La presidenta del eliminado Consejo de Comunicación advierte de un vació legal en las reformas a la Ley Mordaza que la dejó en el limbo. La Procuraduría ya recibió un pedido de aclaración para saber si está prorrogada en funciones.
Jeannine Cruz llegó al Consejo de Regulación de la Comunicación en junio del 2021, como delgada del presidente Guillermo Lasso. Luego de un año y cinco meses de gestión cambió la Ley que determina sus funciones. Ese Consejo fue eliminado y nació otro: el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Comunicación.
Mientras espera por el pronunciamiento de la Procuraduría sobre si debe seguir en el cargo o no, ella habla sobre sus logros alcanzados pero también sobre los retos que pone la nueva legislación al nuevo organismo.
Hay varias tareas -algunas requerirán más presupuesto, explica- que están encaminadas a fortalecer la libertad de expresión, pero también la vigilancia a los contenidos y, en especial, a los medios públicos.
Uno de los temas principales de la nueva era de ese organismo es la protección a los periodistas y su trabajo, tema donde la Fiscalía tiene pendientes varias investigaciones, asegura Cruz, quien es Licenciada en Comunicación Social y Magister en Comunicación Estratégica. Ella atiende a este Diario en la que todavía es su oficina, en el norte de Quito.
Lea esta entrevista.
P. El Consejo de Regulación de la Comunicación ya no va más con las reformas a la Ley de Comunicación. Ahora existe el Consejo de Desarrollo y Promoción de la Comunicación e Información. ¿Usted está en funciones prorrogadas?
Si bien es cierto, asumí vía Decreto Ejecutivo la representación de esta institución. En la transitoria habla que, hasta conformarse el nuevo Consejo, hay un mes de plazo para establecer el reglamento de los talleres y capacitaciones. Pero no hay una transitoria donde dé a conocer el tiempo cuando se convocará a la conformación del nuevo Consejo. Es decir, hasta que no se elimine el Decreto Ejecutivo yo podría estar asumiendo la transición. Sin embargo, se asume que como cambia el nombre de la institución, cambiaría también el Decreto.
P. Entonces, está en funciones prorrogadas.
Si no esta eliminado el Decreto, seguiría en funciones. Sin embargo, se hizo una consulta a la Procuraduría para conocer el criterio jurídico. En temas de administrativos hay que ser muy serios. Porque nosotros no podemos arrogarnos funciones.
P. ¿Hasta tanto, qué está haciendo?
Hemos dado pasos, antes de la reforma, en el sistema de protección. Tenemos el apoyo de organismos internacionales que nos dieron directrices sobre cómo podríamos manejar desde el Estado las capacitaciones o protocolos en favor de los medios de comunicación. Se continuan elaborando, por ejemplo, guías que para en febrero se harán públicas. Estas irán dirigidas a fiscales, jueces, periodistas, funcionarios públicos y también a la Fuerza Pública. Por esto es importante saber cómo va a funcionar el nuevo Consejo. Hay diez delegados que son parte del Consejo. Cuatro son funcionarios públicos. Un representante de la ciudadanía. Esto es lo nuevo. Y llegan delegados sin voto, pero con voz. Estos son dos representantes de los gremios, uno de medios públicos, uno de medios privados y uno de medios comunitarios. Pero, ¿cómo se van a elegir a estos representantes? Ahí será importante el reglamento, ya que se definirá el proceso para elegirlos y, una vez con los diez miembros, cualquiera de ellos puede ser nombrado presidente del Consejo de Comunicación. En la reforma del 2019, el delegado del Ejecutivo presidia esta organización.
P. ¿Mientras no exista el reglamto no hay cómo avanzar en el trabajo del Consejo?
Es que no sabemos quién será el representante de los ciudadanos. Por ejemplo, puede ser desde las universidades que elijan uno.
P. ¿Debería ayudar Consejo Nacional Electoral?
Puede ser el CNE.
P. ¿Cómo avanza la elaboración del reglamento de la nueva Ley?
Hemos mantenido diálogo con la Presidencia sobre lo importante que es darle un rostro al sistema de protección, que es que es lo prioritario. Esto porque la ley ya está en el Registro Oficial y se tiene que cumplir a cabalidad hasta que pueda llegar el reglamento. Tiene que haber un cambio de toda la institución, como el estatuto sobre tema de regulación. Hay mucha más responsabilidad. Por ejemplo, el Consejo debe crear un mecanismo que incluye a otras instituciones del Estado: Defensa, Secretaría de Derechos Humanos, Relaciones Internacionales, riesgos, a Inteligencia.
P. ¿Específicamente para qué sirve este mecanismo?
Justamente, para protección de los periodistas. Esto conlleva un trabajo arduo porque se deben cambiar estatutos. Hay funciones que le otorgan al Consejo, como garantizar la libertad de expresión, libertad de prensa y libertad de opinión. ¿Cómo lo puedes hacer? Esa es la pregunta. Por eso el Consejo tiene que trabajar en protocolos o el mecanismo para que los medios de comunicación puedan asumir esta también esta responsabilidad y, desde el Estado, garantizar condiciones para el ejercicio periodístico.
P. ¿Qué otros cambios existen?
Algo que el Consejo de Comunicación puede vigilar es que los medios públicos sean verdaderos medios públicos y no tengan una agenda oculta, política. Es evidente que muchas autoridades, prefectos, alcaldes, cuando llegan a ser autoridades de los gobiernos locales asumen que los medios públicos son para hacer propaganda política. El Consejo puede monitorear y también vigilar. Más allá de que estés o no a favor de las autoridades del GAD, tienen una responsabilidad. También hay potestad de presentar un informe al inicio de cada año, el primer trimestre, sobre cómo va la libertad de expresión en nuestro país. Las autoridades tendrán que dar este informe en la Asamblea Nacional, con datos y cifras sobre la realidad del quehacer periodístico en nuestro país. También el poder elaborar un mecanismo para el levantamiento de alertas, que eso ya lo hace el Consejo. Con eso sabemos cuántos periodistas son realmente agredidos, por qué razón son agredidos, desde dónde vienen las agresiones. También el Consejo de Comunicación debe presentar informes acerca de si los medios de comunicación cumplen o no las disposiciones en esta ley. Esperemos el reglamento es tan amplia esta parte de la normativa que no sabemos si son temas laborales, si son pago de impuestos… Sin embargo, la ley está vigente y tenemos que dar cumplimiento.
P. El Consejo funciona actualmente con 90 empleados, con un presupuesto de 2,8 millones de dólares al año. ¿Es suficiente para aplicar la nueva ley o van a necesitar más recursos, más personal?
Aquí debo criticar duramente a la Asamblea Nacional. Muchas de las veces se legisla desde el desconocimiento. No hacemos una radiografía de la realidad presupuestaria ni cómo se está manejando la institución. Y a veces ponemos normas que son muy difíciles de aplicar. Ahora se crea un mecanismo de apoyo a los protocolos de los trabajadores de la comunicación, que me parece importante, pero en ninguna parte la norma habla del presupuesto. El Consejo deja el ámbito regulatorio y posiblemente estos funcionarios tendrán que asumir las nuevas funciones para la protección de los periodistas. El Consejo también tiene la obligación de abrir talleres. Lo que si no es obligación de los medios es asistir a los a los talleres del Consejo de Comunicación. Por eso, es importante que exista una muy buena relación entre el Consejo y los medios de comunicación para abordar, incluso, talleres de cómo realizar coberturas en desastres naturales, una crisis carcelaria. En este tiempo lo hemos hecho también.
P. ¿Va a necesitar más presupuesto?
Considero que sí. Es necesario presupuesto. Porque ya tenemos más funciones. Por ejemplo, hacer un análisis de los contenidos nacionales e independientes. Y hay que entender que el Consejo de Comunicación solamente tiene el mecanismo operativo para poder monitorear la provincia de Pichincha. Nosotros hemos cumplido bajo la petición de un ciudadano o alguna denuncia que llegue al Consejo, si es violento, si es discriminatorio, y luego se traslada a la Defensoría del Pueblo. Para el cumplimiento de esta norma se necesita recursos.
P. ¿Cuáles deben ser los pasos para implementar el nuevo protocolo para seguridad de periodistas y la capacitación, ya que la coyuntura de inseguridad es grave en el país?
Nosotros hemos avanzado en convenios con instituciones importantes del Estado. Por ejemplo, la Fiscalía. Si bien es cierto, cuando hay una amenaza a un periodista, quien es la encargada de investigar el hecho es justamente la Fiscalía General del Estado. Hay casos de periodistas asesinados en este año en los que aún no se determina si es por cuestiones periodísticas o por temas personales. Es importante que la Fiscalía pueda dar resultados. Ahora, ¿qué periodista puede ingresar al sistema de protección por parte del Consejo de Comunicación? Nosotros, cuando evidenciamos casos, vía telefónica o directo al Consejo, indagamos. Si es por asuntos periodísticos se levanta una ficha técnica por parte del Consejo y se traslada a las instituciones, como la Fiscalía. También cuidamos el trabajo periodístico desde lo más pequeño a lo más grande. Más pequeño, cuando un funcionario no quiere entregar información. Para nosotros es importante que, desde el Estado, entendamos la importancia del quehacer profesional. Y como Estado tenemos que garantizar justamente ese camino. Por otro lado, el poder ir de la mano, como lo estamos haciendo, con organismos internacionales. De hecho, Unesco ha sido un aliado importante, también la Relatoría por la Libertad de Expresión. Hemos pedido a la asistencia técnica para ver cómo podemos articular un sistema para poder socializarlo con los periodistas. Y uno de los temas que también la ley obliga es hacer un mapeo nacional de cuáles son los lugares más complicados, dónde un periodista no puede acercarse. (JC)
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