La Judicatura debe pagar la reparación económica de Fausto Murillo

Fausto Murillo, durante una rueda de prensa realizada en Quito.
Fausto Murillo, durante una rueda de prensa realizada en Quito.

El vocal recuperó su cargo en el Consejo de la Judicatura. Dejó abierta la posibilidad de una acción de protección en contra de cuatro vocales del CPCCS.

Fausto Murillo Fierro estuvo 70 días fuera del cargo de vocal del Consejo de la Judicatura. Esta decisión fue tomada el 23 de abril de 2021 por cuatro vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

Este martes 22 de junio, el pleno del Consejo de la Judicatura, por decisión unánime, resolvió la reincorporación inmediata de Murillo. La decisión se tomó luego de recibir la notificación de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Pichincha, que dictaminó que el Cpccs no tiene la autoridad para destituir al vocal.

Murillo calificó la acción de los vocales del Cpccs como arbitraria, abusiva y violatoria de la normativa legal vigente y del dictamen de la Corte Constitucional (CC).

Mencionó que existirá una reparación integral económica, aunque no precisó el monto. Lo que sí mencionó es que  deberá ser cubierta por la Judicatura.

Dijo también que deja abierta la posibilidad de iniciar una acción de repetición en contra de los cuatro vocales del Cpccs que votaron a favor de su remoción.

Murillo aclaró que la prohibición que pesa en su contra es para retornar a la carrera judicial, en la que estuvo 25 años y por la cual recibió una compensación económica. «El impedimento existe para la carrera judicial (…) pero puedo ejercer el cargo de vocal del Consejo de la Judicatura», sostuvo.

Antecedentes

El 23 de abril el Cpccs removió de su puesto a Fausto Murillo como vocal del Consejo de la Judicatura, acogiendo un pedido del Ministerio del Trabajo. Cuatro vocales votaron a favor, tres en contra y uno se abstuvo.

El argumento fue que Murillo no podía ser vocal de la Judicatura por haber pertenecido a la Función Judicial hasta el año 2012. Luego del proceso de desvinculación recibió una compensación de $30.600.

Tras dos meses de idas y vueltas, los jueces de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha dictaminaron que se vulneraron los derechos de Murillo.

Argumentaron que el Cpccs actuó sin la competencia constitucional y legal para removerlo de su cargo. Además, omitieron la debida motivación del proceso y no notificaron el inicio del procedimiento en su contra. Esto le habría impedido su defensa técnica y el derecho a la seguridad jurídica.

Cinco vocales con sus suplentes integran el Pleno del Consejo de la Judicatura.