La investigación que llevó a cabo la Policía en 2021 dista mucho de ofrecer indicios de que el Gobierno ha sido penetrado por el narcotráfico. Ni siquiera arrojó evidencia contra los principales sospechosos.
QUITO.- Demasiados misterios rondan el ‘Informe No.04-UCTCI-DAI-DNIA-2022’ que ha dado origen a toda la convulsión política y mediática que vive el país. Lo primero es el origen mismo de la investigación, que según el informe “se genera a partir de información reservada”.
Hasta el momento, la opinión pública desconoce la fiabilidad, la motivación y la naturaleza de la fuente cuyo aporte da inicio a todo el proceso. Las posibilidades son inmensas: un infiltrado, una agencia extranjera, algún delator cooperante, un actor del hampa con agenda propia o hasta un simple anónimo o alguien con rencillas personales contra los investigados.
Tampoco se conoce la identidad ni las motivaciones de quien escarbó un informe de una investigación previa que se llevó a cabo hace casi dos años —que arranca antes de que el presidente Guillermo Lasso se posesionara y concluye cuando llevaba apenas cinco semanas en el cargo— para entregárselo a las fuentes políticas habituales que alimentan a la prensa.
Una investigación ligera
La forma como se lleva a cabo la investigación evidencia que no se trató de un caso extraordinario. Se asigna muy poco personal: apenas tres oficiales —dos de ellos en Manta y uno en Guayaquil—, un par de analistas. Las escuchas se llevan a cabo de forma rutinaria. Los seguimientos se llevan de forma casi aleatoria, apenas durante algunas horas, y en muchos casos transcurre una semana entera entre uno y otro —aunque siempre, siguiendo las indicaciones de supuesta “información reservada”—.
Por momentos se producen episodios que reflejan una simpleza folclórica, como cuando los investigadores no pueden continuar sus tareas de vigilancia porque los agentes de seguridad de los edificios o de los clubes les impiden ingresar. En ocasiones, deben observar a pocos metros como, durante una hora entera, dos de los principales sospechosos mantienen una larga conversación, pero por falta de herramientas tecnológicas elementales —o de interés— no logran saber de qué están hablando.
Los diagramas de interceptaciones son elaborados automáticamente y la información sobre compañías o sobre los sujetos investigados son apenas los extraídos de las bases de datos de la Superintendencia de Compañías o de Registro Civil; no hay indagaciones más profundas, como movimientos de dinero o perfiles más elaborados.
La investigación no arroja ninguna evidencia de peso y menos aún un delito flagrante como los que suelen suscitarse en operativos de vigilancia relacionados con narcotráfico. No hay hechos de sangre, ni droga ni dinero ni armas desfilando frente a los lentes de los agentes. Lo que hay, en abundancia, son reuniones y tareas mundanas intrascendentes, como idas al banco, a cevicherías o al supermercado.
Incluso las propias reuniones no tienen mucho de secretas; la mayoría transcurren en lugares públicos, como cafeterías, a la vista y paciencia de cualquier agente del orden o del hampa que anduviera por allí, o en la misma oficina donde están domiciliadas oficialmente las empresas de algunos de los sujetos investigados. Dos de los sujetos acuden frecuentemente a la empresa en Manta donde, según la denuncia, se llevan a cabo actividades ilegales, pero resulta que son, justamente, el principal accionista y el gerente.
Otras prioridades
Ante ello, no resulta difícil entender por qué las autoridades decidieron archivar la investigación de un caso como ese. En un Ecuador en el que la impunidad en casos de muertes violentas bordea el 90%, en el que hay 30 mil menos policías de lo recomendado, un déficit de más de 600 fiscales e incautaciones de alrededor de 20 toneladas por mes, hubiese resultado inusual que se siguiera destinando recursos a una investigación que, en ocho semanas, no ofrecía ninguna pista concreta de las drogas —procedentes del Perú, algo además inusual en el caso de Manabí— que mencionaba la “información reservada”.
La investigación cobra relevancia porque Danilo Carrera —el magnate guayaquileño de las finanzas que, además de un célebre dirigente deportivo, es cuñado y mentor del presidente Guillermo Lasso— aparece en ella. Está ahí porque uno de los sujetos de vigilancia, Rubén Cherres —un exconvicto, con un considerable pasado judicial y socio en al menos once empresas de un albanés con antecedentes de narcotráfico—, lo llama varias veces mientras dura la investigación y porque también se los ve juntos en una foto.
Sin embargo, de todos los sujetos vigilados, sospechosos de estar tomando parte en el crimen organizado, el único que habla con Carrera en algún momento es Cherres —apenas 9 llamadas de las 276 interceptadas del teléfono de este, durante el tiempo que dura la investigación—. De todas esas llamadas, se mencionan apenas dos en los resúmenes de las transcripciones, en las que se menciona también al general de Policía Víctor Araus y su interés en que el presidente Guillermo Lasso intervenga en su ascenso.
Lógica forzada
A partir de ello, algunos sectores políticos intentan deducir que el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha sido penetrado por el narcotráfico. Hasta el momento, se trata de una conclusión apresurada. Primeramente, ese informe en ningún momento ofrece indicios de que los investigados —independientemente de su pasado judicial— estuviesen envueltos en narcotráfico.
Segundo, solo uno de los miembros de ese grupo muestra mantener alguna relación con Danilo Carrera y no hay nada que indique que esta era para delinquir.
Tercero, incluso si el delito fuese un hecho y esa relación fuese parte de ello, no se vislumbra un involucramiento del Presidente. Incluso el tema de Araus, que ya no es ningún misterio, no deja ver ninguna irregularidad en la grabación y hasta la propia transcripción se limita a resumir el pedido en “solamente que sean legales, que lo califiquen a él” —justo lo que el propio oficial ha admitido en repetidas ocasiones—. Y, lo más importante, los hechos posteriores demuestran que dicha intercesión no tuvo ningún efecto.
En cuanto a la relación de Carrera con Cherres —21 años menor que él—, todas las otras llamadas, así como las de las seis semanas anteriores –que según el propio informe, son mucho más numerosas, más de 100—, les permitirían a los investigadores conocer con propiedad la naturaleza de actividades e intereses que los unen. Si solo dos llamadas, que apenas mencionan temas de interés público, han sido contempladas en el informe se debe a que sus diálogos son de otra índole.
Serviría muchísimo en ese caso, además, contar no con un resumen escrito, sino con la grabación original de la conversación; ello permitiría dilucidar, por medio del tono y el lenguaje, una serie de detalles tanto del diálogo como de la relación —jerarquía, cercanía, discreción, culpa, etc.—. Hasta el momento, si es que existe, ese contenido permanece en reserva.
Hay quienes señalan en el comportamiento de Cherres indicios de tráfico de influencias; incluso el propio informe concluye con respecto a él que “frecuenta otros ciudadanos y sus conversaciones se advierte más en temas políticos en búsqueda de posesionar a ciudadanos afines a su persona en el actual gobierno”. Sin embargo, en ese informe no hay evidencia de que Cherres haya entrado en contacto con ningún funcionario de Gobierno ni conducido gestiones en ese sentido.
Además, Cherres no es un “servidor público” o “persona que actúa en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado”, como establece el Código Integral Penal al tipificar dicho delito. Por último, cabe recordar que el propósito de la investigación era “identificar a integrantes que formarían parte de la presunta organización delictiva quienes se dedicarían al tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización”.
Cualquier giro que derive en investigar otro posible crimen u otras personas requeriría las respectivas disposiciones de parte de la Fiscalía. Si eso sucederá ahora —sea con Cherres, con Carrera, con el Gobierno o con cualquiera de los “ciudadanos desconocidos” que pululan por el informe— depende de la Justicia, pero mientras es preciso tener claro qué dice y qué no dice el informe que ha servido de manzana de la discordia. (DM)