Para 2022, se prevé concretar 307 proyectos con alrededor de $1.800 millones. Eso representa 51% menos de lo presupuestado para 2021.
De cada dólar en el Presupuesto General del Estado (PGE), solo cinco centavos irán a inversión y obra pública durante 2022.
El Gobierno de Guillermo Lasso profundiza el recorte en este sector. En 2021, la asignación fue de $3.835,20 millones dirigidos a 626 proyectos. Sin embargo, para 2022 el monto se reducirá a $1.870,68 millones enfocados en 307 proyectos.
Afectación a la construcción
La crisis económica y la falta de recursos en la caja fiscal han hecho que las últimas tres administraciones reduzcan continuamente los fondos para inversión pública.
Esto ha tenido efectos negativos en actividades como la construcción, cuyo movimiento depende en al menos un 70% de los proyectos impulsados desde el Estado.
Rodrigo Mena, empresario inmobiliario de la construcción, comentó que la reactivación también depende de que la máquina estatal genere oportunidades; aunque está consciente que no hay dinero.
“La apuesta es que los privados tomen la batuta. La elección del presidente Lasso sí generó un ambiente inicial de confianza y se dieron ciertas inversiones. Sin embargo, hacen falta incentivos, reglas claras y facilitación de las Alianzas Público- Privadas, y las reformas laboral y tributaria”, acotó.
Lasso ha asegurado en múltiples ocasiones que con modificaciones legales, facilitación de trámites, acuerdos comerciales, entre otras medidas, se buscará un shock que genere en promedio $20 millones diarios de nuevas inversiones hasta 2025.
¿Cuáles son los principales proyectos para 2022?
El 24% del presupuesto de inversión, es decir $450,14 millones, se destinarán para obra pública. De ese monto, $218,48 millones estarán bajo responsabilidad del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
El principal proyecto está relacionado con la culminación de la reconstrucción de Esmeraldas y Manabí (terremoto 2016). Para este propósito, se contará con $115,52 millones.
Por otra parte, $ 102,9 millones se destinarán sobre todo a la reconstrucción y mantenimiento de la red vial a nivel nacional.
El ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, dijo que se buscará que al menos un 45% de las carreteras se concesione para que los privados alivien gran parte de las obligaciones de gasto del Estado.
En el caso de la educación, el presupuesto para intervenir infraestructura ya existente, y construir nueva, sumará $251,86 millones. Por otra parte, el sector salud tiene asignado $298,77 millones para equipamiento y mejoras de infraestructura.
Asimismo, el ministerio de Defensa recibirá una inyección de $112,12 millones para inversión; mientras Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) tendrá $30 millones adicionales. (JS)
Más transferencias a Gobiernos locales y bonos
El ministro de Economía, Simón Cueva, aseguró que se ha construido un presupuesto austero en ciertos temas, como inversión pública, para liberar más recursos para transferencias directas a gobiernos locales y ayuda social.
Así, por ejemplo, se proyecta transferir $2.929,38 a municipios, prefecturas y juntas parroquiales. Ese monto es $340 millones mayor al de 2021.
Además, alrededor de $191,92 millones irán a empresas e instituciones financieras públicas.
Por otra parte, con el incremento de 450.000 beneficiarios, los bonos sumarán $1.256 millones; mientras las ayudas sociales (incluyen casas de acogida y lucha contra la violencia de género) tendrán un presupuesto de $215 millones
¿Despidos o incentivos jubilares?
Dentro de los recursos asignados para inversión pública hay $210 millones, los cuales han generado controversia en los últimos días.
Sectores políticos y sociales han asegurado que ese monto se destinará a despidos en el sector público, sobre todo en salud y educación.
Sin embargo, el ministro de Economía, Simón Cueva, desmintió esas versiones. Según el funcionario, esos recursos no son para desvinculaciones, sino para cubrir incentivos jubilares de personas que ya salieron del aparato estatal.