veremos si el Partido Social Cristiano le hace el juego al correísmo», afirmó.
Mireya Pazmiño (del ala rebelde de PK) se perfila como una de las nominadas para reemplazar a Guamaní. El 18 de junio, Pazmiño pidió a Virgilio Saquicela, presidente de esta Función del Estado, que convoque a una sesión del Pleno para tratar la revocatoria del decreto 455, con el cual el presidente Guillermo Lasso, ordenó el estado de excepción en tres provincias por las manifestaciones indígenas.
Ahora, Pazmiño no oculta su intención de asumir la responsabilidad de la segunda vicepresidencia si algún asambleísta mociona su nombre en la sesión de este jueves.
Los siguientes pasos
A la nueva mayoría no le interesa demorar los procedimientos, por lo que después de la «jugada» de captar la segunda vicepresidencia y eventualmente subir a la primera vicepresidencia, avanzaría con los juicios políticos a los vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) encargado de designar autoridades de control de Estado, e incluso podrían poner en jaque a ministros como Patricio Carrillo, de la cartera del Interior, opinó el analista político y docente universitario Alfredo Dávalos.
Con una recomposición de fuerzas harán más compleja la gobernabilidad del presidente Guillermo Lasso, agregó este especialista. Dávalos comparó a la nueva mayoría que se configura en la Asamblea como una aplanadora política con «freno de mano» para el Gobierno. Si el régimen no logra un acuerdo de gobernabilidad a corto plazo «el panorama se le va a complicar», advirtió. (SC)
Investigación
Vicios de procedimiento
En el proceso de investigación seguido en contra de Guamaní hay varios vicios que originan su nulidad, dice un documento que fue entregado a la mesa ad hoc como parte de la defensa de la vicepresidenta.
- Denuncia no cumple con lo previsto en el artículo 11 numeral 4 de la Ley de la Función Legislativa (LOFJ). Solo contiene cuatro páginas. «En su contenido no se alcanza a comprender cuales habrían sido los incumplimientos«
- Pruebas a destiempo. La Secretaría General de forma extraña no entregó las pruebas solicitadas por la parte denunciada hasta el 26 de junio de 2022, es decir se excedió en el plazo de diez días determinado por la comisión ad hoc para la entrega de las pruebas de descargo. Esto afectó el debido proceso para la preparación de la defensa.
- El artículo 18 de la LOFL dice que la destitución de un autoridad se realizará luego de un proceso sustanciado por una Comisión Pluripartidista Adhoc de cinco miembros. En la Comisión designada para sustanciar el caso de Guamaní se ejerció el voto de la mayoría, sin observar las formalidades, y designó como representantes de las bancadas legislativas a personas que no integran las mismas. Es el caso de las asambleístas de la ID (Rocío Guanoluisa) y de PK (Mireya Pazmiño).
- La comisión pluripartidista tiene cinco asambleístas mujeres designadas por el Pleno. No existe participación de asambleístas varones, lo que va en contra del principio de paridad de género.
- Una asambleísta integrante del CAL, que votó por la calificación de la denuncia, «guarda animadversión» contra Guamaní lo que afecta la imparcialidad del proceso.
La designación del primer vicepresidente está pendiente desde que Virgilio Saquicela asumió el 31 de mayo de 2022 la Presidencia de la Asamblea.