El presidente Lasso hizo una petición, el viernes, a la Corte Constitucional en el marco del dictamen que dio paso al juicio político. Conozca lo que solicitó el Mandatario.
El viernes, cerca de las 15:41, el presidente Guillermo Lasso, junto con su abogado Édgar Neira, realizó un pedido concreto a la Corte Constitucional. Y hay expectativa del pronunciamiento de los jueces ante esa solicitud.
El Presidente, que sí irá a la Asamblea Nacional el martes, según contó a este Diario el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, cree que la decisión de la Asamblea de seguir con el juicio político por supuesto peculado es ilegal. Los argumentos, dice el escrito, son «contrarios a la Constitución de la República, nulas y sin ningún valor jurídico, incumplen directamente el Dictamen y son violatorios de garantías del debido proceso».
El Presidente, en cinco páginas, relató lo que para él son los motivos que harían que este proceso ya abandonó los parámetros legales y que lo ha dejado en indefensión.
Por ejemplo, recoge el propio pronunciamiento de la Corte que dio luz verde al juicio. El Alto Tribunal dispuso, en el numeral 91, que el procedimiento, amparado en las leyes, rige para todo el proceso. «El principio rector del debido proceso concierne a todas las etapas del procedimiento en que se va a determinar obligaciones o derechos de una persona, especialmente en el caso de procedimientos sancionatorios, lo cual incluye la investigación, la acusación, la calificación o admisión de la acusación, la contradicción y la decisión«, dijo la Corte.
No obstante, para el Presidente hay una grave vulneración de ese numeral del dictamen y del proceso cuando el informe de la Comisión de Fiscalización (que no fue aprobado) no fue puesto en conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
Además, señala el Presidente a la Corte, no singularizaron las pruebas, introdujeron «pruebas de oficio» al margen de las que fueron materia de la acusación política «y, simultáneamente, mientras me correspondía presentar las pruebas de mi descargo ellos introducían estas pruebas nuevas», dijo al Tribunal.
Asimismo, asegura Lasso, se introdujo un documento sobre el contrato de Amazonas Tanker que ahora es base del nuevo proceso, «sin haberme permitido contradecirlo para explicar la evidente falsedad y tergiversación que se quiere hacer del referido documento».
Finalmente, el Presidente explicó a la Corte que la resolución legislativa que dispuso el enjuiciamiento «ha decidido introducir en sus considerandos una serie de elementos correspondientes a los cargos 1 y 2 por supuestos delitos de concusión que fueron expresamente excluidos por el Dictamen de esta Corte».
Estos hechos, a decir del Presidente, «causan un enorme daño a la estabilidad institucional del país y comportan la violación de derechos y garantías fundamentales de la que gozamos todos los seres humanos. Esto es inadmisible bajo el régimen constitucional ecuatoriano y el sistema interamericano de protección de derechos humanos. Más aún, infringen manifiestamente los principios consagrados en los arts. 17 y 18 de la Carta Democrática adoptada el 11 de septiembre de 2001 en Lima y que crea obligaciones internacionales para la República del Ecuador».
Pedido concreto
El Presidente pide que la Corte Constitucional no «esquive el ejercicio de sus atribuciones jurídicas, constitucionales y legales, y asuma la que le corresponde para dar seguimiento y hacer cumplir su Dictamen«.
Fuentes de la Corte Constitucional indicaron que, ante un pedido concreto, los jueces se pronunciarán. Esto puede suceder mañana. (DLH)
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