La reforma laboral es una de las principales herramientas para revertir esta realidad. Actualmente, el país tiene más de 5,2 millones de personas en la informalidad.
La pandemia profundizó los problemas estructurales de las economías de América Latina. Uno de los sectores más afectados ha sido el laboral, con niveles crecientes de precarización e informalidad.
En este contexto, Ecuador se ubica en el sexto lugar de la región con respecto al porcentaje de trabajadores informales en el mercado laboral. Con un 63,5% de informalidad solo está por debajo de países como Bolivia (84,5%) o Guatemala (79%).
Un último análisis de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado en los primeros días de 2022, puntualizó que esos niveles podrían mejorar muy poco, o incluso empeorar durante este año, sino se ponen en marcha cambios reales en los modelos de contratación y se facilita la creación de empresas.
Código laboral caduco
Actualmente, según las más reciente cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), más de 5,2 millones de ecuatorianos están en la informalidad y ganan menos de $400 al mes.
Esos ecuatorianos están completamente fuera del campo de acción de un Código de Trabajo de más de 80 años; y que penaliza, incluso con recargos excesivos, a los empresarios que buscan contratar dentro de la ley.
Verónica Rivas, economista y experta en temas laborales, explicó que tanto la reforma laboral como la Ley de Inversiones son imprescindibles para que se genere más empleo de calidad en el país.
“Esos deben ser dos de los pilares de la estrategia económica durante 2022. Cada ecuatoriano que sobrevive en la informalidad significa una pérdida de más de $4.000 anuales en productividad y crecimiento del PIB”, acotó.
Gobierno persisten en un sistema paralelo
El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ha recalcado que, durante el primer trimestre de 2022 se lanzará el proyecto de reforma laboral para que sea discutido por sectores sociales, políticos y académicos.
Esas discusiones no podrán durar más de 90 días, con el fin de que el proyecto llegue antes de mitad de año a la Asamblea.
Ese nuevo régimen tendrá dos opciones principales. Por un lado, un contrato indefinido; y por otro, uno temporal con vigencia de entre seis meses y dos años. Si se pasa de los dos años, se vuelve automáticamente indefinido.
Estas opciones son voluntarias, pero para evitar abusos, se propone el pago de 12 meses de indemnización como penalidad sobre los empleadores que migren a sus empleados antiguos al nuevo sistema.
Aunque todavía no se saben todos los detalles, las autoridades aseguran que los costos y los términos de los contratos serán más flexibles. (JS)
Sin jubilación patronal ni recargos por contratos eventuales
Dentro de los cambios que prevé la reforma laboral también se incluyen la eliminación definitiva de la jubilación patronal para las nuevas contrataciones. Asimismo, se dejaría sin efecto el 35% de recargo para contratos eventuales y se permitiría distribuir las 40 horas de trabajo a la semana mediante acuerdos entre empleador y trabajador
Por otro lado, con el fin de incentivar el emprendimiento, se ampliaría el número de operarios para ser considerado artesano de 20 a 48.
¿Una consulta popular es el plan B?
El ministro de Trabajo, Patricio Donoso, ha recalcado que la reforma laboral tiene todos los elementos para recibir el apoyo de todas las bancadas en la Asamblea. Sin embargo, las últimas declaraciones del presidente Guillermo Lasso dejan ver que desde el Gobierno ya se piensa en un plan B.
En el programa radial ‘Encontrémonos’, el Primer Mandatario dijo que se podría incluir una pregunta dentro de una posible consulta popular en 2023, para aprobar una normativa laboral distinta al Código de Trabajo que está vigente.
“Inclusive estoy pensando en la posibilidad de incluir la Ley Laboral en esta consulta popular, porque el 70% de la fuerza laboral de Ecuador no tiene un empleo formal, es decir, la mayoría de los ecuatorianos. Entonces, que esa mayoría de ecuatorianos resuelva si está de acuerdo o no con una nueva ley”, puntualizó.
Este escenario preocupa al sector empresarial porque significaría que se tendría que esperar hasta las elecciones seccionales de 2023 para concretar esa vía. En otras palabras, se tendrían casi dos años perdidos antes de que se puedan aplicar los cambios que el mercado laboral necesita.