Los apetitos políticos de la Asamblea correísta, y su revancha, se van contra el mandato popular del 4 de febrero de 2018.
Las metidas de mano a la Justicia no terminan en el país. Las fuerzas políticas, acostumbradas a las mieles de los privilegios, han luchado para controlar a los jueces. Todo para que los magistrados sean mandaderos de los intereses y de las venganzas.
Así, en la última época democrática, varios partidos, coincidentemente los protagonistas de la próxima metida de mano, han controlado los tribunales. Ya las pruebas, expuestas por los medios de comunicación, son parte de las hemerotecas.
El Partido Social Cristiano manejaba la Justicia (con escasas resistencias), incluso en lo penal, hasta que llegó el régimen de Lucio Guitérrez. Antes de su caída, en 2004, cambiaron jueces supremos con su venia. Luego vino el correísmo y, con el ánimo de eternos refundadores, reacomodaron los tribunales con la complicidad de sus abogados y coidearios.
Lenín Moreno llegó al poder. Peleados los compadres a muerte, propuso un nuevo cambio empujado por buscar nuevos amigos y aliados. Pero, a diferencia de los cambios anteriores, este tuvo el respaldo ciudadano a través de la consulta popular de 2018.
La pregunta tres, de las siete planteadas, buscó remover a los integrantes del invento del Consejo de Participación Ciudadana, dominado por el correísmo, para dar paso a un Consejo Transitorio. Este fue liderado por Julio César Trujillo, odiado visceralmente por el correísmo. Pero con un encargo: evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus períodos. 63,08% dijeron que sí. Que lo hagan.
Y ahí estaba la Judicatura correísta. Gustavo Jalkh, Néstor Arbito, Ana Peralta, Alejandro Subía y Rosa Jiménez, salieron del cargo por su falta de independencia del Gobierno, incluso irregularidades en la selección de jueces, según el Consejo de Trujillo.
Los vocales transitorios que los reemplazaron, con Marcelo Merlo a la cabeza, debían evaluar a los jueces de la Función Judicial. Pero no lo concretaron. En septiembre de 2018, el proceso quedó suspendido hasta que lleguen los vocales definitivos.
Así, en enero de 2019, llega el último Consejo de la Judicatura. En el documento de su designación recibieron un pedido claro del Consejo de Participación Transitorio, para cumplir con el espíritu de la consulta popular.
“Ante el clamor ciudadano se exhorta al nuevo Consejo de la Judicatura proceda a fijar los parámetros de evaluación inmediata de los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia y de la Judicatura”, dice el documento oficial de posesión. Y así lo hicieron, dos tercios de la Corte Nacional de Justicia dejaron los cargos.
El Consejo, liderado por Trujillo, buscó el cambio: pasar del correísmo antidemocrático, autoritario, a un mejor Ecuador. Uno democrático y buscando la independencia de funciones.
Pero ese exhorto a la Judicatura, que nació de la voluntad popular en 2018, es precisamente el mayor argumento que tienen los correístas, socialcristianos y amigos, para sacar a los vocales de la Judicatura. Dicen que el cambio de jueces supremos fue supuestamente inconstitucional.
Detrás está el rechazo, odio correísta, a Julio César Trujillo y sus disposiciones apegadas al mandato popular. Y el librar al correísmo de los procesos penales.
Entonces, el objetivo de la consulta de 2018, para recuperar el país del hueco ‘revolucionario’, no va más. Este posible final, apoyado por los socialcristianos y aliados (algunos con casos penales en la propia Corte Nacional), viene cargado de un retorno al país del pasado.
Las cuentas que se hacen de los votos le favorecen a la Asamblea correísta, pero no la credibilidad. Quieren sacar a los vocales de la Judicatura cuando nueve de cada 10 ecuatorianos califica la gestión legislativa como mala, según la última encuesta de Click. Están sepultados ante la opinión pública. Pero eso no les importa. Todavía. (JC)