UNES está en la búsqueda de todas las instituciones que puedan frenar a los periodistas, dice Mariana Neira.
Ni la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, ni la Constitución de la República, le da a la Defensoría del Pueblo facultades sancionadoras.
El artículo 6 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo (LODP) da a este organismo de derechos humanos, la competencia de patrocinar acciones ciudadanas y reclamos por mala calidad o indebida prestación de los servicios públicos o privados.
Los artículos 214 y 215 de la Constitución, asimismo, dan a la Defensoría el papel de proteger y tutelar los derechos fundamentales entendidos como la libertad de expresión e información, etc.
Con la desaparición de la Superintendencia de Comunicación (Supercom) a finales de julio de 2019, en la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) aprobada por la bancada Unión por la Esperanza (UNES) y un sector del movimiento Pachakutik y de la Izquierda Democrática (ID), el 21 de julio de 2022, ahora se intenta dar facultades sancionadoras a la Defensoría del Pueblo.
Defensores de audiencias
En trece artículos del proyecto de Ley aprobado en la Asamblea, a la Defensoría del Pueblo se le atribuyen competencias de protección de derechos, así como el ejercicio de acciones constitucionales. A su vez, el artículo 35 establece que se conformarán defensores de audiencias, quienes serán parte de la Defensoría con facultades de generar acuerdos de conciliación, recibir, conocer y estudiar consultas, reclamos y denuncias de las audiencias.
Sin embargo, César Ricaurte, director de la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios), recordó que incluso la Corte Constitucional (CC) establece entre las disposiciones de la Defensoría la obligación de emitir medidas de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección y promoción de derechos.
La Defensoría tampoco tiene competencia jurisdiccional como también señala la CC mediante su sentencia No 003-12-SAN-CC.
“Si bien es cierto es potestad de la Defensoría emitir medidas de cumplimiento obligatorio, ello no implica que éstas automáticamente adquieren calidad jurisdiccional, sino que, ante el incumplimiento por parte del requerido, a la Defensoría del Pueblo le compete solicitar sanción a las autoridades judiciales, que es a quienes les corresponderá determinar si se ha producido tal incumplimiento o no, y determinar las medidas reparatorias que fueren del caso”.
Por lo tanto, no es competencia de la Defensoría del Pueblo realizar acuerdos de conciliación. Estas competencias desnaturalizan la magistratura ética, así como sus atribuciones establecidas en la Constitución de la República”, se recoge también en un oficio que remitió Fundamedios al presidente de la República, Guillermo Lasso, el 21 de julio de 2022.
Walter Soriano, funcionario de la Defensoría del Pueblo, en una entrevista con periodistas, se quejó de que se haya incluido a la Defensoría sin antes consultar su opinión. Agregó que no están en condiciones de asumir nuevas competencias por falta de presupuesto.
Objetivo electoral
Mariana Neira, analista política y articulista, cree que la Ley tiene dos objetivos centrales: satisfacer o allanar el camino al expresidente Rafael Correa, quien siempre “ha soñado” con poner mordazas a los medios de comunicación.
Según Neira, una de las “frustraciones” que expresó Correa cuando dejó el poder en 2017 fue que no pudo vencer a los medios. “Ahora sus asambleístas tienen una actitud servil con una ley que satisfaga su interés como silenciar y neutralizar a los medios como lo hacen gobiernos totalitarios como el caso de Cuba, Nicaragua, Venezuela”, dijo.
El otro objetivo al que se apunta con la Ley de Comunicación -señaló- es electoral porque el movimiento UNES está reflejando cifras muy bajas en cuanto a aceptación pública.
¿Quieren recuperar espacios? Mariana Neira agregó que para poder llenar los gobiernos seccionales necesitan limpiar el estigma de “corruptos” por lo que varios de quienes están enjuiciados o bajo sospecha, estarían intentado candidatizarse.
Medios digitales
A criterio de Neira, están en la búsqueda de todas las instituciones que les puedan ayudar en su objetivo de frenar a los periodistas, silenciar a los medios de comunicación tradicionales (radio, prensa, y televisión), e intentar quebrar con demandas como ya ocurrió en el pasado con varios medios impresos.
Recordó también que en la ley no se menciona a medios digitales. “En los medios digitales las calumnias a la gente son muy fuertes y en esa batalla de insultos participan todos; correístas, y no correístas”, señaló. (SC)
Otras atribuciones que da la ley a la LODP
El artículo 6 de la Ley de la Defensoría también le ordena diseñar sistemas de gestión del conocimiento e investigación, programas de sensibilización, formación y educación en derechos humanos y de la naturaleza; realizar investigaciones defensoriales para verificar posibles vulneraciones de derechos, vigilar el debido proceso, y promover la ratificación de instrumentos internacionales.
Ismael Quinta,constitucionalista, ratificó que la facultad sancionadora que se le quiere dar la Defensoría es inconstitucional que raya en aspectos que deben ser resueltos por un juez y no por un ente administrativo.
La Supercom creada por el correísmo en la Ley de Comunicación de 2013 dejó de existir en julio de 2019.
“Los periodistas estamos sorprendidos porque aparte de la Supercom que existía antes, ahora también se quiere imponer la acción de la Defensoría que viene a ser una doble mordaza”.
Mariana Neira, analista política y articulista.