Las autoridades del Isspol pidieron detalles de un supuesto altercado con un oficial de Policía que pidió información sobre las inversiones de la institución.
La diligencia se aplazó. El ex ministro del Interior y ex asambleísta, José Serrano, ya no tendrá que rendir su versión libre y voluntaria hoy (martes 18 de enero de 2022), como estaba previsto. La Fiscalía puso un nuevo día y hora. Se prevé que la diligencia se realice el martes 1 de febrero de 2022, desde las 09:30.
Uno de sus abogados, Juan Carlos Salazar, indicó que pidió el aplazamiento de la diligencia debido a que, como abogado, tenía otra audiencia que ya había sido asignada a la misma hora y fecha. Otro de los abogados, Alejandro Cadena, señaló que Serrano «está dispuesto a colaborar con la Fiscalía las veces que sean necesarias».
El agente que lleva el caso también le concedió al ex ministro la posibilidad de entregar su versión vía telemática el 1 de febrero, pero los abogados patrocinadores deberán acudir al edificio de la Fiscalía de Administración Publica, ubicada en la intersección de Juan León Mera y Patria, en el centro-norte de Quito. En el impulso fiscal anterior, que lo citaba para este martes, se indicaba únicamente que debía presentarse ante el fiscal, sin dar alternativa a una audiencia por medios electrónicos.
El ex ministro del Interior dijo en noviembre pasado que reside en Estados Unidos y que realiza trabajos de asesoría sobre seguridad ciudadana a países de Centroamérica.
El pedido para que entregue su versión se dio por solicitud de las actuales autoridades del Isspol que indican que un oficial había tenido un “altercado” con Serrano, que entonces presidía el directorio del Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol).
El general Lino Proaño, a quien también se llamó a rendir su versión, dijo que había pedido información en 2016 sobre las inversiones de la entidad, pero tuvo como respuesta que eso «afectaba la estabilidad de la institución. Además, se busca conocer por qué el ex ministro de Gobierno quería unificar el fondo de cesantía con el Isspol.
Actualmente, la Fiscalía investiga un presunto perjuicio a la Seguridad Social de los policías por cerca de $900 millones. (DPV)
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