Los procesos demoraron más de lo esperado, pero este año será de cosecha. Se apuesta a un buen reglamento de Alianzas Público-Privadas, antes que insistir en una ley.
Roberto Salas, secretario presidencial de Alianzas Público-Privadas (APP), asegura que el Gobierno está consciente de que los ecuatorianos quieren ver más resultados y obras concretas.
Sin embargo, el funcionario considera que se han tomado tiempo para estructurar proyectos creíbles, con reales oportunidades de éxito. Actualmente, están lanzadas licitaciones para inversiones por $6.000 millones en energía, petróleo y gas. Además, casi $400 millones en energías renovables están a puerta de la firma de contratos.
Hasta finales de 2023, la firma de contratos aumentará a $11.000 millones; y con un nuevo reglamento para las APP se impulsarán mayores inversiones en vialidad y puertos.
Los planes en minería se vieron frenados desde el paro violento de 2022; pero se busca revertir la situación.
P. ¿Cómo responde el Gobierno a las críticas de que no se ve suficiente obra y qué las inversiones se han quedado más en promesas que en hechos?
Es una presión y, obviamente, es algo que se entiende y que se sustenta en las aspiraciones de tanto tiempo y en tantos gobiernos que no han estado a la altura de las expectativas. Sin embargo, el presidente (Guillermo) Lasso ha puesto el acelerador sobre todo en aquellas obras que se pueden concretar en corto tiempo, por ejemplo, el tema de escuelas y hospitales que se han ido inaugurando y el mantenimiento de algunas vías. Nada es suficiente, pero ha habido un esfuerzo y se ha establecido un presupuesto de cerca de $400 millones solo para este tipo de obras. Para los proyectos de largo plazo, que son los más grandes y visibles en infraestructura, la responsabilidad es mayor. El éxito depende de tener buenos análisis de riesgo y estudios, con el fin de que sean robustos para atraer a los mejores constructores y operadores. Hemos sido muy receptivos a la expectativa y hemos tratado de tener un equilibrio entre los tiempos y la calidad de los proyectos. Hemos ido resolviendo problemas y yo diría que 2023 es un año de cosecha.
P. El rechazo a la ley de inversiones, sobre todo en los temas de las APP, ha sido un golpe. ¿Cómo el Gobierno ha enfrentado esto? ¿Se descarta insistir en una nueva ley?
En las próximas semanas vamos a socializar un nuevo reglamento robusto para las APP. Vamos a terminar con uno de los reglamentos más atractivos de la región y con eso poder competir mejor. A pesar de no ser una ley, nos va a ayudar a establecer una tercera ola importante de las APP. La normativa se construyó con apoyo del Banco Mundial y será la base para los proyectos en infraestructura vial y portuaria que se estructurará en 2023 y 2024. Esos proyectos suman alrededor de $1.850 millones. Con el reglamento tenemos elementos suficientes para avanzar. Obviamente no estaríamos en un nivel ideal, pero hay que trabajar con lo que es posible hacer. Las expectativas ciudadanas nos obligan a dar resultados que obviamente dependan de nosotros. Una ley no depende necesariamente del Ejecutivo.
P. Del portafolio lanzado por el Gobierno, ¿Cuántos proyectos están actualmente en licitación y cuántos se convertirán en contratos durante 2023?
Alrededor de siete proyectos están en procesos de licitación abiertos. Son alrededor de $6.000 millones en temas de petróleo, gas y energía. Tres proyectos más, por $388 millones, ya están en la fase final o de cierre transaccional para la firma de contratos en temas de energías renovables. Asimismo, tenemos 22 proyectos en diferentes niveles de estructuración. Esto nos pone en buena posición para llegar con contratos firmados por alrededor de $11.000 millones hasta finales de 2023, en energía, petróleo y gas (campo Amistad y aprovechamiento de gas asociado).
P. ¿Existen proyectos que se hayan tenido que suspender, reestructurar o repensar?
Tenemos alrededor de tres proyectos que han tenido que redefinirse por algunas razones, sobre todo después de junio de 2022 y los acuerdos en las mesas de diálogo con el sector indígena. En primer lugar, se encuentran en ‘stand by’ los proyectos del megabloque (campos 31 y 43) de Petroecuador en el ITT. Lo mismo sucede con la ronda licitatoria Suroriente, que busca lanzar una fase de exploración petrolera, pero que no puede avanzar porque se necesita la ley de consulta previa, entre otras condiciones. En tercer lugar, está el proyecto de la rehabilitación del sistema ferroviario. La idea original no es viable porque las empresas mineras sorprendentemente no están interesadas en utilizar el mecanismo de transportación ferroviaria (el llamado tren minero) para la exportación de concentrado de cobre, y otros minerales, hacia los puertos. El proyecto se está redefiniendo y focalizando no hacia la construcción de nueva infraestructura; sino hacia la rehabilitación de la infraestructura existente. El objetivo ya no es la carga sino el transporte de pasajeros con enfoque en el turismo.
P. ¿Por qué la minería no está incluida entre los contratos que se prevé firmar, y las inversiones que se pueden concretar, hasta finales de 2023?
Al sector de la minería lo pongo aparte porque, a pesar de ser uno de los de más alto crecimiento en los últimos años, ha sido el más afectado por los niveles de inestabilidad y conflictividad que escalaron desde junio de 2022. Desde el tercer trimestre del año pasado se registra un retroceso que no es menor. El ritmo que se venía teniendo se frenó. Esto se ve en las estadísticas de la Inversión Extranjera Directa (IED), donde en ese tercer trimestre se registró un valor negativo de más de $100 millones en minería. Hasta finales de 2023, podemos firmar contratos por $14.000 millones, incluyendo la minería, pero solo me refiero a $11.000 millones porque las inversiones en ese sector están en suspenso. Para revertir esta situación, el Gobierno está trabajando en tres aspectos. Lo primero es la seguridad, pero no la seguridad jurídica, sino la física. Ante los ataques violentos a instalaciones y empleados mineros, se está coordinando resguardo a los proyectos. El segundo tema tiene que ver con acelerar los temas de tramitología. Si bien el Ministerio de Ambiente ha tenido mejoras fundamentales con respecto a cómo se recibió el tema en 2021, se necesita más rapidez en la emisión de permisos para no entorpecer las inversiones programadas de 2023 a 2025. Otro elemento es poder avanzar hacia la apertura del catastro minero y concretar normativa como la ley de consulta previa. (JS)