Los menores fueron abusados física, psicológica y sexualmente por su padre y su madrastra. La justicia no ha actuado en este caso.
A ocho operaciones tuvo que someterse un niño de 6 años, cuyas iniciales son K.I.V., luego de ser torturado y quemado por su padre, y violentado sexualmente por su madrastra.
Mientras otros pequeños de su edad pasaban la Navidad de 2021 con su familia, él se jugaba la vida en estado crítico en una casa de salud de Guayaquil, a la que fue llevado en septiembre del mismo año, cuando su madrastra dijo que se quemó con la sopa, aunque luego se determinó que fue mentira.
La hermana del niño, de iniciales K.T.V., dos años mayor, también fue maltratada y tras permanecer en el hospital fue llevada a una casa de acogida.
La historia de los dos hermanos de Naranjal (Guayas) refleja la falta de protección y reparación para los niños ecuatorianos. Pues no solo se pasaron por alto las alertas de los maltratos de los que eran víctimas por meses, sino que hoy, su futuro es incierto en una casa de acogida donde – de ser declarados en adopción– sus probabilidades de encontrar un hogar son casi nulas.
Nadie hizo nada
El menor de seis años pasó por tres hospitales el 5 de septiembre de 2021. Ni en Naranjal ni en Milagro pudieron atenderlo por la gravedad de sus heridas. Así, llegó a Guayaquil.
Pero un mes antes, el 23 de agosto, el niño ya había ingresado al hospital del IESS de Naranjal. Tenía quemaduras y otras lesiones graves. Sin embargo, la casa de salud no alertó a las autoridades para que investigaran lo que se registró como un “accidente casero”.
Tres días antes de que el niño entrara en estado crítico, un agente policial levantó un parte que califica al niño en “una situación de riesgo” y solicitó boletas de detención con fines investigativos ante la posible vulneración de derechos de los siete niños y adolescentes de esa casa. Pero no existe registro, ni en la Fiscalía, ni el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) de que una trabajadora social haya verificado lo que pasaba en esa casa.
Un nuevo parte policial se levantó el 5 de septiembre; una fiscal junto a un funcionario del MIES visitaron la casa. La fiscal dictaminó que “no había señales de violencia, ni maltrato a los niños, solo falta de aseo”.
A esto se suma que el juez de lo penal de Naranjal, William Tapia, formuló cargos a los implicados: padre, madrastra y abuela por violencia física, pero no por violación y tortura y eso hizo que salgan en libertad. Tapia justificó que la Fiscalía no le había hecho llegar el expediente por delitos sexuales.
Aunque tres meses después (diciembre 2021) se les levantó cargos y fueron detenidos entre el 26 y el 29 de enero de 2022.
Al hacerse pública la ineficiente actuación en el caso, dos fiscales fueron destituidos por el Consejo de la Judicatura el 5 de enero de 2022.
¿Qué futuro tienen?
Mientras el padre y la madrastra de los menores cumplen prisión preventiva, ellos permanecen en una casa de acogida del MIES. Ahí, según información oficial, reciben atención médica y psicológica permanente.
A su historia de abusos se suma su madre biológica. Una joven de 22 años que, según su abogada, Patricia Coronel, los ha buscado desde 2017 cuando supuestamente el padre de los niños se los llevó y ella los buscó por varias ciudades del país.
Según Coronel, han solicitado una audiencia ante la Corte de Justicia en Naranjal para que la madre recupere la custodia de los niños y están a la espera de respuesta.
Gladys López, psicóloga infantil, dice que las casas de acogida deberían plantearse como el último recurso para niños víctimas de violencia. “En la recuperación de los menores debería precautelar la reunificación familiar con acompañamiento permanente de la autoridad competente, en este caso el MIES”, dice.
La adopción es un proceso complicado
Si se llega a determinar que no hay garantías en la casa de su madre biológica o en familia ampliada, la norma internacional de Unicef dice que se debería iniciar un proceso para declarar su adoptabilidad. “Lamentablemente por sus edades y porque al ser hermanos no los pueden separar, se convierten en un grupo con nula probabilidad de ser adoptados”, asegura López.
Esto ha sido confirmado por el titular del MIES, Esteban Bernal, que en una pasada entrevista con LA HORA detalló que a estos niños se les considera de adoptabilidad prioritaria.
Si los niños no encuentran una familia pasarán en casas de acogida hasta que tengan 17 años y 11 meses. Desde ahí dejan de ser responsabilidad del Estado.
Bernal ha detallado que han existido menores que han logrado ingresar a equipos de fútbol u otros programas deportivos. Sin embargo, no existe un convenio para que el Estado les patrocine una carrera de tercer nivel.
Terapia y acompañamiento
Por su parte López asegura que los niños víctimas de tortura, como en este caso, que no se reintegran a un hogar tienden a tener complicaciones de estabilidad, a lo largo de su vida. “En el país no se hace seguimiento a los niños que salen de casas de acogida una vez que cumplen la mayoría de edad”, afirma. Y resalta que, en el caso de los hermanos de Naranjal, el Estado debería patrocinarles acompañamiento psicológico “el tiempo necesario, a lo largo de su vida, por la negligencia cometida”.
En el país, se estima que hay 2.500 niños que viven en casas de acogida donde tienen acceso a educación, salud, alimentación y vestimenta. (AVV)
En 2021, cerca de 7.000 niños menores de 13 años fueron atendidos por violencia.
La violencia más común que se ejerce contra los niños es la psicológica. Le siguen la física y la sexual.
Los profesionales de la salud están obligados a denunciar cuando las personas llegan con signos de haber sufrido graves violaciones a los derechos humanos y a su integridad sexual. Los hospitales que atendieron al niño de seis años han sido cuestionados por no hacerlo.
La Defensoría del Pueblo pidió que se investigue el caso como negligencia.