La creación de la nueva agenda legislativa debe tomar en cuenta el Plan de Desarrollo del Gobierno. Hay un corto espacio para los acuerdos.
El cortocircuito en la democracia ecuatoriana, con un Poder Legislativo que cambió a sus máximas autoridades y un Ejecutivo que estuvo a punto de ser destituido, requiere de un tratamiento sensible.
Los caminos separados por los que han optado las dos funciones del Estado se han evidenciado más en los últimos días. Tenemos un Presidente que ha decidido prescindir del Legislativo para los cambios estructurales que se requieren para el país. La falta de una mayoría que apoye las iniciativas gubernamentales, construyó un escenario en el que las maniobras para alcanzar las reformas son cada vez más limitadas.
Del otro lado, la nueva mayoría, integrada por el correísmo, Partido Social Cristiano (PSC), rebeldes de la Izquierda Democrática (ID) y Pachakutik (PK) pueden bloquear cualquier iniciativa gubernamental.
Pero ante la falta de una mayoría con 91 votos, el Presidente puede triunfar, finalmente, ante cualquier proyecto de ley. En especial con un veto total a una propuesta legislativa.
Este escenario, si se ejecuta sin cambios, será desgastante para los dos poderes porque los problemas que viven a diario los ecuatorianos no tendrán soluciones concretas y prontas.
Las justificaciones que aparezcan, relacionadas con la pugna política, no servirán para los votantes.
Una alternativa
No obstante, los dos poderes pueden acordar. Si el Gobierno lo está haciendo con la Conaie y sus aliados, luego del paro nacional y entregando información de todo tipo, con mayor soltura puede conseguirlo con la Asamblea.
El talante democrático del Ejecutivo, que a muchos analistas estorba porque no es igual a la mano dura que esperan, puede ser la alternativa que identifique a los políticos que quieren dejar al Ecuador en crisis y con altos costos sociales.
El presidente de la nueva mayoría legislativa, Virgilio Saquicela, se ha comprometido a difundir la nueva agenda legislativa, su hoja de ruta, hasta el final de esta misma semana.
Para esto se ha reunido en dos ocasiones, con asambleístas y también con representantes de la sociedad civil.
Ruta obligatoria
Pero Saquicela no ha mencionado algo que es fundamental en el actual momento democrático: la Asamblea debe plegar al Plan Nacional de Desarrollo. Obstruirlo es causal para la destitución de todos los asambleístas. Así dice el artículo 148 de la Constitución.
Este Plan Nacional de Desarrollo, llamado Plan de Creación de Oportunidades 2021-2015, está aprobado y vigente.
Entonces, alcanzar acuerdos, en beneficio de la población, evitando las pugnas políticas interminables, es una obligación.
Y no se requiere pactar en todo, en los cinco ejes, 16 objetivos o 55 políticas públicas. Pero sí en lo más urgente. Por ejemplo, las nuevas relaciones laborales, leyes para incrementar exportaciones o incrementar la actividad agropecuaria. Determinar cuáles son las particularidades territoriales para la asignación de recursos y hacerlos efectivos, mejorar el sistema de seguridad social, garantizar plenamente el acceso a la educación. Mejorar la seguridad y la vida de las personas que están más expuestas al narcotráfico, como en el cordón fronterizo norte. O, normas realistas para la adaptación al cambio climático sin lastimar la economía nacional. Y pueden enlistarse más puntos.
Hay la oportunidad de sanar las agendas. Empatarlas en determinados asuntos en bien del país. No hacerlo puede obligar a que el Presidente desenvaine la espada, la muerte cruzada. Hasta mayo de 2025, cuando deben cambiar el Gobierno y la Asamblea, son 34 meses. Hasta el momento, solo será tiempo de pugnas, enfrentamientos y desacuerdos. (JC)