Judicatura improvisa jueces

La falta de jueces de Garantías Constitucionales obligó a la judicatura a improvisar jueces en remplazo.

El 8 de noviembre de 2021, la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea estableció, en su Informe de investigación sobre la Crisis Carcelaria, que el Consejo de la Judicatura sería una de las instancias del Estado responsable de la crisis que atraviesan las cárceles del país, específicamente por el abuso de prisión preventiva y la falta de jueces de Garantías Penitenciarias y defensores públicos que tramiten estos procesos.

Frente a esta problemática, el Consejo de la Judicatura resolvió ampliar “temporalmente la competencia de los jueces de las Unidades Judiciales de Garantías Penales, de Tránsito y Especializadas en Violencia contra la Mujer o miembros del Núcleo Familiar, para que conozcan y resuelvan las causas que se encuentren en trámite en esta materia penitenciaria (…)”.

Para esto, se designará 126 jueces que, además, se encargarán de tramitar causas de garantías penitenciarias en Azuay, Cotopaxi, Guayas y Manabí; provincias que, sumando, contaban con apenas 19 jueces especializados en Garantías Penitenciarias.

Varios analistas consultados coinciden en que esta medida no solo es ‘imposible’ sino también inútil por la falta de especialización de los jueces penales en lo relacionado a Garantías Penitenciarias.

Nicolás Salas, abogado penalista, resalta que aumentar la carga laboral a jueces de tránsito y delito intrafamiliar, que ya tienen sus competencias definidas, solo agravaría la situación. “Esto no va a ayudar a que los pedidos represados de miles de personas privadas de la libertad se vayan a resolver en menos tiempo”, comenta y señala que se descuidará un área importante para suplir a medias otra área que está en crisis.

Falta de especialización de los jueces

Otra de las fallas que se observa en esta decisión de la Judicatura tiene que ver con la falta de especialización de los jueces asignados en lo que se refiere al sistema carcelario. Por un lado, porque un juez especializado en Garantías Penales tiene que tener conocimientos en criminología, victimología y victimodogmática, según explica Sebastián Cornejo, especialista en Derecho Penal y Procesal.

Por otro lado, porque un juez especializado en este tema tiene la competencia de vigilar y estar presente en los Centros de Reclusión Social (CRS) para verificar que las personas privadas de la libertad (PPL) sean protegidas en sus derechos.

El Código Orgánico de la Función Judicial determina que los jueces de Garantías Penitenciarias tienen la “competencia para la sustanciación de derechos y garantías de PPL con sentencia condenatoria”.

Es decir, para garantizar que lo que establece la ley se cumpla, se debe contar con profesionales que conozcan a fondo el proceso de tratamiento judicial de los PPL porque “es es el juez que va a estar pendiente de ellos, a diferencia de un juez penal que va a conocer el proceso penal y sentenciar”, detalla Cornejo.

Lo que dice la Asamblea

Para Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Seguridad Integral de la Asamblea, hacer este remplazo, aunque sea ‘temporal’, es imposible física y humanamente. “La presidenta de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, explicó que los jueces tienen procesos acumulados y que, para evacuar todo lo que tienen, les llevaría hasta diciembre o más. Por lo tanto, no se les puede cargar físicamente más procesos”, dijo Narváez apuntando a que María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de la Judicatura, habría estado presente.

Defensa de los derechos de las mujeres

Para Virginia Gómez, directora de la Fundación Desafío, esto se trata de una decisión impresentable. Menciona que en el ámbito de violencia contra la mujer también quitaron fiscales que atienden estos temas.

“¿Cómo pueden poner a jueces especializados en violencia contra la mujer a que traten temas penitenciarios?”, se cuestiona Gómez y menciona que los que hay son pocos. “Las niñas siguen siendo violadas, embarazadas y al Estado no le importa”, finaliza.

Gómez también advirtió que luego de una reunión con la Coalición Nacional de la Mujer, se analizará iniciar una acción de protección ante la Corte Constitucional. (MFU)

“19 jueces de Garantías Penitenciarias son absolutamente insuficientes para una población carcelaria en casi 30 mil personas privadas de la libertad”, Nicolás Salas, abogado penalista

“El hilo siempre se rompe por la parte más delgada y, en este caso somos las mujeres y los niños”, Virginia Gómez, directora de la Fundación Desafío. 

14.726 PPL están sin sentencia.
A nivel nacional existen 734 defensores públicos.