Los ecuatorianos Tuntiak Katan y Marlon Vargas son acusados de intentar apoderarse del organismo internacional. Por eso piden que el Gobierno de Ecuador «no rompa con las garantías que debe ofrecer como sede estatutaria de la Coica».
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica), la mayor federación indígena del mundo, que agrupa a 511 pueblos originarios de nueve países de Suramérica, vive su momento más tenso y crítico en sus casi 39 años de historia, con una profunda división por su liderazgo.
La principal federación internacional de indígenas amazónicos se ha vuelto el escenario de un pulso entre dos bandos: uno liderado por la colombiana Fany Kuiru, la primera mujer elegida para tomar las riendas de la organización, y otro encabezado por el ecuatoriano Tuntiak Katan, quien también se declara líder de la Coica.
Este conflicto interno dentro de la Coica, que tiene su sede en Quito y abarca a los indígenas amazónicos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa, Surinam, Perú y Venezuela, comenzó en su undécimo congreso, celebrado en septiembre pasado en Lima.
Allí debía elegirse el nuevo consejo directivo para el periodo 2022-2026, pero esta elección fue postergada después de que un grupo de congresistas abandonaran el pleno al aducir discrepancias sobre el tratamiento de los problemas que atravesaba la Federación de Organizaciones Amerindias de la Guyana Francesa (FOAG).
El aplazamiento de la elección se decidió pese a contar con el quórum suficiente para seguir con el proceso tras la salida de los delegados de Ecuador, Brasil, Surinam, Guyana y Guyana Francesa.
Dos congresos paralelos
El Congreso de Lima acordó realizar un congreso extraordinario para culminar la elección en un plazo de tres a doce meses, tiempo en el que debían solucionarse las discrepancias en torno a la FOAG, y en el que se prorrogaría el mandato del consejo directivo liderado por el venezolano Gregorio Díaz Mirabal, del pueblo wakuénai kurripako.
Sin contar con el aval oficial del consejo directivo, en noviembre fue convocado un congreso extraordinario en Surinam en el que fue proclamado como nuevo coordinador de la Coica el ecuatoriano Tuntiak Katan, de la etnia shuar, con el apoyo de Brasil, Ecuador, Guyana, Guyana Francesa y Surinam.
De esa reunión se sintieron excluidos Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela por la forma en la que convocada.
Así, a finales de enero se celebró en Quito el congreso convocado oficialmente por el consejo directivo de la Coica, donde fue elegida como nueva líder la colombiana Fany Kuiru, de la etnia huitoto.
Kuiru cuenta con el respaldo principalmente de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela, pero también de miembros fundadores de la COICA como el peruano Evaristo Nunkuag, de la etnia awajún, y el ecuatoriano Valerio Grefa, de la etnia kichwa.
Conflicto en el Registro Oficial de Ecuador
Sin embargo, Tuntiak Katan es quien ha logrado la inscripción de su consejo directivo ante la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades de Ecuador, que ha dado validez a la reunión de Surinam.
Incluso Katan ha convocado un acto de posesión para el 14 de marzo en la sede de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confenaie), en Puyo, en coincidencia con el 39 aniversario de la COICA.
En ese sentido, Kuiru emitió este lunes un comunicado donde instó por tercera vez a la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades de Ecuador a registrar el consejo directivo elegido en el congreso celebrado en Quito.
Kuiru acusó a Tuntiak Katan y al presidente de la Confenaie, Marlon Vargas, de apoderarse «ilegal e ilegítimamente» de la Coica con «un claro abuso de posición de dominio, ya que al estar la sede administrativa de la organización registrada en Quito, usan a su acomodo las leyes y relaciones con las que cuentan como ciudadanos ecuatorianos».
La colombiana exigió al Gobierno ecuatoriano que no rompa con las garantías que debe ofrecer este país como sede estatutaria de la Coica e hizo un llamamiento a la comunidad internacional a ejercer una veeduría sobre la actuación del Estado ecuatoriano en este caso. (EFE)