Empresarios extranjeros dejan de invertir en Ecuador como consecuencia de la corrupción y malos manejos en el sistema judicial

REALIDAD. Los sobornos son parte de las malas prácticas de parte del sistema judicial
REALIDAD. Los sobornos son parte de las malas prácticas de parte del sistema judicial

Se estima que se han dejado de atraer alrededor de $2.000 millones durante cada uno de los últimos 14 años.

Cada uno de los últimos 14 años Ecuador perdió la posibilidad de recibir alrededor de $2.000 millones de nueva inversión extranjera. Esa pérdida se debe a que los empresarios externos no consideraron al país un destino seguro, debido a la mala situación del sistema judicial.

En otras palabras, la corrupción, politización y poca transparencia en el poder judicial le ha costado al país $28.000 millones de capitales privados.

Con ese dinero se podría haber generado casi 1,5 millones de empleos adecuados, lo que habría significado 1,5 millones de familias menos subsistiendo en la informalidad y la precariedad.

El Gobierno de Guillermo Lasso busca recuperar el tiempo perdido en sus cuatro años de mandato. La meta es atraer al menos $30.000 millones de nuevas inversiones hasta 2025.

Sin embargo, si no se solucionan problemas estructurales como el corrompido sistema judicial, esas buenas intenciones se quedarán a medias, de acuerdo con un análisis de Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE)

Rodrigo Burbano, abogado en temas corporativos, explicó que ningún empresario serio considerará al país como un destino de inversiones a largo plazo,  si cada día salen a la luz casos de jueces que pisotean la ley a cambio de sobornos, o que fallan bajo influencias y presiones políticas.

“En el Gobierno de Correa no solo se metió la mano a la justicia y se manipuló todo el sistema, sino que también se echaron abajo los mecanismos de arbitraje para controversias. Lasso reinsertó al país en instancias internacionales como el Ciadi, pero el sistema sigue teniendo profundos problemas”, acotó.

Burbano puntualizó que es cierto que existen buenos jueces y funcionarios en el sistema, pero un gran porcentaje se ha acomodado a las demandas de políticos, grupos de presión e incluso del creciente narcotráfico.

A la cola de la región

El World Justice Project, que es una organización independiente, mide cada año el concepto ‘Estado de Derecho’. Ese concepto incluye el estado del sistema judicial en las economías de la región.

Ecuador sacó uno de los puntajes más bajos ante la pregunta de si los jueces y funcionarios del Poder Judicial se abstienen de solicitar y aceptar sobornos para cumplir con sus deberes o acelerar procesos.

Además, el país también reprobó ante la cuestión de si el Poder Judicial y las resoluciones judiciales están libres de influencias indebidas por parte del Gobierno, intereses privados, y organizaciones delictivas.

Así, la justicia nacional está entre las 8 más corruptas, solo en una relativa mejor situación que   Venezuela, Bolivia, Nicaragua, México, Honduras y Haití.

En el último año, Ecuador incluso está entre las economías americanas que más empeoraron su calificación. En otras palabras, no solo que no se ha mejorado, sino que se registra un retroceso. En la lista de los peores desempeños entre 2020 y 2021 también están países como Honduras, Argentina, Antigua y Barbuda, Guatemala y Brasil. (JS)

El efecto Lasso no lo es todo

En sus primeros seis meses el gobierno de Guillermo Lasso ha tomado medidas importantes para generar confianza en los inversionistas. El solo hecho de organizar el foro ‘Ecuador Open for Business’ abrió la puerta para que se concreten alrededor de $3.000 millones en nuevas inversiones en el próximo año.

Según el centro brasileño de estudios económicos Fundación Getulio Vargas (FGV), Ecuador es el país de la región donde más ha mejorado el clima para hacer negocios en los últimos meses.

Sin embargo, uno de los mayores lastres es la corrupción y la ineficiencia en el sector público. El Ejecutivo tiene un reto enorme para evitar que se pierdan oportunidades porque los sobornos para adjudicarse contratos públicos siguen siendo una realidad.

Se estima que esas prácticas le cuestan al país alrededor de $2.100 millones anuales.