La credibilidad de la Contraloría General del Estado ha bajado al verse salpicada por casos de corrupción. El nuevo proceso de designación al nuevo Contralor busca sanear la situación, también ha sido cuestionado.
Las irregularidades en la Contraloría General del Estado obligaron a tomar dos medidas: el juicio político en contra de Pablo Celi de la Torre, e iniciar un concurso para designar a su reemplazo.
Ahora la situación de la Contraloría está en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), que aprobó el reglamento para designar a la nueva autoridad y en la Asamblea Nacional que analiza el juicio político de Celi que, hasta el 29 de julio de 2021, prevé evidenciar una trama delictiva interna.
Así lo dice Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que tiene de plazo hasta el sábado 31 de julio para entregar el informe que archive o llame a juicio político a Celi.
Este plazo, a criterio del legislador Juan Carlos Lloret, que impulsó el juicio, es difícil de cumplir, pues son más de 30 mil hojas, 80 horas de video y 120 pedidos de información que la Comisión deberá revisar.
De ser llamado a juicio, Celi podrá ser censurado por la Asamblea Nacional lo cual le impedirá ejercer un cargo público y abrirá una investigación en la Fiscalía. Para el abogado constitucionalista y analista político, André Benavides, el juicio permitirá seguir en el entramado de corrupción interna, pero critica que es anacrónico porque ya no se puede destituir a Celi, que el 5 de julio presentó su renuncia.
Sin credibilidad
Según la encuestadora Click Repor en su sondeo realizado en Quito y Guayaquil, se demuestra que las personas ya no confían en la Contraloría, en un 54,34%; mientras que un 27,89 % se mostró neutro; y, un 17,76 % confía mucho.
Con el nuevo proceso de designación de Contraloría se esperaría que el nivel de credibilidad de la institución, encargada de las auditorías internas y externas de entidades del sector público y privadas, se eleve.
Pero corre riesgo de no ser así porque el reglamento aprobado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social no garantiza la transparencia del concurso, así lo explica la consejera María Fernanda Rivadeneira.
El reglamento genera duda
La normativa aprobada plantea que los postulantes para la nueva autoridad de la Contraloría sean evaluados sobre un total de 100 puntos: 50 por méritos y los otros 50 puntos por oposición.
Esta forma de calificación es la que genera dudas, pues se eliminó la evaluación práctica y se cambiaron los puntajes para la formación académica y experiencia laboral.
Para la consejera María Fernanda Rivadeneira este documento, de 26 hojas, tal como está no garantiza la transparencia del concurso, pues no se evalúa el conocimiento práctico de los postulantes y tampoco los plazos establecidos para cada fase responden a la realidad del proceso.
Con ella coincide Benavides, que señala que el reglamento no se adecua a la condiciones y que debió establecer tiempos más expeditos.
Se prevé que el viernes 30 de julio, el pleno sesione para conocer el instructivo que regirá el concurso, que durará entre seis a ocho meses.
400 mil dólares costará el concurso
Con la aprobación del reglamento, el Consejo de Participación Ciudadana espera que en estos días el Ministerio de Economía y Finanzas apruebe el presupuesto de 393.000 para el concurso.
La consejera Iveth Estupiñan dice que el valor solicitado tendrá como prioridad tres actividades: la publicidad y difusión del concurso; la plataforma donde se almacenará la información y la remuneración para los miembros de la Comisión que se encargará de llevar adelante este proceso.
También dentro de la solicitud se considerará un gasto de $100.000 para “espectáculos culturales y sociales”, así lo difundió diario El Universo. Sin embargo, Estupiñán señala que desconoce los detalles del documento porque fue elaborado por la presidenta Sofía Almeida, pero asegura que los gastos son los necesarios porque se ha considerado, incluso las medidas de austeridad por la pandemia.
Criterio distinto tiene Rivadeneira que asegura que el concurso podría costar menos. Ella se basa en el presupuesto gastado para elegir al defensor público, en el anterior periodo, que alcanzó los $190.000.
Trama delictiva
El juicio político en contra de Pablo Celi de la Torre se realizó por seis causales:
- Presunta arrogación de funciones del excontralor
- No haber determinado las responsabilidades administrativas y penales en contra la empresa Odebrecht
- Violación a la Ley que rige a la Contraloría del Estado al adjudicar un contrato de publicidad en favor de la empresa HDC Producciones.
- Extralimitación de sus funciones al interferir en las competencias de la Función Electoral.
- Interferencia en el proceso electoral de 2021
- Desvanecimiento de millonarias glosas en caso Las Torres.
Sin embargo, tras escuchar el testimonio de 50 personas en la Comisión de Fiscalización se advierte que existe una trama de delincuencia organizada. Por eso el presidente de la Comisión señaló que el informe final no se va reducir solo al periodo de Celi.
También incluirá las glosas de Carlos Polit en el caso Odebrecht; el desvanecimiento de glosas a favor de Galo Chiriboga en Petrochina, entre otras.
Tras la presentación del informe, la Presidencia de la Asamblea Nacional tiene un plazo de 48 horas para convocar al pleno del legislativo. Se necesitan 92 votos para censurar a Pablo Celi de la Torre.