Los criterios no siempre se toman en cuenta, explica una experta. Dice que los nombramientos, a veces, se dan como favores de amistades.
El presidente, Guillermo Lasso, ha nombrado cuatro embajadores y un representante ante organismos internacionales, hasta el 26 de julio de 2021. Además se prevé que en estos días legalice el nombramiento del exdirigente socialcristiano, Pascual del Cioppo Aragundi, como embajador de Ecuador en España, tras obtener el beneplácito del Gobierno del Reino de España.
Guillermo Lasso tiene la facultad de definir la política exterior, así como nombrar y remover a embajadores y jefes de misión. Así lo señala el artículo 147 de la Constitución.
La primera designación del presidente Lasso se firmó el mismo día en que asumió su cargo. Ivonne Abuchacra de Baki fue ratificada como embajadora ante el gobierno de Estados Unidos.
Cincuenta días después se designó a los nuevos embajadores ecuatorianos: Sebastián Corral Bustamante, destinado a Reino Unido e Indonesia; Roberto Illingworth Cabanilla, para Uruguay; y Óscar Orrantia Vernaza, para Francia.
Las tres designaciones responden al sector empresarial y al comercio. Solo el nombramiento de Mauricio Baus Palacios como representante permanente de Ecuador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con sede en París (Francia), corresponde a un funcionario de carrera.
La ley lo permite
La Ley Orgánica de Servicio Exterior en su artículo 82 permite que el presidente de la República realice este tipo de designaciones de funcionarios por fuera de la carrera, siempre y cuando no exceda el 20% del total de funcionarios de primera y segunda categoría. Este nombramiento es exclusivamente en cargos de Jefes de Misiones Diplomáticas y de Consulados Generales.
A estas designaciones se las conoce como cuotas políticas. Al término del gobierno del expresidente Lenín Moreno, 18 de 44 embajadores eran cuota política, es decir, que no eran diplomáticos de carrera.
Jacques Ramírez, analista en relaciones internacionales, dice que es una práctica común, no solo regional sino a nivel global, la primera autoridad tiene la potestad de nombrar a los embajadores que son los representantes del país en el Estado nación donde ha sido designado.
Pero explica que estos nombramientos igual deben cumplir ciertos requisitos, como el manejo del idioma extranjero, conocimiento en política exterior, migración o comercio porque los embajadores serán los responsables de mantener los lazos políticos y abrir nuevas puertas en el ámbito económico, comercial, cultural y otros.
Crítica que a veces estos criterios tampoco se toman en cuenta y los nombramientos se dan como favores de amistades, alianzas electorales y lazos familiares.
“Lo que hemos visto en la historia de nuestro país es que muchas de estas personas llamadas por cuotas políticas, efectivamente no cumplen con estos perfiles adecuados para representar al país, más bien responden a favores de campaña”. En ese marco, el analista considera que el gobierno de Lasso hizo alianzas con el sector empresarial y mediático.
Por otra parte, la Cancillería informó que se espera el beneplácito de al menos seis países en los próximos días. (MC)
Academia diplomática
Con el propósito de formar a los diplomáticos ecuatorianos se creó la Academia Diplomática en 1986. Sin embargo, su trabajo no ha sido constante. En 2006 se inició un proceso de reestructuración para mejorar la oportunidad de formación y preparación a los funcionarios del servicio exterior, pero este proceso tampoco duró mucho. Bajo el gobierno del expresidente Rafael Correa se cerró la Academia y fue reabierta en noviembre de 2019 con el excanciller José Valencia.
Jacques Ramírez dice que es necesario que las personas que desean ser embajadoras cumplan con los estudios necesarios como lo hace un militar raso para llegar a ser General. Esta carrera diplomática va desde el tercer secretario de Gobierno hasta llegar a ser Embajador. De lo contrario, el riesgo que se corre es que se pierda una oportunidad de fortalecer vínculos con el país que ha sido designado en materia de política exterior. Aunque señala que se podría mitigar la situación, si desde el Estado se garantiza un proceso de inducción para las nuevas autoridades designadas.