La piratería digital deja sin trabajo a 7.400 personas en el país

La actividad también reduce los tributos para el Estado y genera pérdidas por $250 millones a las empresas de televisión de paga.

En América Latina, la piratería digital causa pérdidas de entre $733 millones y $1.000 millones anuales a las empresas que proveen el servicio de televisión de paga. De los aproximadamente 223,3 millones de usuarios de Internet, casi el 50%, o 110 millones, accede a sitios que distribuyen contenidos audiovisuales pirateados.

Pero más allá de las afectaciones económicas a las empresas, que redundan en un menor pago de impuestos, el pirateo de contenidos audiovisuales causa daños directos a los países en donde prolifera este delito. Esto ocurre, por ejemplo, porque las pérdidas se traducen también en oportunidades laborales que no se generan.

Según un estudio hecho en conjunto entre el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina y la consultora Ether City, un proveedor legal de TV pagada crea aproximadamente 200 puestos de trabajo, tanto directos como indirectos, por cada 100.000 abonados.

Eso quiere decir que en Ecuador se están dejando de generar, al menos, 7.400 empleos adecuados adicionales, con los que se podría generar mejores condiciones de vida para más de 29.600 personas de manera directa e indirecta.

Romina Murillo, economista e investigadora en temas digitales, comentó que los ingresos de la piratería quedan en pocas manos y aumentan la desigualdad social. Además, los consumidores están expuestos al robo de datos personales.

“Los sitios ilegales son una amenaza para los usuarios, ya que este tipo de webs ganan una importante suma de dinero por instalar virus que permitan a los cibercriminales robar datos personales, como pueden ser los bancarios y la identidad de las víctimas”, dijo.

En el caso de Ecuador, mientras el mercado legal llega a 1’897.303 personas, las conexiones piratas involucran a más del doble, es decir, más de 3’794.000 usuarios. Eso representa una pérdida de ingresos de más de $250 millones al año para las compañías legales.

El 85% de ese negocio se concentra en los contenidos de televisión pagada y streaming. De acuerdo con el informe ‘Ecuador Estado Digital’, elaborado por Mentinno – Innovation & Lifetime Value Partners, menos del 40% de los usuarios potenciales en el país tiene una suscripción legal a este tipo de servicios.

Alta visibilidad internet y redes

El reporte titulado ‘Dimensión e impacto de la Piratería online de contenidos audiovisuales en América Latina’, elaborado por el Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina, establece que en Ecuador hay una alta disponibilidad y visibilidad de ese negocio ilegal.

Por ejemplo, el 56% de los primeros resultados de Google dirigen a enlaces de servicios pirateados; además, el 30% de los posts de redes sociales también tiene ese mismo destino.

“La suscripción a esos servicios incluso paga anuncios para ganar relevancia ante los motores de búsqueda. La disponibilidad de películas y series ilegales es más alta si se compara con otros países de la región” puntualiza el informe sobre la realidad ecuatoriana.

Entre 2019 y 2020 se identificaron alrededor de 400 ofertas piratas en internet. (JS)

Los enlaces a servicios ilegales tienen hasta 400% más vistas que los legales.

Hace 22 años, es decir en 1999, las pérdidas por la piratería digital llegaban a $25 millones anuales.

Solo dos sentencias penales contra la piratería

El pasado 10 de julio de 2021, se emitió la segunda sentencia privativa de libertad por piratería de TV pagada en el país. Además, se concedió la primera indemnización al Estado por aprovechamiento ilícito de servicios públicos.

Esas medidas fueron en contra de la aplicación IPTV LISTO, la cual difundía contenido exclusivo de DIRECTV, en especial toda la programación deportiva, a través de tres señales, así como de otros programadores.

En total, esa aplicación comercializaba ilegalmente más de 500 canales dentro de su oferta de servicio de audio y video. Los costos que se cobraban iban desde los $9 mensuales hasta los $72 por año.

El proceso duró más de tres años desde su inicio, el 5 marzo de 2018. Así, se tuvo que esperar dos años para lograr que la aplicación deje de operar y se incauten los equipos. Sin embargo, la pena concedida fue de cuatro meses de cárcel y una multa de $400, un Salario Básico Unificado (SBU).

La indemnización al Estado ecuatoriano, a través de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel), se estableció en $44.836.

Hace 3 años, en 2018, se produjo la primera sentencia en un caso de piratería de señal de TV pagada. En esa ocasión se sancionó con 1 años de cárcel a dos administradores del servidor IKS 61, más una multa. Este servicio pirata era usado para compartir llaves que desencriptaban señales de varias compañías operadoras.