Un juez aceptó la acción de protección impulsada por las trabajadoras sexuales en contra del Municipio de Quito. ¿Qué cambiará tras ganar la acción legal?
Nelly Hernández llega el 21 de marzo de 2023 a la Plaza del Teatro, en el Centro Histórico de Quito, con una decena de papeles que sujeta con fuerza y que cada tanto levanta en señal de victoria.
Esos documentos contienen la sentencia– en primera instancia– a favor de las trabajadoras sexuales del Centro Histórico, a las que representa Hernández, y quienes impusieron una acción de protección contra el Municipio de Quito.
“Esto es histórico. Nunca, ningún juez había fallado a favor de nosotras las trabajadoras sexuales. Toda la vida hemos sido vulneradas, estigmatizadas y maltratadas”, dice Hernández.
El juez encontró que el Municipio de Quito vulneró el artículo 326 de la Constitución, que determina el derecho al trabajo.
Batalla ganada
Hernández explica que desde el año 2001 buscan que por medio de un Juez se les permita trabajar en las calles y plazas del Centro Histórico.
“Todas las alcaldías llegan y nos quieren reubicar. Nosotras no podemos estar en un chongo, porque las trabajadoras sexuales que envejecen ya no tienen trabajo en esos lugares, entonces van a las calles. Nosotras tenemos compañeras de más de 70 años que siguen ejerciendo el oficio, pero que lo deben hacer buscando clientes en las calles”, comenta.
En 2021, el alcalde Santiago Guarderas señaló a LA HORA que tenían un plan de reubicación. “Tenemos ya un acuerdo que ellas (trabajadoras sexuales) se retirarían de la parte del Centro Histórico, hasta el 30 de octubre de 2021.”
Hernández reconoce que iniciaron mesas de trabajo, pero aclaró que el Municipio planteó un “plan de convivencia” que –a criterio de las trabajadoras sexuales– las perjudicaba. “Por eso presentamos una contrapropuesta, pero no fue estudiada. Entonces, desde septiembre de 2022 no hemos vuelto a tener mesas de trabajo”, detalla Hernández.
Ni reubicadas, ni clausuradas
Quienes ejercen este oficio en el Casco Colonial se ubican principalmente en las plazas del Teatro y de Santo Domingo y en las calles: Manabí, Flores, y Rocafuerte. Hay tres casas con cámaras de seguridad y botones de pánico hacia donde van las trabajadoras con sus clientes. Uno de estos sitios fue clausurado el 10 de marzo, cuando se realizó un operativo de control.
Juan Chacón, comandante del Distrito de Policía Manuela Sáenz, indicó que el sitio era “guarida de delincuentes, quienes después de cometer sus actividades ilícitas inmediatamente se esconden”. También dijo que la razón social de la residencia es para brindar hospedaje a turistas, tanto nacionales como extranjeros, y que la misma se estaría incumpliendo.
Hernández dice que las clausuras se deben a una “trampa en la licencia emitida por el Municipio (durante la alcaldía de Jorge Yunda)”.
La Licencia Metropolitana Única para el Ejercicio de Actividades Económicas (LUAE) es el alquiler del bien inmueble, lo que hace que el sitio deba ser usado para hospedaje. Con la sentencia del juez deberán cambiar la LUAE a casas de trabajo sexual. “Con la sentencia no nos pueden mover de las plazas y calles. Tampoco pueden clausurar”, detalla Hernández, y agrega que el Municipio apeló pero ella confía en que “los jueces no le den paso a la apelación”. (AVV)