Bajo la presidencia de César Litardo se aprobaron 43 leyes, las presidencias anteriores, de Cabezas y Serrano, pasaron 23; por ‘zoom’ se trabajó más.
El trabajo de la Asamblea 2017-2021 llegó a su fin. El martes pasado, los asambleístas abandonaron la virtualidad en preparación de la última sesión.
Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, menciona que el encierro exigió a los legisladores dedicarse “exclusivamente al trabajo legislativo”. Entonces, se pregunta en qué gastaban su tiempo cuando el trabajo era presencial.
Daniel González, analista político, agrega que el trabajo remoto o a través de herramientas digitales si estaba contemplado en la normativa ecuatoriana, pero rara vez se usaba.
La máquina legislativa se aceleró
De las 76 leyes aprobadas, 33 fueron en sesiones presenciales y 43 en sesiones virtuales. Lo que llama la atención de González es que este trabajó se aceleró durante el último mes de este periodo. Calificó de “irresponsable” aprobar textos de “última hora”.
“La calidad de las leyes no se puede sacrificar por un tema estadístico”, comenta al tiempo de indicar que sus “consecuencias” tienen que ser analizadas por la nueva Asamblea.
Alarcón considera que el Parlamento “no está para romper récords” aprobando leyes, sino que estas deben ser evaluadas por su funcionalidad, aplicabilidad, su respuesta a la realidad local y “no a caprichos de asambleístas”, comentó.
La pandemia plantea una revisión de la efectividad y la necesidad que los asambleístas sesionen físicamente en Quito o si a la virtualidad se la puede tomar como una “ventaja” para reducir gastos, como movilización o bonos de vivienda. “La nueva Asamblea debe considerar un modelo mixto de funcionamiento”, acota.
Lo positivo de la actual Asamblea
No todo es negativo en el trabajo de la Asamblea. Para el control de la calidad y la aplicabilidad de la normativa aprobada, Alarcón explica que por iniciativa ciudadana se implementó el Sistema de Seguimiento y Evaluación de la Ley (Sisel), que mide la viabilidad de la aplicación de la norma, su pertinencia, eficiencia, impacto y si responde a la realidad económica.
González destaca la creación de la Unidad de Técnica Legislativa como una instancia de control en el contenido y redacción de leyes.
Pero considera que esto no es suficiente. Enfatiza en la necesidad de los asambleístas de rodearse de “personal competente” para que las leyes tengan una estructura básica de legislación y estén acorde a lo que el país necesita.
Poco equilibrio
Datos oficiales dan cuenta de que en estos cuatro años se aprobaron 76 leyes; una menos que el periodo 2013-2017 (75); y, 6 más que el periodo 2009-2013 (68). En total el Consejo de Administración Legislativa (CAL), recibió 973 propuestas de ley.
Las temáticas de los proyectos de ley aprobados giran en torno al funcionamiento estatal, división territorial e institucional; economía, finanzas y comercio; justicias, seguridad social; educación y cultura; democracia y derechos humanos; entre otras.
En la administración de José Serrano, que estuvo en el cargo desde el 15 de mayo de 2017 hasta 9 de marzo de 2018, fecha en la que fue destituido, se aprobaron nueve normativas legales. Su reemplazo, Elizabeth Cabezas, en el puesto desde el 14 de marzo de 2018 hasta el 14 de mayo de 2019, aprobó 24 leyes.
En el periodo de César Litardo, desde 14 de mayo de 2019 hasta el 13 de mayo de 2021, se aprobaron 43 leyes. Un número superior si sumamos lo realizado por las presidencias de Cabezas y Serrano. Esto según el último informe de Gestión y Transparencia de la Asamblea, publicado por el Observatorio Legislativo.
¿Quién paga los gastos que genera una nueva ley?
La recientemente aprobada Ley Orgánica de Educación Intercultural determina un alza al sueldo básico para los maestros de $527 a $1.086, así como la creación de un nuevo escalafón, una edad preferencial de jubilación y otras disposiciones que generan una obligación financiera de $6.000 millones. Todo, sin especificar de dónde se obtendrán los fondos.
Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, y el analista político Daniel González coinciden en que la responsabilidad de controlar el impacto en el gasto público de una nueva ley es una responsabilidad compartida entre la Asamblea Nacional y el Ministerio de Finanzas.
Cuando un proyecto de ley implica la generación de un gasto adicional al Presupuesto General del Estado (PGE), el ministerio de Finanzas debe emitir un informe de factibilidad que la Asamblea debe considerar en el proceso de construcción de la ley.
Alarcón acota que, en la mayoría de los casos, el dictamen de Finanzas es negativo. Es decir, con frecuencia el Ejecutivo advierte que no existen los fondos disponibles para financiar las obligaciones que genera una nueva ley. Esto, sin embargo, no detiene la aprobación de leyes.
Esto es una “irresponsabilidad y un accionar populista” por parte de la Asamblea, dice Alarcón. El ministro de Finanzas, Mauricio Pozo, insiste en que además es inconstitucional. (AS)
Dice la Constitución:
- Art. 135.- Sólo el Presidente de la República podrá presentar proyectos de ley que aumenten el gasto público (…).
- Art. 287.- Toda norma que cree una obligación financiada con recursos públicos establecerá la fuente de financiamiento correspondiente(…).