El país está en la disyuntiva de cargar con más impuestos a todos, o enfocarse en los sectores con más ingresos.
El Proyecto de Ley de Oportunidades, que fue rechazado el pasado 29 de septiembre 2021 por la Comisión de Administración de la Asamblea (CAL), ha instalado importantes debates en la sociedad ecuatoriana.
Uno de esos es quién paga más impuesto a la renta en el país. Con la normativa y las condiciones actuales, 300 grupos económicos y un par de decenas de personas aportan el 50% de la recaudación de impuestos a escala nacional.
Un contribuyente con ingresos de $10.000 mensuales debe pagar de impuesto $20.677.30 al año. En el caso de $20.000 mensuales, el aporte anual al Estado es de $58.427.
En cambio, si gana hasta un poco más de $2.300, el pago de impuesto a la renta es cero, debido a las deducciones de gastos personales.
La mayoría de las críticas a la propuesta de Lasso se concentraron en que esas deducciones golpean más a la clase media que a los de mayores ingresos.
Para justificarse, por ejemplo, desde el Observatorio Tributario del Ecuador se calculó que el peso del impuesto a la renta pasaba de 0% al 4’658.300% para los que ganan entre $2.000 y $2.500; pero solo 9,44% para los que reciben más de $20.000 al mes.
Ese análisis olvida, sin embargo, que las personas con más de $100.000 al año u $8.333 al mes ya no pueden deducir gastos personales desde 2020. Es decir, ya tienen una carga más real y no necesitan tanto ajuste.
Con la rechazada propuesta gubernamental, los que tienen ingresos entre $2.000 y $2.500 (que incluye a la clase media alta) pagarían $38,82 de impuesto a la renta al mes (hasta 1,55% de sueldo mensual); mientras que los de $20.000 asumirían una obligación de $5.328,50 (hasta 26,64% de su sueldo).
¿Es tan mala la reforma de Lasso?
Napoleón Santamaría, abogado tributario, explicó que el Gobierno debe persistir y volver a enviar un proyecto de Ley a la Asamblea. Pero esta vez debe ser una propuesta más reducida y concreta.
Según Santamaría, la propuesta de Lasso iba por la vía correcta de enfocar el esfuerzo en impuestos directos: a la renta y al patrimonio.
La otra opción, que tiene un impacto directo en el bolsillo de los más pobres y la clase media son los impuestos indirectos. Las condiciones que firmó el anterior Gobierno de Lenin Moreno incluían temas como: subir 3 puntos al IVA; eliminar las devoluciones de IVA a tercera edad y universidades; gravar con impuesto a la renta al décimo tercero y cuarto sueldo; gravar impuestos adicionales a los combustibles, telecomunicaciones, entre otros.
En otras palabras, Lasso ofreció realmente una vía alternativa a la receta original del FMI, la cual implica sacrificios, pero sobre los que tienen empleo formal bien remunerado en el país.
Cambios sin extremismo
Verónica Vera, abogada tributaria, explicó que el debate del proyecto del Ejecutivo se contaminó de posiciones extremas, tanto de sindicatos como de gremios empresariales.
“La Asamblea no puede eludir la responsabilidad. Si no les gusta la propuesta, la opción es sentarse a discutir y hacer cambios”, dijo.
Por ejemplo, se debe apuntar a controlar si realmente se está pagando el incremento patrimonial y si no es así, gravar a esas personas. En el mismo tema del patrimonio, también se tiene que hacer que contribuyan los nuevos ricos.
“Colombia sufrió un desgaste, no solo en su economía sino también en sus relaciones sociales, porque el presidente Duque no tuvo tino para hacer las reformas y apuntó al IVA. En Ecuador, el presidente Lasso apuntó bien hacia los impuestos directos, aunque se debían corregir algunos aspectos”, dijo Santamaría. (JS)
La suma de impuestos ($15.000 millones), renta petrolera ($2.800 millones) y empresas públicas ($280 millones) no alcanzan para cubrir los gastos estatales.