148 mujeres fueron judicializadas, incluso por abortos espontáneos. La investigadora Ximena Casas dice que la Asamblea puede debatir la despenalización total.
Lucía, una niña de 15 años, fue violada cuando regresaba a su hogar desde su institución educativa. Fue condenada a cinco años de prisión después que su bebé muriera tras dar a luz sola en el baño de su casa. Pasó cuatro años y tres meses en una institución de menores.
Este es uno de los 148 casos que presenta el informe “¿Por qué me quieren volver hacer sufrir?”
Este informe muestra el impacto de la criminalización del aborto en Ecuador, ademas recoge y busca que la Asamblea Nacional debata la despenalización del aborto por todas las causales.
El legislativo tiene hasta diciembre de 2021 para aprobar la ley para garantizar el derecho a la interrupción del embarazo por violación en el Ecuador, que fue entregada por la Defensoría del Pueblo, el 28 de junio, a pedido de la Corte Constitucional (CC).
Los legisladores pueden modificar el proyecto e incluso proponer que se amplíen las causales, dice Ximena Casas, investigadora de derechos de la mujer en ‘Human Rights Watch’ y autora del informe que documenta testimonios y cifras de las niñas y mujeres judicializadas por abortar por distintas causas.
38 mujeres en prisión y cientos judicializadas
En 2020, cuando el Código de la Salud fue vetado por Lenín Moreno, el ministro de Salud de ese entonces, Juan Carlos Zevallos, indicó que ninguna mujer ha sido encarcelada por abortar o que se le haya negado la atención en emergencia; que era lo que proponía el Código.
Casas, , detalla que ante esto se vieron en la necesidad de buscar testimonios y casos. En total, el informe recoge 148 casos, entre 2009 y 2019 en los cuales 120 mujeres y niñas, 20 acompañantes y ocho proveedores de la salud fueron procesados penalmente por aborto, incluidos 38 que cumplieron pena de prisión tras la condena o estuvieron privados de la libertad durante el juicio o antes de este.
La conclusión, dice la autora, es que Ecuador “tiene una oportunidad histórica con la sentencia de la CC, que si bien se limita al aborto en casos de violencia sexual, la Corte sí establece con mucha claridad y le deja abierta la posibilidad a la Asamblea Nacional de legislar más allá y cambiar de modelo”, dice Casas que indica que el derecho internacional recomienda que el aborto se despenalice en todas las causales. (AVV)
Impacto en mujeres indígenas y afrodescendientes
Las mujeres en situación de vulnerabilidad son las que tienen más barreras en el acceso a un aborto, incluso si está dentro de las causales despenalizadas. “Ya sea porque no tienen información adecuada o no conocen cómo llegar a los procesos de manera legal”, dice Casas.
Precisamente por eso, son las mujeres pobres, indígenas o afrodescendientes quienes componen la mayoría del universo de mujeres judicializadas por abortar– inclusive si fue espontáneo–.
El informe detalla que “en los casos abordados por ‘Human Rights Watch’, la mayoría de las mujeres y niñas procesadas por someterse a abortos eran de regiones con presencia considerable de poblaciones indígenas o afrodescendientes, como también jóvenes”.
De los 78 casos de mujeres y niñas en los cuales se pudo determinar su edad, el 61% tenía entre 18 y 24 años; el 21% entre 25 y 29 años; el 6% entre 30 y 39 y el 12% eran menores de 18 años.
“Una cantidad desproporcionada procedían de zonas rurales del país”, agrega Casas.
Otro de los problemas en los casos de mujeres vulnerables es que muchas, por falta de recursos, accede a un abogado público que les “termina recomendando que se declaren culpables para que puedan acogerse al proceso abreviado (…) cosa que no pasa con mujeres de clase media”, señala Casas.
A la investigadora le llamó la atención que el 11% de los 148% de los casos de mujeres judicializadas llega de Morona Santiago, donde más de 40% de la población se autopercibe como indígena.
Las mujeres y niñas judicializadas experimentaron violaciones de sus derechos al secreto profesional y al debido proceso.
Así como enfrentaron obstáculos significativos para poder acceder a representación legal de calidad.
De los 148 casos analizados por HRW, el 73% se iniciaron después de que un profesional de la salud denunciara a la paciente ante la policía, violando el secreto profesional.
En 99 de los casos analizados, la Policía interrogó a la mujer en el hospital sin que hubiera un abogado presente (nadie puede ser interrogado sin la presencia de un abogado).
En el 58% de los casos, los defensores públicos asignados a la representación de mujeres y niñas aconsejaron a sus clientas que se declararan culpables para evitar un juicio y acogerse a un proceso abreviado.
Cabe destacar que las acusadas que se sometieron a procedimientos abreviados tuvieron más probabilidades de cumplir penas de prisión. Cerca del 81% de las acusadas en procedimientos abreviados cumplieron penas de prisión, en comparación con el 19% de las acusadas que enfrentaron un juicio.
“La criminalización del aborto perjudica a todas las mujeres y niñas, pero no por igual. En 148 casos de personas judicializadas, En Ecuador, por aborto, las mujeres y niñas eran desproporcionadamente indígenas y afrodescendientes”, Human Rights Watch.
Según el COIP, la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause será sancionada con pena privativa de libertad de seis meses a dos años.
El 61% de las mujeres criminalizadas por abortar tenían entre 18 y 24 años.