Yunda asegura que terminará su periodo, el cual ganó legítimamente en las urnas.
Medidas cautelares, acciones de protección y recusaciones son los recursos legales que la defensa de Yunda ha empleado para dilatar y alargar los procesos iniciados desde que el pleno del Concejo Metropolitano, el 3 de junio de 2021, con 14 votos, decidió que debía abandonar el puesto.
La justicia electoral, su mayor escollo
El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) ratificó que Yunda fue legalmente cesado del cargo por parte del Concejo Metropolitano. Esta fue la decisión que colocó en el puesto de alcalde a Santiago Guarderas, quien se posesionó el 19 de julio de 2021. Once días después debió dejar el cargo por decisión judicial.
Yunda sabe que este es un frente al que no le debe quitar la mirada. Para el 2 de septiembre fue convocada la audiencia en donde se iba a tratar la denuncia en su contra por una aparente infracción electoral, presentada por las abogadas Jessica Jaramillo y Dolores Vintimilla.
El caso recayó en manos del juez Arturo Cabrera, pero fue recusado por la defensa de Yunda, alegando que Cabrera ya había «conocido o fallado en otra instancia la cuestión que se ventila» o por «haber manifestado opinión que sea demostrable, sobre el proceso que llega a su conocimiento».
Este recurso legal detuvo la referida audiencia y ahora el pleno del TCE deberá decidir si la recusación procede o es desechada. Solventado ese paso deberá definir una nueva fecha de audiencia.
Para Jaramillo, la estrategia de la defensa de Yunda es “poner en la congeladora” todos los procesos legales que pesan en su contra en el TCE.
Asegura que con la suspensión otorgada por Cabrera no existe un tiempo límite para que vuelva a ser tratada nuevamente, aunque confía que el TCE “se conduela” de la ciudad y trate el tema en el menor tiempo posible.
Cree que dentro de la “estrategia jurídica” de los abogados de Yunda, “también recusará” a otros jueces que tomen el caso.
Jaramillo cuestiona el trabajo del TCE, institución que a su criterio “ha quedado en la nada, puesto que nadie respeta sus resoluciones” por lo que la Corte Constitucional deberá resolver, jurídicamente, lo que pasa en Quito.
La Corte de Pichincha, su mejor aliada
La decisión de dos jueces y un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha mantiene a Yunda en el cargo. La primera fue de la jueza María Belén Domínguez, que concedió una acción de protección parcial a Yunda sobre el informe presentado por la Comisión de Mesa del municipio que sustentaba el pedido de remoción.
La segunda fue la del juez Carlos Soto, quien concedió medidas cautelares a Yunda al considerar que sus derechos fueron vulnerados en el proceso de remoción. Esta decisión fue desechada por la jueza Grimanesa Erazo lo que permitió que Santiago Guarderas tome el cargo.
Pero un tribunal liderado por el juez Raúl Mariño dejó sin efecto la remoción de Yunda y lo restituyó en el cargo el 30 de julio. Ahora el caso está en manos de la CC, que deberá decidir si el actual burgomaestre capitalino se mantiene en el cargo o si deberá abandonarlo.
Para el abogado Edison Carrillo, todas las acciones carecen de validez desde su «nacimiento», puesto que existen indagaciones derivadas por «irregularidades» al momento del sorteo y designación de jueces que ahora están «siendo investigados».
Plantea cuatro escenarios a los que Yunda puede acudir para continuar con las dilataciones de los procesos en su contra, aunque cree que esto es «una crónica de una muerte anunciada» y pronto deberá dejar el cargo.
Primero, dice que la Fiscalía General del Estado (FGE) debe concluir la indagación previa e iniciar la instrucción fiscal respecto a la denuncia realizada por María del Carmen Maldonado, presidenta del Consejo de Judicatura (CJ) respecto a posibles anomalías que estarían alrededor del sorteo de las causas que presentó Yunda. «Eso podría hacer caer todo en nulidad (…) Es importante no perder de vista lo que pase en la Fiscalía», asegura Carrillo.
Segundo, menciona que la CC «podría pronunciarse», una vez sustanciado el caso de la acción de protección extraordinaria planteada por Santiago Guarderas, y «fallar en contra» de todo lo actuado por la Corte Provincial de Pichincha.
Tercero, considera que la misma Corte puede acortar el proceso de admisión de la petición de Guarderas. Para ello se pueden amparar en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales que les «da la potestad de elegir cualquiera de las sentencias» para revisarlas, y de ser el caso, «corregir los errores cometidos» en el proceso en análisis.
Finalmente cree que, la salida más simple, sería que el TCE active «su potestad de ejecución» para reestablecer en el cargo a Santiago Guarderas en desmedro de Jorge Yunda. (AS)
Jorge Yunda estuvo fuera del cargo de alcalde por 11 días. Lo reemplazó Santiago Guarderas