Solo un juez podrá determinar si procede o no una orden de arraigo en contra del Presidente de la República, Lenín Moreno.
El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, denunció al presidente Lenín Moreno y a la exministra de Gobierno, María Paula Romo, por el delito de lesa humanidad, por los violentos hechos registrados en octubre de 2019.
Además, pidió el ingreso de él (Carrión) y de su familia al sistema de protección de víctimas y testigos. Pero esta querella tendrá que esperar.
La denuncia fue presentada el 23 de marzo en la Fiscalía General del Estado, con base en los resultados del informe de la Comisión de la Verdad, pidiendo el arraigo de: Nelson Villegas, excomandante general de la Policía; Lenin Bolaños, exjefe del Estado Mayor de la Policía; María Fernanda Tamayo, exinspectora general de la Policía; Hernán Carrillo, exdirector general de Operaciones de la Policía; y, Víctor Aráus, excomandante de la zona 9, personas involucradas en el cometimiento del presunto delito de lesa humanidad.
Para que esta acción se ejecute, se requiere de la orden de un juez, que tomará su tiempo mientras el proceso avanza y se realiza las investigaciones del caso, según explica el analista político Fabián Pozo.
“La Defensoría del Pueblo puede enviar una solicitud, demandar o exhortar a las autoridades, pero temas como la prohibición de salida de un país, solo lo puede determinar un juez”, explica. “El Defensor cumple una labor apremiante, puede impulsar la causa y supervisarlas”.
Coincide el analista político Salvatore Foti: “Si la Fiscalía determina que existen elementos suficientes entonces se daría paso a la demanda. Una solicitud de la Defensoría del Pueblo no tiene ningún efecto vinculante, pero sí es un termómetro de cómo está el país, porque es evidente que el Presidente ya tiene muy poco liderazgo”.
Mientras tanto, la Fiscalía General indicó que no ha sido posible concretar las entrevistas con Carrión y su familia para poder evaluar si ingresan al sistema de testigos protegidos.