La Corte Constitucional deberá emitir un dictamen de admisibilidad ante un pedido de juicio político, dijo Virgilio Saquicela
Un informe desfavorable para el presidente Guillermo Lasso, es lo que se esperaría de la comisión ocasional que investiga la trama ‘El gran padrino’ y que está próxima a emitir sus recomendaciones al Pleno de la Asamblea.
La trama gira alrededor de una denuncia del medio digital La Posta sobre una presunta red corrupción en las empresas públicas ligadas al sector eléctrico y que estaría encabezada por Danilo Carrera, cuñado del jefe del Estado.
En el Parlamento aún no hay los 92 votos que se requieren para el inicio de un eventual juicio político en contra del mandatario. Los únicos votos seguros son los 47 de los legisladores correistas agrupados en la Bancada de la Revolución Ciudadana (UNES), seis rebeldes de Pachakutik y cinco disidentes de la Izquierda Democrática (ID).
Pero la bancada orgánica de Pachakutik, que suman 19, y el Partido Social Cristiano (PSC), que reúne a 16, prefieren no adelantar un criterio mientras la comisión no entregue el informe que no es vinculante para el Pleno. “Hay que ver qué se propone en ese informe y qué vota la comisión”, dijo en una entrevista Esteban Torres (PSC).
Sin hallar argumentos legales, ni constitucionales, la responsabilidad política con la que buscarían enmarcar a Lasso en un eventual juicio es el decreto por el cual designó a Hernán Luque en la gerencia de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO).
Esa posibilidad no estaría del todo descartada. El 16 de febrero de 2023, Salvador Quishpe (Pachakutik) interpuso en la Fiscalía una solicitud para que se vincule a Lasso en el denominado caso ‘Encuentro’ que, paralelamente, es indagado por el Ministerio Público desde el 20 de enero de 2023.
El legislador explicó que el pedido de Pachakutik se sustenta en que el primer mandatario es quien suscribió el Decreto Ejecutivo 107 de julio de 2021 con el cual delegó a Luque para que cumpla funciones como presidente del directorio de EMCO.
Añadió que el artículo 71 del Código Orgánico Administrativo señala que todos los actos del delegado también serán de responsabilidad del delegante. “En este caso, los presuntos actos de corrupción que se investigan y que habrían sido cometidos por Hernán Luque también son de responsabilidad de Lasso”, señaló el asambleísta.
El 22 de febrero de 2023, en sus redes sociales, Quishpe escribió “El correísmo y sus aliados intensifican su campaña sucia en contra del movimiento. Están bravos porque pedimos que la Fiscalía vincule a Guillermo Lasso en el caso ‘Encuentro’ y si hay pruebas no solo se lo destituya, sino que se vaya a la cárcel”, afirmó Quishpe.
Luque fue vinculado al proceso de investigación el 9 de enero de 2023, después de una denuncia de La Posta por la filtración de audios en los que se escucha el cobro de dinero a cambio de supuestos nombramientos o contratos en empresas públicas.
Dictamen de admisibilidad
Ante la eventualidad de un juicio político al Presidente de la República, el titular del Parlamento, Virgilio Saquicela, aclaró que este mecanismo podría activarse sobre la base de una denuncia que presente uno o varios legisladores, con el respaldo de al menos 35 firmas.
Esta fase implica que el Consejo de Administración de la Legislatura deberá verificar el cumplimiento de requisitos (presentación de 35 firmas) y enviar el expediente -como lo establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales- a la Corte Constitucional (CC) para pedir autorización. A su vez, la CC deberá emitir un dictamen de admisibilidad (acerca del pedido de juicio). “La Asamblea no resuelve, ni aprueba o no un juicio; si es que el informe de la comisión ocasional recomienda el juicio, la Asamblea solo puede aprobar esta recomendación, pero depende de que uno o varios legisladores presenten las firmas para un eventual juicio, explicó Saquicela. (SC)
‘Van a estirar la ley hasta donde les sea posible’
Roger Celi, coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, cree que de llegar a aprobarse la recomendación de un juicio, se impondrá la política sobre la legalidad. “Van a estirar la ley hasta donde les sea posible para encontrar un enmarcamiento que haga que el presidente Lasso aparezca como responsable político de lo que ocurrió con Luque”, indicó. Coincidió que la presunta responsabilidad de Lasso estaría atada a la firma del decreto con la que se designó a Luque al entregarle poderes para que maneje más de mil millones de dólares, comentó Celi.
“Al ser un informe no vinculante, la comisión puede plantear lo que más le convenga a la mayoría y, finalmente, el Pleno va a decidir. Este será el espacio donde van a surgir posturas políticas nunca antes vistas que busquen enmarcar una responsabilidad política al Presidente”, explicó.
Opinó que en el artículo 129 de la Constitución no hay causales para enjuiciarlo. Por ejemplo, mencionó que el numeral 1 de este artículo que habla de juicio “por delitos contra la seguridad del Estado”, implica remitirse al Código Integral Penal que taxativamente se refiere al cometimiento de delitos como destruir información o entregar información al oponente.
Tampoco está comprobado que Lasso haya cometido delitos de concusión o cohecho como señala el numeral 2 del mismo artículo 129. “Lo que sí estaría comprobando la comisión ocasional es que Luque si pudo haber incurrido en estos delitos, pero Lasso no”, agregó Celi.
Dijo que si los asambleístas no se apegan a lo que establece el artículo 129, “y si tratan de estirar la ley para su interés político, su decisión puede ser vista como ineficaz y no va a gozar de confianza jurídica y de la ciudadanía, lo cual afecta la calidad no solo de los legisladores, sino de la Asamblea”, argumentó.
Roger Celi, Coordinador del Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo,
¿Delegar poderes a una persona para el manejo de las empresas públicas es un delito contra la seguridad del Estado? Yo creo que no. Por el contrario, esto podría configurarse en una infracción administrativa”.