Entre los delitos investigados están peculado, asociación ilícita y delincuencia organizada. Otros dos asambleístas tienen procesos penales pendientes que se abrieron antes de que integren el Legislativo.
Son delitos castigados con hasta trece años de prisión. La Fiscalía tiene abiertas siete investigaciones previas en contra de legisladores del periodo 2021-2025 por tráfico de influencias, delincuencia organizada, concusión y peculado; es decir, delitos contra la administración pública.
Los datos fueron proporcionados a LA HORA por la Coordinación General de Asesoría Jurídica de la Fiscalía. La entidad indicó que no puede dar a conocer los nombres de los indagados, porque en esta etapa “se encuentran bajo reserva”, como lo indica el artículo 584 del Código Integral Penal vigente (Coip). También se desconoce, por el momento, si estas indagaciones fueron realizadas antes de ser electos.
Casos que están judicializados
Otra institución, la Corte Nacional de Justicia también respondió a un pedido de información de LA HORA sobre procesos abiertos en contra de actuales legisladores. Los datos fueron extraídos de la Base de Datos de Pruebas a la que tiene acceso la Unidad de Tics del Alto Tribunal.
Ahí se observa que existen dos procesos que se iniciaron en contra de legisladores antes de que asuman las curules en la Asamblea y que continúan activos.
Casos por concusión
Uno de esos procesos pertenece a Mariano Curicama (Partido Minga), quien tiene un caso abierto desde el 3 de septiembre de 2020, por posible concusión. Este delito se sanciona hasta con cinco años de prisión, según el art. 278 del COIP.
El exprefecto de Chimborazo recibió medidas cautelares a la prisión preventiva desde 2020. Un juez determinó que debía usar un dispositivo electrónico y presentarse periódicamente en la Fiscalía de Chimborazo.
Mariano Curicama y la ex viceprefecta, Tránsito Lluco, fueron investigados tras la denuncia de dos exempleados del Gobierno provincial que indicaron descuentos ilegítimos en sus salarios. Según la información proporcionada por la CNJ, el proceso ya está en etapa de llamamiento a juicio. LA HORA buscó su versión, pero el funcionario no respondió a los mensajes.
El peculado ronda a los políticos
Otro asambleísta que no contestó fue el legislador Salvador Quishpe (PK). Los archivos obtenidos de la Base de Datos de Pruebas indican que un caso de supuesto peculado ya está listo para “sustanciar la etapa del juicio”. Ese delito se sanciona hasta con 13 años de cárcel (Art. 278 del COIP)
Quishpe afronta un proceso penal iniciado en 2015, por la declaratoria de emergencia para la construcción de cuatro puentes, cuando era prefecto de Zamora Chinchipe. Otras tres investigaciones en su contra fueron desechadas.
En una declaración anterior, Quishpe dijo que esas acciones legales en su contra eran producto de una persecución judicial de la época, cuando él era uno de los más visibles opositores al Gobierno de aquel entonces, liderado por Rafel Correa.
Las investigaciones afectan a la imagen
El politólogo Iván Martínez y la abogada Ximena Alcívar coinciden que este tipo de casos afectan a la institucionalidad de la Asamblea. “Se espera que los legisladores tengan un comportamiento intachable al ser representantes del pueblo”, sostuvo Martínez.
Alcívar va más allá. Dice que cada caso debe ser tratado con “pinzas” porque hubo casos abiertos, sobre todo en la época del gobierno de Rafael Correa, contra autoridades locales que finalmente no prosperaron. “Sin embargo, esas denuncias quedan para los registros”. (DP)
Cifras en rojo de la anterior Asamblea
En total, 34 de los 137 asambleístas en el periodo 2017-2021 terminaron con investigaciones por los mismos delitos en contra de la administración. Uno de los casos más conocidos fue el de Karina Artega quien ha sido llamada a juicio por supuesta concusión.
En ese caso, además, estaba siendo procesado Jhon A., esposo de Arteaga. La Fiscalía también presentó una acusación en su contra, pero el juez Macías dictó el sobreseimiento, es decir, se ratificó su inocencia.
Según la Fiscalía, entre 2017 y 2019, Arteaga, abusando de su cargo y bajo amenazas, exigió por sí misma, y a través de una colaboradora contribuciones económicas a sus subalternos, a cambio de mantenerlos en sus puestos de trabajo. La ex legisladora ha negado esa acusación. Todavía no hay fecha para el juicio.
Este es el tercer proceso por el caso Diezmos en la Asamblea que llega a juicio. Antes ya fueron sentenciadas María Alejandra Vicuña, cuyo caso está en casación y Norma Vallejo. Ambas fueron asambleístas de correísta partido de Alianza PAÍS.