La Presidenta de la Asamblea argumenta que busca “evitar la amenaza grave, inminente e irreversible de los derechos constitucionales”.
La crisis política-institucional que se desató en la Asamblea Nacional a partir del 24 de febrero de este año estaría a punto de tocar fondo.
Hoy, lunes 4 de abril de 2022, Guadalupe Llori, titular de la Función Legislativa presentó ante la justicia un pedido de medidas cautelares para que el pleno de la Asamblea se abstenga de conocer, debatir y resolver el pedido de conformar una comisión ad hoc pluripartidista que evalúe la gestión del Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) mientras no se siga y se respete el procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Llori argumentó además que se busca “evitar la amenaza grave, inminente e irreversible de los derechos constitucionales”.
En franca oposición a la gestión de Llori, las bancadas de UNES, PSC y PK insisten en examinar la gestión de la funcionaria. A ellos se sumó el bloque oficialista de CREO.
Con esta acción legal, la presidenta buscaría evitar ser removida del cargo.
La reacción de UNES
¿A qué le teme la señora presidenta?, preguntó María Fernanda Astudillo de las filas de UNES, y calificó a la acción legal impulsada por Llori de “exagerada”, porque -dijo- la única intención es conformar una comisión multipartidista que estará representada por un delegado de cada partido político para evaluar a los siete miembros del CAL. “El que nada debe nada teme; no sé qué le pasa a la presidenta”, expresó.
Los jueces que conocerán la causa
Por sorteo, la causa recayó en el Tribunal de Garantías Penales con sede en la parroquia Iñaquito (centro norte de Quito), conformado por los jueces Julio César Obando (ponente), Mabel del Pilar Tapia, Olga Ruiz, y Nelly Carrión.
La decisión de Llori se produce pocos días después de que había convocado para las 11:00 de este martes a la sesión del pleno 771 para abordar cuatro temas, entre ellos la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de Ley que garantiza la interrupción del embarazo en niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación; y de que la presidenta anunciara que permitiría cambios del orden del día, incluso si con ello se daba pasa a la conformación de la comisión evaluadora. (SC)