Dos casos de una misma investigación pero con abismales diferencias

RECOMENDACIÓN. En el 2016, Piñera le dijo a Lasso ““es importante que los paraísos fiscales desaparezcan porque se utilizan para actividades reñidas con la ley y la moral”. EFE
RECOMENDACIÓN. En el 2016, Piñera le dijo a Lasso ““es importante que los paraísos fiscales desaparezcan porque se utilizan para actividades reñidas con la ley y la moral”. EFE

Pese a que Guillermo Lasso y Sebastián Piñera han sido nombrados dentro de la investigación periodística sobre los papeles de Pandora, existen diferencias constitucionales que separan a ambos procesos.

La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), sobre paraísos fiscales y empresas offshore, salpicó a tres presidentes de la región, entre ellos, al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, y al presidente chileno Sebastián Piñera.  

Aunque los dos procesos judiciales están siendo tratados por ambos congresos, se trata de dos procedimientos completamente diferentes, empezando por las normativas constitucionales de cada país.

“La conducta que se está imputando en el Congreso chileno no es la misma que acá se pretende con el Presidente Lasso”, dijo el abogado constitucionalista Ismael Quintana, refiriéndose a varios comentarios que tratan de asemejar estos casos.

Lasso vs Piñera en Pandora Papers

Por un lado, el caso de Guillermo Lasso dentro de los papeles de Pandora se enmarca en que el Ejecutivo, según las revelaciones de la investigación del ICIJ, habría tenido 11 vínculos con sociedades offshore o paraísos fiscales en Panamá y Estados Unidos antes de ser presidente.

Pero la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea, después de un proceso de investigación del caso, determinó en su último informe que Guillermo Lasso aún mantiene esos vínculos y, por tanto, incumplió con el art. 4 de la Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta sobre paraísos fiscales; esta impide a cualquier candidato a una elección popular ser beneficiario de entidades de este tipo; así como también estaría incurso en la inhabilidad establecida en el art. 7 de la misma norma, para las elecciones generales del año 2021, lo cual desembocaría en un ‘escenario de crisis de gobernabilidad’.

Y en base a esa presunción, la Comisión estableció que “se configura el incumplimiento constitucional a lo dispuesto en el artículo 130 numeral 2 de la Constitución de la República por grave crisis política y conmoción interna”, lo cuál daría paso a una posible destitución.

Por otra parte, las revelaciones de Pandora Papers también involucraron al presidente de Chile, Sebastián Piñera, al mencionar irregularidades sobre la compraventa del proyecto minero ‘Dominga’, que perteneció a la familia del primer mandatario.

Por este motivo, el 9 de noviembre, la Cámara de Diputados (mayoría de oposición) aprobó una acusación constitucional (juicio político) en su contra, que podría terminar en la inhabilitación para ejercer cargos públicos o en su destitución a pocos días de finalizar su mandato. 

Según la Constitución Política de Chile, el Art. 52, faculta a la Cámara de Diputados, a fiscalizar al Presidente de la República por “por actos de su administración que hayan comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, o infringido abiertamente la Constitución o las leyes (…)”, y es precisamente bajo esa causal que los diputados tomaron esta decisión.

Ahora, este proceso debe ser analizado por el Senado que es el que tiene la última palabra para juzgar a Sebastián Piñera.

CONTROVERSIA. La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea levantó un informe con base a los pandora papers.
CONTROVERSIA. La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea levantó un informe con base a los pandora papers.

Las diferencias

Para el constitucionalista Ismael Quintana, estos dos procesos son diferentes y resulta imposible comparar la constitución de Chile con la de Ecuador debido a que existen causales abiertas y diferenciadas de enjuiciamiento político.

“En el caso de Piñera se está investigando una conducta producida en el ejercicio del cargo, es decir, que él se habría valido de su calidad de Presidente de la República para forzar la inversión de bienes o dinero en paraísos fiscales para beneficio propio y de terceros”, explica Quintana, mientras que al Presidente de Ecuador se le acusa de que al momento de la inscripción de su candidatura no se habría desvinculado de las inversiones en paraísos fiscales.

En este sentido, la Comisión de Garantías Constitucionales no habló de un juicio político para el presidente Lasso debido a que el art. 130 de la Constitución, que señala que la Asamblea podrá proceder al enjuiciamiento político por: delitos contra la seguridad del Estado, delitos por concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito; y delitos de genocidio. El tema de Lasso no se encasilla en ninguna de estas causales.

Es por esto que Quintana remarca que se trata de procesos completamente diferentes y que no se los puede comparar por el hecho de que vienen de una misma investigación. “En el caso de Lasso, a diferencia de Piñera, se habla de una supuesta inhabilidad que se produjo al momento de inscribir la candidatura”.

Pandora vs  Filtraciones previas

INVESTIGACIÓN AÑO DATOS NÚMERO DE ARCHIVOS
Offshore Leaks 2013 260 GB 2,5 millones
Panama Papers 2016 2,6 TB 11,5 millones
Paradise Papers 2017 1,4 TB 13,4 millones
Pandora Papers 2021 2,94 TB 11,9 millones