Las empresas financieras falsas no tienen quien las controle y sancione

REALIDAD. Los fraudes están fuera de la vista de las autoridades. En Quevedo, el gerente de una empresa de captación de dinero asegura que la está legalizando.
REALIDAD. Los fraudes están fuera de la vista de las autoridades. En Quevedo, el gerente de una empresa de captación de dinero asegura que la está legalizando.

Ni las superintendencias ni el SRI pueden supervisar a este tipo de entidades. La ley abarca solo a empresas legalizadas.

Luego de 16 años, solo está preso uno de los involucrados en la estafa del notario Cabrera en Machala. A pesar de haber sido un perjuicio de más de $100 millones de dólares a más de 35.000 personas, el resto de responsables han sido absueltos o andan libres luego del pago de caución.

Además, los perjudicados no han podido recuperar el patrimonio perdido. Esta realidad es consecuencia de la falta de controles para identificar oportunamente las estafas financieras.

A propósito del reciente escándalo por el fraude piramidal en Quevedo, Rosa Matilde Guerrero, asesora de supervisión basada en riesgos e inclusión financiera de la Superintendencia de Bancos, reconoció, durante una entrevista con radio Visión, que no tiene capacidad legal para pedir cuentas, hacer revisiones ni imponer sanciones a las instituciones financieras falsas que proliferan en el país.

Según la funcionaria, los artículos 62 y 142 de la Ley de Instituciones Financieras solo permite controlar a las entidades formales, y todo lo demás queda en una zona obscura.

“Constantemente hacemos monitoreo en redes sociales y recogemos denuncias de la ciudadanía para alertar sobre empresas falsas. Hasta ahí puede llegar nuestra acción”, dijo.

En otras palabras, tanto la Superintendencia de Bancos como la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria solo pueden publicar alertas sobre las empresas fraudulentas y hacer campañas de concienciación de cara a la ciudadanía.

Si llegan denuncias sustentadas, el papel de los organismos de control es pasar el expediente para que la Fiscalía inicie una investigación.

Javier Bustos, abogado tributarista, explicó que, por otro lado, el Servicio de Rentas Internas (SRI) también tiene grandes limitaciones para detectar esas estafas. “Normalmente no se usan facturas legales, sino recibos y pagarés que quedan fuera de cualquier control. El mal uso de un RUC solo se puede determinar con una inspección en el sitio, luego de una denuncia”, acotó.

Diario LA HORA consultó a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) sobre su papel para controlar movimientos atípicos de dinero y posible lavado de activos en esos esquemas fraudulentos, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Recuperar el dinero es misión casi imposible

Cada mes, en promedio, solo en la Fiscalía de Pichincha se receptan entre 24 y 40 denuncias sobre estafas financieras de todo tipo. De ese total, alrededor de 3 a 4 corresponden a esquemas piramidales de supuestas “inversiones milagrosas” como la última en Quevedo.

Antonio Verdezoto, abogado en temas financieros, explicó que esas cifras son un pálido reflejo de la realidad. Así, se debería multiplicar por tres o cuatro para llegar a la real dimensión del problema. La mayoría de los perjudicados nunca llega a denunciar.

Uno de los mayores problemas es que el 70% de las estafas se hacen a través de redes sociales y los perjudicados no tienen sustentos para probar lo sucedido. Además, los estafadores desaparecen fácilmente sin dejar rastro.

Según datos de la Policía Judicial (PJ), hasta 2019, se recibía un promedio de 25 denuncias sobre esquemas de fraude financiero. Sin embargo, en los últimos tres años se capturó a menos de 20 personas relacionadas a esos casos.

Procesos pueden demorar años

Según Verdezoto, el delito de estafa es el que encaja con casos como el de Quevedo. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), la pena puede ser de 7 a 10 años de cárcel.

Con agravantes (monto mayor a 10 salarios básicos, tercera edad), la condena puede ser de hasta 14 años.

Sin embargo, lo primero que hay que saber es que los delitos por estafa prescriben a los seis meses, por lo que se deben tomar acciones contundentes a corto plazo.

“En la mayoría de los casos, los perjudicados no tienen los sustentos necesarios para defender su caso. Un proceso puede durar entre dos y tres años y tener un costo económico alto”, acotó Verdezoto.

En estafas por internet, una de las mayores limitantes es localizar el paradero del estafador.

En más del 90% de los casos, las denuncias no terminan en un beneficio para el perjudicado.

Solo las inversiones legales tienen respaldo

Si una institución financiera legal quiebra, los clientes pueden recibir, en plazo máximo de 20 días desde que se inicia la liquidación, una cobertura de hasta $32.000.

A través de la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados (Cosede), se devuelve inmediatamente hasta ese valor; y si los montos defraudados son mayores se debe esperar a que el liquidador establezca un cronograma de pagos.

En otras palabras, existe un sistema de protección a los clientes y las posibilidades de recuperar el dinero son altas. En el caso de mutualistas y cooperativas, la cobertura va de $1.000 (instituciones más pequeñas) a $32.000 (instituciones más grandes). (JS)