8 de cada 100 empresas pagan impuesto a la renta

impuestos empresariales
PROBLEMAS. El sistema tributario se sostiene en pocos contribuyentes empresariales.

Ecuador tiene una estructura empresarial mayoritariamente informal y poco productiva. El peso de la contribución al fisco está en las espaldas de muy pocos negocios.

Cada año, el Servicio de Rentas Internas (SRI) recauda alrededor de $4.500 millones por el impuesto a la renta. De ese total, el 80% ($3.600 millones) se debe a las retenciones, las declaraciones y los anticipos que pagan las empresas en el país.

Sin embargo, solo ocho de cada cien negocios registrados cumplen con esa obligación. En otras palabras, de un universo de más de 880.000 compañías, solo alrededor de 74.000 aportan al fisco.

Esta realidad es consecuencia de que hay un alto nivel de subregistro de ventas, pocas tienen sistemas de contabilidad, pero sobre todo hay una mayoría de negocios de subsistencia (sobre todo en pequeñas y microempresas) que simplemente generan ingresos para cubrir gastos, sin ninguna posibilidad de crecimiento.

Así, el país tiene un tejido productivo con muchas zonas oscuras y bajo nivel productivo y de desarrollo.

Carga financiera a las grandes empresas

Alberto Verdesoto, economista e investigador en temas de desarrollo empresarial, dice que el tejido productivo ecuatoriano es mayoritariamente informal y poco productivo.

“En el segmento de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes), por ejemplo, menos del 40% está completamente formalizada y cumple con los requisitos de ley, no solo en temas de impuestos sino también en contratos de trabajo y prestaciones sociales”, dijo Verdesoto.

El nivel de informalidad y no tributación en las microempresas llega a más del 80%. En este sentido, la carga del financiamiento al Estado está sobre todo en las grandes empresas.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en Ecuador hay un bajo porcentaje de contribuyentes de impuesto a la renta: menos del 4% de las personas la Población Económicamente Activa) y menos del 10% de las empresas.

Los estándares internacionales establecen que en un país de nivel similar de tejido productivo debería llegar a niveles de al menos el 40% de pago efectivo de ese impuesto.

Cultura del no pago

Beatriz Veloz, consultora tributaria, explicó que existen trabas tanto para la formalización como para la contratación dentro del país; pero también hay una fuerte cultura de no pago de impuestos y de eludir todas las responsabilidades posibles.

“Hay empresas que no se legalizan porque los costos son muy altos (más del 70% de sus ingresos); pero también hay otras que no lo hacen porque pueden tener más ingresos y más ganancias sin rendir cuentas a nadie”, acotó.

Ampliar la base de contribuyentes es una meta a largo plazo

Dentro de la carta de intención, firmada por el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), se establece una meta de aumentar en $300 millones la recaudación de impuestos por la vía de acciones de lucha contra la evasión.

Ese monto, que representa menos del 3% de los ingresos tributarios anuales, se enfoca en cobrar mejor a los grandes contribuyentes y tratar de que por lo menos una parte de los activos en el exterior se regularicen y tributen en el país.

¿Cómo ampliar la base?

Para ampliar la base de contribuyentes es necesario medidas de simplificación y eliminación de trámites, reforma laboral, inversión extranjera, entre otras.

Todo eso puede tomar entre dos y tres años en comenzar a traducirse en empresas y personas con más ingresos y capacidad de aportar al fisco.

Por eso, el Gobierno apostó, dentro de la Ley de Oportunidades, a buscar una contribución especial por los próximos dos años sobre los negocios que ya sostienen la tributación en el país y han obtenido buenos resultados durante la pandemia.

En total, 1.403 empresas tendrían que aportar con $210 millones entre 2022 y 2023. Más del 50% de los aportantes están en los sectores del comercio y las actividades financieras y de seguros. Menos del 2%, por otro lado, están en construcción, servicios de alimentación y turismo; artes y entretenimiento.

La suerte del proyecto de Ley todavía es incierta luego del rechazo de la Asamblea, pero el presidente Guillermo Lasso ha asegurado que se persistirá en el objetivo por todos los medios que se tengan a mano. (JS)